.- El gobierno de Nicaragua expulsó al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Thomas Ess , sin que hasta ahora se conozcan las razones, informó este jueves un portavoz de la organización humanitaria .
“El Comité Internacional de la Cruz Roja ( CICR ) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa”, informó a EFE el portavoz.
Ess era el segundo jefe de misión del CICR en Nicaragua desde marzo de 2019, cuando la organización estableció una oficina en el país para dar seguimiento a los “ presos políticos ”.
La expulsión de Ess ocurrió menos de dos semanas después de que el mismo gobierno nicaragüense otorgó al jefe regional del CICR, Jordi Raich , la orden “José de Marcoleta” en grado de “Gran Cruz”, el máximo reconocimiento que otorga Nicaragua a un extranjero, por su “colaboración respetuosa” y su “visión de acompañamiento a las prioridades del gobierno”.
“Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, indicó el portavoz, en su declaración.
La labor del CICR en Nicaragua consiste en inspeccionar las condiciones de los “presos políticos” en las cárceles del país.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay al menos 179 “presos políticos” , quienes sufren “torturas y malos tratos” en prisión.
El CICR tiene por principio no divulgar las condiciones en las que se encuentra cada uno de los reos que inspecciona.
Las expulsiones de misiones internacionales de forma repentina por parte del Gobierno de Nicaragua no son nuevas.
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A inicios de marzo se conoció que el entonces nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag también fue expulsado de Nicaragua, decisión que el Vaticano recibió con “sorpresa y dolor”.
En 2018 el Gobierno nicaragüense también expulsó a una misión de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), otra de la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
El gobierno nicaragüense, que no suele dar explicaciones sobre las expulsiones, tiene una política de no tolerancia a las acciones que identifica como “injerencia en asuntos internos”.
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