4 claves para entender la liberación y envío a EU de 222 opositores nicaragüenses

"Van al destierro, pero hacia la libertad".

Con esas palabras describió el escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, la situación de los 222 opositores que estaban presos en ese país y a quienes las autoridades decidieron excarcelar para ser enviados este jueves a Estados Unidos.

La medida fue bien recibida por organizaciones de derechos humanos, que celebraron la liberación sin escatimar críticas a Managua.

"Estas personas fueron presas por defender #DDHH y levantar la voz contra un régimen despiadado. Que hoy puedan estar con sus familias es un abrazo al corazón", escribió en su cuenta de Twitter la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

En Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo a través de un comunicado que esta decisión "marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre EU y Nicaragua sobre temas de interés".

Por su parte, el presidente Daniel Ortega aseguró este jueves en cadena nacional que no hubo ninguna "negociación" con Estados Unidos para la liberación de los presos y que no le pidieron a Washington que levante las sanciones que pesan sobre su país.

Según Ortega, su gobierno le ofreció a Casa Blanca que se llevaran a los presos y las autoridades estadounidenses aceptaron.

Nicaragua vive una profunda crisis política desde 2018, cuando se produjo una gran ola de protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega que fue duramente reprimida por las autoridades. Como resultado perdieron la vida, al menos, 320 personas, hubo centenares de detenidos y decenas de miles de exiliados.

Después de unos intentos de diálogo infructuoso, la situación empeoró a finales de 2021 cuando Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo en unos comicios considerados fraudulentos por gran parte de la comunidad internacional y que estuvieron precedidos, entre otras cosas, por la detención de decenas de líderes opositores, incluyendo siete precandidatos presidenciales.

Muchos de estos, al igual que quienes detuvieron en las protestas de 2018, fueron acusados por Ortega de intentar organizar un golpe de Estado en su contra.

Con la decisión ejecutada este jueves, se reduce significativamente el número de opositores presos en Nicaragua cuyo número estaba cifrado en 235 por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.

BBC Mundo te da cuatro claves para entender la liberación de los opositores nicaragüenses.

1. ¿Quiénes son los opositores liberados?

La lista de opositores liberados en Nicaragua y enviados a Estados Unidos incluye personas de numerosos ámbitos, no solamente de la política, pero que habían asumido una postura crítica ante el gobierno de Ortega.

Entre ellos hay empresarios, dirigentes estudiantiles, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, académicos y líderes del sector campesino, entre otros.

En esa lista destaca la presencia de la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, legendario editor del diario La Prensa quien murió asesinado durante el régimen de Somoza.

Cristiana se perfilaba en 2021 -cuando fue detenida- como la precandidata con más opciones de derrotar a Ortega en las elecciones.

Entre los nombres también aparecen los otros seis precandidatos presidenciales que habían sido apresados: Arturo Cruz (político), Félix Maradiaga (académico), Juan Sebastián Chamorro (político y economista), Miguel Mora (periodista y empresario), Medardo Mairena (líder campesino) y Noel Vidaurre (político).

También fue liberada Dora María Téllez, una histórica guerrillera del Frente Sandinista que participó en asalto el Palacio Nacional en 1978; y Lesther Alemán, un dirigente estudiantil que adquirió notoriedad global tras confrontar a Ortega durante los fallidos diálogos de 2018.

2. Qué otras medidas implica

Los opositores liberados fueron sometidos a una serie de castigos accesorios que, al menos de acuerdo con el entramado legal impuesto por el oficialismo, los dejaría fuera del juego político institucional en Nicaragua.

Este jueves por la mañana, el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, hizo pública una sentencia que hacía posible la "deportación inmediata" de los 222 opositores que estaban presos y anunció que estos quedaron "inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública", así como para ejercer cargos de elección popular.

Rothschuh agregó que los "derechos ciudadanos" de estas personas fueron suspendidos a perpetuidad.

El magistrado indicó que estas personas habían sido condenadas por "cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica" y añadió que habían sido declarados como "traidores a la patria".

Este último elemento es crucial, pues poco después de la deportación de los opositores, la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que despoja de la nacionalidad a quienes reciban la calificación de "traidores de la patria".

Así, los opositores liberados quedarían no solamente inhabilitados politicamente sino también desterrados de su patria.

3. ¿Qué busca Daniel Ortega?

