Managua.— El Parlamento de Nicaragua aprobó ayer dos leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo a casi tres meses del inicio de las protestas contra el gobierno, mientras el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió el cese de la violencia y la reanudación del diálogo para la búsqueda de una solución a la crisis política que sacude a ese país, y que ha dejado al menos 351 muertos, según organismos de derechos humanos.
La denominada “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva” tuvo el voto de 70 de los 91 diputados del Congreso unicameral, dominado por el gobernante Frente Sandinista, informó su titular, el sindicalista Gustavo Porras.
La ley sanciona con penas de 15 a 20 años de prisión a quien cause la muerte o lesiones a personas que no participen en un conflicto armado, destruya bienes públicos y privados, así como a quien “recolecte, capte, canalice, deposite o traslade activos (...) con la intención de que se utilicen para cometer terrorismo” y otros delitos.
La iniciativa se aprobó en medio de una grave crisis política que comenzó con protestas sociales hace casi tres meses y que ha dejado al menos 351 muertos y más de 2 mil heridos, según organismos de derechos humanos no gubernamentales, aunque el gobierno del presidente Daniel Ortega sólo reconoce 49 fallecidos. Ortega y sus principales funcionarios han acusado a los promotores de las protestas de ser “golpistas”, “criminales” y “terroristas”.
El Parlamento también aprobó la “Ley de la Unidad de Análisis Financiero”. Mediante ambas leyes, el gobierno podrá castigar a quien considere vinculado al terrorismo, así como notificar a la UAF, dependencia de la Policía Nacional, para investigar o intervenir en negocios y personas sobre las que sospeche que estén vinculadas a actos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. A su vez, las entidades bancarias podrán inmovilizar fondos de cuentas individuales o de empresas sospechosas de lavado de dinero y terrorismo, explicó un legislador.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo ayer que ni el “terrorismo” ni los “diabólicos” podrán gobernar el país y consideró que las familias nicaragüenses están empeñadas en restaurar la paz y la seguridad, “independientemente de esos pocos que siembran guerra y odio en el país”, a los que responsabiliza de la crisis que atraviesa la nación desde el pasado 18 de abril.
En tanto, cientos de nicaragüenses salieron ayer a las calles de Managua para exigir justicia para los caídos y detenidos durante los tres meses de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Entre el viernes y el domingo, la violencia recrudeció luego de que grupos armados progubernamentales y de la fuerza pública irrumpieran en universidades tomadas por manifestantes y rompieran los bloqueos de carreteras en varias ciudades del país centroamericano en la llamada “Operación Limpieza”.
Después de la jornada violenta del fin de semana que dejó 10 muertos y varios heridos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la policía sólo reconoció dos pérdidas humanas.