Managua.— El presidente nicaragüense Daniel Ortega aceptó ayer iniciar un diálogo con el sector privado para revisar las reformas al Seguro Social, que han provocado manifestaciones que, hasta el momento, se han saldado con hasta 25 fallecidos, según organismos humanitarios. El gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas.
El anuncio del gobernante en cadena nacional causó una nueva ola de violencia en las calles de diferentes zonas del país, ya que limitó el diálogo únicamente con el sector empresarial y no a otros sectores sociales, y acusó a los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios, de no saber las razones por las que luchan debido a que están manipulados por sectores políticos que no identificó.
“El Cosep [sector privado] planteó retomar el diálogo y nosotros estamos totalmente de acuerdo con retomar el diálogo, para la paz, para el trabajo y que no haya más terror para las familias nicaragüenses”, dijo Ortega flanqueado por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, la jefa de la Policía, comisionada Aminta Granera y el jefe del ejército, general Julio César Avilés. Sin embargo, no fijó fecha para el encuentro, y acusó a las “minorías” de manipular a la población para crear caos.
El discurso provocó que miles de personas salieran nuevamente a las calles en Managua, León, Matagalpa, Masaya, Granada, Carazo y Estelí. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas para proteger “entidades y objetivos estratégicos vitales para el funcionamiento del país”, según informó el Ejecutivo, sin dar más detalles.
“Estamos en las calles pidiendo la salida de Ortega y su esposa, ya esto trascendió el tema del Seguro Social, aquí ha habido muertos, heridos y ni siquiera pide perdón por sus muertes ni por la represión salvaje contra la población, esto es una dictadura sangrienta que debemos sacar [del poder]”, dijo Mauri Hernández, una de las miles de manifestantes que está en la rotonda de la Centroamérica en el centro de la capital.
Hasta la noche del viernes, Murillo había cifrado en nueve los muertos. Sin embargo, un recuento preliminar del Centro Nicaragüense de derechos Humanos (Cenidh) y la Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos (INDDH), difundido ayer, habló de 25 decesos, 67 heridos, 43 desaparecidos y 20 detenidos por la policía en cinco días de protestas. Según el informe, 17 de las víctimas (entre ellos un agente de la policía) murieron en incidentes violentos en Managua y en dos municipios vecinos. La televisión local reportó poco después la muerte de un periodista cuando transmitía en vivo las protestas en la ciudad de Bluefields.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un comunicado condenado la represión contra los manifestantes y exigió al gobierno derogar las reformas al Seguro Social que iniciaron las protestas.
Todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, afirman que las modificaciones, lejos de evitar la quiebra del Seguro Social, traerán desempleo e informalidad.
Las nuevas medidas establecen que el pago que realizan los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pasa de 6.25% a 7% a partir del 1 de julio próximo. Desde esa misma fecha, la cuota de la patronal pasará de 19% a 21 %, y subirá 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0.5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22.5%.Adicionalmente se estableció la cotización perpetua, ya que los jubilados aportarán un 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades.