La medida tomada por las autoridades de Nicaragua fue hecha pública por sorpresa y no estuvo antecedida por anuncios previos que permitieran anticipar las intenciones detrás de esta decisión.

Hablando en cadena nacional este jueves, el presidente Daniel Ortega aseguró que no hubo ninguna "negociación" con EU para la liberación de los presos.

"Cuando llegaron a preguntar ¿qué intereses teníamos nosotros? Ninguno. Que se los lleven. Eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la ciudadanía del país, la dignidad de la patria no se negocia", dijo Ortega.

El mandatario también aseguró que "hace unos días" su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, llamó por teléfono al embajador estadounidense en Managua, Kevin Sullivan, quien tenía previsto un viaje a Washington, y le planteó que su país acogiera a los prisioneros.

Ortega dijo que Sullivan les dijo que debía consultarlo con la Casa Blanca y luego les pidieron una lista de los presos que estaban dispuestos a liberar, que se llevarían en un solo vuelo este jueves.

Benjamín Gedan, director del programa de América Latina del Wilson Center, un centro de estudios con sede en Washington, señaló que la medida había sido inesperada.

"El régimen de Daniel Ortega es poco transparente y él nos sorprendió con este gesto. Es posible que más que nada quería exiliar del país a sus opositores más capaces. Ya había debilitado a la sociedad civil y al periodismo independiente", dijo Gedan en respuesta a una consulta de BBC Mundo.

"Tal vez también buscaba un remedio del daño económico y aislamiento diplomático causados por las sanciones de Estados Unidos", añadió.

Esta última hipótesis parece ser compartida por la escritora nicaragüense Gioconda Belli.

"Creo que se pueden estar dando cuenta de que no pueden vivir en ese aislamiento en el que se han metido, que la presión internacional por la libertad de los presos políticos ya afectaba sus relaciones con América Latina", dijo Belli este jueves en una entrevista con BBC Mundo.

La escritora destacó que en la cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en enero, varios de los presidentes que asistieron expresaron su petición a Nicaragua de liberar a los opositores presos.

4. Qué papel juega Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos recibió la decisión del gobierno de Ortega como una noticia favorable.

"Pensamos que esto es un paso bienvenido, positivo y constructivo por parte del gobierno de Nicaragua", dijo este jueves Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EU, durante una rueda de prensa.

Antes de que hablara Ortega en cadena nacional, el funcionario aseguró que se trató de una decisión que tomó el gobierno nicaragüense y a cambio de la cual Washington no ofreció nada.

"Esto fue una decisión unilateral que tomó el gobierno de Nicaragua, fueron ellos quienes decidieron ofrecerles a estas personas la oportunidad de viajar a Estados Unidos y nosotros estuvimos de acuerdo en recibirlos", señaló.

"Nosotros desde hace tiempo hemos hecho llamados para la liberación de las personas presas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales, un primer paso hacia la restauración de la democracia y hacia un mejor clima para los derechos humanos en Nicaragua", agregó.

El funcionario estadounidense aseguró que aunque Washington desea mantener una mejor relación con el gobierno de Nicaragua, las sanciones se mantendrán en pie.

Apuntó que estas liberaciones tampoco son la "panacea" ante las "muchas" preocupaciones que tiene Washington por la situación en el país centroamericano.

"Una de esas permanece incluso hoy, luego de la liberación de 222 personas: la detención de personas por nada más que por ejercer derechos que deberían ser universales. Sigue habiendo presos políticos en Nicaragua y nosotros seguiremos, tanto en público como en privado, estimulando al gobierno de Nicaragua para que se ponga en una posición en la que pueda llevar adelante las aspiraciones del pueblo nicaragüense de tener mayores niveles de democracia, para que se le respeten los derechos humanos, por un futuro de prosperidad y oportunidades", agregó.

En cuanto a la situación de los opositores liberados, Price señaló que Estados Unidos está orgulloso de recibirlos.

Explicó que los funcionarios estadounidenses se aseguraron de que todos los que viajaron a ese país lo hicieron de forma voluntaria y que se han tomado medidas para darles acogida en el corto plazo.

Además, dijo que se trabaja con organizaciones no gubernamentales y con la diáspora nicaragüense en Estados Unidos para darles apoyo de más largo plazo.

Por lo pronto, los opositores recién llegados se alojarán en hoteles pagados por el gobierno estadounidense y recibirán un permiso humanitario para permanecer en el país durante los próximos dos años.

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