Washington.— Nicaragua tuvo conductas que deben considerarse “crímenes de lesa humanidad”, denunció ayer el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI), y recomendó que se investigue al presidente Daniel Ortega como el posible responsable de la represión y las muertes ocurridas en manifestaciones contra su gobierno.
“Para el GIEI (...) el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”, dijo el GIEI en su informe final presentado ayer en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.
“Se recomienda que se investigue la responsabilidad del presidente de la nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional” y a toda la jefatura policial, añadió el texto.
El informe resalta que “el GIEI pudo determinar que la mayoría de asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente o de forma coordinada con grupos armados paraestatales”.
El GIEI determinó, con ayuda de organizaciones de derechos humanos locales, que “sólo entre el 18 de abril y el 30 de mayo” hubo al menos 109 muertos, más de mil 400 heridos y más de 690 detenidos.
Del total de fallecidos, 95 “se produjeron por impacto de armas de fuego, todos con impacto en el cráneo, cuello y tórax... La gran mayoría de las muertes por armas de fuego ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales”.
La delegación denunció que “numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicios en los puestos de emergencia fueron despedidos” y resaltó que de los 109 fallecimientos sólo se abrió proceso judicial por nueve casos, mientras que “el resto permanece en la impunidad”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización no gubernamental declarada ilegal por el Parlamento de Nicaragua la semana pasada, contabiliza 321 personas fallecidas en las protestas.
El informe debió haber sido presentado el jueves en Managua, pero un día antes los funcionarios fueron notificados de que debían abandonar Nicaragua, a pesar de que su periodo terminaba el 2 de enero. El gobierno los acusó de “injerencia” y “falta de imparcialidad y objetividad”.
El GIEI comenzó a funcionar hace seis meses como parte de un acuerdo entre la OEA, la CIDH y el gobierno de Nicaragua para indagar, buscar responsables y ayudar en las investigaciones por las muertes ocurridas en el periodo más duro de las protestas.
Las manifestaciones contra el gobierno comenzaron luego de una propuesta de reforma a la seguridad social, pero se mantuvieron para exigir justicia por los primeros muertos en las movilizaciones, la renuncia de Ortega y elecciones anticipadas.
Allanan medio crítico. Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal de televisión 100% Noticias de Nicaragua, crítico con el gobierno, denunció anoche que la Policía Nacional allanó sus oficinas en Managua y detuvo a su director y propietario, Miguel Mora.
Pineda Ubau dijo a través de un audio que agentes policiales y antidisturbios ingresaron a la fuerza a la sede del canal, donde se encontraba Mora, junto a su esposa, la también periodista Verónica Chávez, ella, y otros trabajadores. La jefa de prensa afirmó que los oficiales se llevaron detenido “injustificadamente” a Mora, a quien el gibierno acusa de “incitar al odio y al terrorismo”.