San José. – España y Estados Unidos, las potencias extrarregionales más influyentes en Nicaragua en los últimos 530 años como metrópolis de conquista, colonización y toma militar, fueron los únicos países que auxiliaron a dos grupos de nicaragüenses —222 prisioneros políticos y 94 “prófugos de la justicia”— desterrados y despojados este mes de su nacionalidad por el régimen izquierdista del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Con las excepciones de los gobiernos izquierdistas de Chile, Colombia y Argentina y del centroderechista de Ecuador, la reacción del resto de América Latina y el Caribe fue de silencio y sin solidarizarse con los 316.
Luego de que el gobierno estadounidense sacó el 9 de febrero anterior en avión de Nicaragua a los 222 y de que Ortega y Murillo, al decidir liberarlos, les quitaron su nacionalidad, España les ofreció de inmediato la ciudadanía española.
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Después de que la pareja gobernante declaró el 15 de este mes a los 94 como traidores a la Patria y prófugos de la justica y les desposeyó de su nacionalidad, España les ofreció la española.
El panorama exhibió la honda soledad de los opositores nicaragüenses en su vecindario natural —América Latina y el Caribe— en comparación con otros movimientos antigubernamentales del área.
Los guerrilleros izquierdistas de Colombia y la oposición derechista de Venezuela, por ejemplo, reciben una constante solidaridad de gobiernos latinoamericanos, caribeños y europeos con ofertas de mediar y acompañar para ayudarlos a que negocien la paz con el Estado colombiano o una salida democrática y electoral con el venezolano.
“Esperamos que más países tomen posiciones en consonancia con los valores democráticos que defendemos”, afirmó la opositora y economista nicaragüense Edipcia Dubón, ex diputada, feminista y coordinadora del (no estatal) Diálogo de Mujeres por la Democracia, de Nicaragua, asilada en Costa Rica y una de los 94.
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“Seguiremos haciendo lo que nos toca: demandar democracia, justicia y libertad. (…) Los desmanes de Ortega cada día lo aíslan más”, dijo Dubón a EL UNIVERSAL.
Tras describir que la oposición enfrenta un “momento complejo” sin precedentes por la “acción tan inhumana” que adoptaron Ortega y Murillo “al pretender despojarnos de nuestra nacionalidad”, destacó que “el exilio no es fácil: extraño lo mío y lo mío es Nicaragua y su gente”.
Con las salvedades de Chile y de Argentina, ningún otro país latinoamericano y caribeño les hizo un ofrecimiento similar al español y el mayor apoyo les llegó de Washington y de Madrid, pese a que el historial de EU y España en Nicaragua remite a imperios.
EU lanzó dos invasiones armadas en el siglo XX a Nicaragua, alentó el repudio al imperialismo estadounidense en ese país al acuerpar a la dictadura dinástica de los Somoza (gobernó de 1934 a 1979) y fomentó una guerra en la década de 1980. España dominó desde el descubrimiento de Nicaragua en 1502 y en la conquista y la colonia hasta la independencia en 1821 y sus secuelas de esclavitud y sometimiento a la corona española .
Al ser liberados los 222, Ecuador condenó que se les privara de su nacionalidad y proclamó que “siempre serán latinoamericanos y símbolo de la lucha contra el poder omnímodo (total)”.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, tildó a Ortega de dictador y alertó que ese mandatario, al quitar la nacionalidad a los 316, ignora “que la Patria se lleva en el corazón”.
En un hemisferio con 12 gobiernos socialistas, izquierdistas o comunistas—México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, San Vicente y las Granadinas y Guyana--entre sus 35 países, la oposición nicaragüense parece aislada.
Este mes, Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas ratificaron su respaldo a Ortega. México, Brasil y Guyana optaron por callar, Chile y Colombia por atacar al gobernante nicaragüense y Argentina por ser vacilante: lo condena o se abstiene de repudiarlo y en otras, como hizo en enero de este año, lo consideró como parte de los gobernantes elegidos “democráticamente” en América Latina y el Caribe.
Los 222 fueron detenidos y condenados a prisión en varias etapas de los últimos cinco años las masivas protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 en Nicaragua para exigir democracia y libertad y denunciar a Ortega y Murillo como dictadura dinástica.
El Poder Judicial, controlado por Ortega y Murillo como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral, los sentenció a prisión (domiciliaria o carcelaria) por menoscabar la independencia y la soberanía e incitar a la violencia y al terrorismo. A cambio de eliminar las penas, los desterró a EU.
El acoso recrudeció luego de que el régimen anunció el 15 de este mes que acusó a los 94 de traición a la Patria, les declaró prófugos de la justicia y despojó de nacionalidad y bienes.
Una mayoría de los 94 migró antes de ese día al exterior, pero otras personas están en Nicaragua y se teme que sean víctimas de turbas policiales y paramilitares oficialistas. La pareja presidencial rechazó las acusaciones de represión política, acusó que en 2018 se registró un golpe de Estado terrorista promovido por los opositores y EU y defendió su legitimidad democrática.
“Las recientes acciones del régimen Ortega—Murillo generaron una ola de rechazo en la comunidad internacional, principalmente en EU y Europa. Curiosamente en América Latina ha privado un silencio bastante fuerte”, recordó a este diario la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del (no estatal) Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), de Costa Rica y otra de los 94.
“Realmente preocupa la actitud de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que han tardado mucho en pronunciarse o emitir alguna declaración sobre esta situación de Nicaragua”, lamentó.
En un tímido pronunciamiento, Costa Rica adujo ayer que la situación en Nicaragua “contradice” las obligaciones del Estado nicaragüense en el derecho internacional.
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