San José.— Nicaragua vivió este fin de semana una intensa jornada de asedio en contra de periodistas y de medios de comunicación nicaragüenses, que fue ejecutada por aparatos policiales y paramilitares al servicio del gobierno del presidente Daniel Ortega, en un agravamiento de la más violenta y profunda crisis política e institucional que sufre ese país desde hace más de 28 años.
“Régimen ataca a periodistas”, destacó ayer en primera plana el periódico La Prensa, el principal de Nicaragua. “Amenazan y agreden a periodistas”, informó, por su parte, el rotativo El Nuevo Diario, uno de los más importantes del país, en su principal noticia de la fecha.
El periodista y empresario Miguel Mora, uno de los propietarios del canal 100% Noticias, de Managua, narró que fue amenazado de muerte el sábado pasado por un policía.
El oficial le advirtió: “Lo estamos vigilando (...). Sus días están contados”, narró Mora, quien junto con su esposa, la nicaragüense Verónica Chávez, periodista y también dueña del canal, fue retenido por policías en las afueras de la capital cuando ambos viajaban en su vehículo, informó el medio.
La amenaza fue proferida luego de que los oficiales concluyeron una revisión del automóvil y de los documentos de Mora y Chávez, reportó.
El acoso a los periodistas y los medios que Ortega catalogó como enemigos afectó a Radio Darío, de la noroccidental ciudad de León.
La estación comunicó que dos de sus trabajadores fueron detenidos el viernes pasado “de forma arbitraria” por vender publicidad en esa ciudad.
El nicaragüense Gustavo Jarquín, de Radio Corporación, de Managua, aseguró que tres policías lo sacaron el sábado de un taxi en Managua y lo golpearon por negarse a darles su teléfono celular.
Los choques entre el gobierno y los medios de prensa “no afines” a Ortega se agravaron en Nicaragua desde que la crisis estalló el pasado 18 de abril.
El conflicto surgió en repudio a una reforma a la seguridad social, que Ortega debió derogar, y derivó en una masiva protesta contra el gobierno con un prolongado reclamo de democracia, libertad y justicia.
Además de que ciudadanos reclaman la salida de Ortega del gobierno, así como de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Organismos humanitarios no estatales aseguraron que la violencia ha dejado más de 320 muertos; mientras que Ortega, acusado de instalar un régimen dinástico dictatorial, sólo ha reconocido 198 personas fallecidas.
Ninguna fuente del gobierno se refirió a las acusaciones por presuntos abusos contra la prensa, aunque el oficialismo alegó en otras ocasiones que desde abril es víctima de un golpe de Estado de grupos terroristas de la extrema derecha y que actúa apegado a la ley.