Managua.— Nicaragüenses enterraban ayer a sus muertos, luego de una serie de enfrentamientos entre grupos de choque y opositores entre el miércoles y ayer que, según la policía, dejaron 15 muertos por armas de fuego y 199 heridos. El gobierno anunció ayer mismo la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) como un paso para reformar el sistema electoral.
La Cancillería, en un comunicado conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo pública la renuncia de Roberto Rivas y dijo que el objetivo es modificar la composición del CSE para garantizar “elecciones libres, justas, democráticas y transparentes”.
El anuncio se da luego de la oleada de violencia que sacudió al país, donde la cifra de muertos desde el inicio de las protestas, el pasado 18 de abril, supera ya el centenar, de acuerdo con el recuento de las ONG.
En Managua, la jornada del miércoles dejó escenas de pánico cuando la multitudinaria marcha opositora llegaba a la Universidad Centroamericana (UCA) y tuvo que buscar refugio en comercios y la catedral debido a los disparos de las fuerzas de seguridad y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega, quien poco antes aseguró que no dejaría el cargo. “La policía de este país tira a matar. Es una cacería todos los días”, dijo José Antonio Reyes, cuyo hermano, Francisco Javier, murió cuando una bala le perforó el cráneo durante la manifestación.
El gobierno atribuye la violencia a grupos que, dice, “buscan aterrorizar a la población”, lo que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, calificó ayer de “conspiración”. “No existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se nos pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos”, señaló el gobierno en un comunicado.
El reporte leído ayer por el subdirector de la policía, Francisco Díaz, detalla que “grupos delincuenciales” atacaron “con armas de fuego y morteros” un acto oficialista en Managua, con saldo de siete fallecidos y 91 lesionados por disparos.
En Estelí (norte) encapuchados atacaron el miércoles a una caravana con simpatizantes sandinistas que iban a Managua, donde murió una persona y otras 28, entre ellos 16 policías, resultaron heridas, según el informe. Otras tres personas fallecieron posteriormente en Estelí, donde se registraron saqueos a negocios y daños a oficinas de gobierno.
En Chinandega (noroeste), grupos encapuchados realizaron actos de vandalismo entre la noche y la madrugada, con saldo de cuatro muertos y 16 heridos, agrega el reporte.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó al gobierno de Ortega a detener la violencia de las “fuerzas represivas y los grupos armados”, y externó su solidaridad con las familias de las víctimas.
Almagro opinó también que unas “elecciones libres” son “la única solución” para resolver la crisis en Nicaragua, que comenzó como una protesta en rechazo a una reforma al Seguro Social que afectaba a miles de trabajadores y jubilados, pero se extendió debido a la violenta acción policial y de fuerzas de choque contra manifestantes desarmados.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció que no reanudará el diálogo nacional mientras “el pueblo siga siendo reprimido y asesinado”.
El gobierno de Estados Unidos advirtió a Nicaragua que quienes violen los derechos humanos “serán responsabilizados por la comunidad internacional en foros internacionales”, mientras que la embajada de EU en el país centroamericano cerró el jueves sus operaciones debido a la “violencia generalizada”.
La relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, tuiteó que el Estado tiene el “deber de garantizar la vida e integridad de todos los manifestantes”.
