San José.— Al fragor de la batalla electoral de este año en Colombia, el expresidente del país Andrés Pastrana (1998-2002) lanzó en febrero anterior al entonces candidato presidencial de la alianza opositora Pacto Histórico, el economista izquierdista Gustavo Petro, una severa acusación.
Petro, adujo Pastrana, es el “caballo de Troya” del narcotráfico.
Tras las dos rondas electorales del 29 de mayo y el 19 de junio pasado, Petro se convirtió en presidente electo y, rumbo a asumir el próximo 7 de agosto para un mandato de cuatro años, reiteró su interés de tender una mano a las poderosas organizaciones colombianas del narcotráfico internacional con un “perdón social”.
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Colombia “ha quedado sumida en la incertidumbre y la angustia”, recalcó Pastrana, al fustigar el plan de Petro de impulsar una “paz total” con los capos. El narcotráfico tampoco puede ampararse en “un paraguas de perdón e indulto presidencial en consonancia con la clase política que hoy se convoca en torno al próximo Ejecutivo para tenebroso fin”, advirtió el exmandatario.
“En la campaña denunciamos que Petro estaba en coalición con las mafias del narcotráfico y la corrupción. El eufemismo de ‘Paz Total’ es evidencia incontrovertible de ese funesto pacto”, alertó.
La eventual negociación de Petro con las mafias del narcotráfico atizó la crisis en un país que es el principal productor mundial de cocaína y es una pieza crucial de abastecimiento de esa droga a los cárteles mexicanos del contrabando de estupefacientes en América, Europa, Asia y África.
Sin impunidad
Petro argumentó que “el perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad.
“El perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global”, alegó.
“Lo que necesitamos es más universidades que cárceles, más libros que fusiles, más inteligencia que bombas. Por llenar el país de cárceles es que terminan llenando el Estado de corruptos”, insistió Petro.
El abogado Álvaro Leyva, designado por Petro como su canciller, confirmó el 21 de este mes que recibió una carta de organizaciones del narcotráfico en la que propusieron coordinar un cese del fuego a partir del 7 de agosto, desarmarse, pedir perdón, aportar a la verdad, reparar, no repetir actos criminales, cumplir con la justicia restaurativa y en la “medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel”.
La misiva fue suscrita por el Clan del Golfo, también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparrapos, Los Rastrojos, Los Shottas, La Inmaculada y Los Mexicanos, de Quibdó.
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Aunque la veracidad del documento fue puesta en duda, el canciller designado reconfirmó la política de Petro de lograr una paz completa con una negociación con los narcotraficantes colombianos para su sometimiento a la justicia. “La recibí [la carta], es algo de lo que tenía razón de tiempo atrás, por alguna razón hablábamos de la ‘paz total’ y es uno de los propósitos, precisamente es lo que vamos a iniciar con muchos y a continuar con otros”, subrayó.
“Esto es muy preocupante. Hay que prender todas las alarmas. Esto puede resultar en un fortalecimiento del narcotráfico y en un deterioro de la seguridad”, dijo el abogado, socioeconomista y analista político Rafael Nieto, viceministro del Interior y de Justicia de 2003 y 2004, en el primero de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, presidente de Colombia de 2002 a 2010.
“Los hechos confirman las percepciones que aparecían en campaña electoral, de que había una negociación de Petro con grupos armados vinculados al narcotráfico. Fue una negociación para que los narcotraficantes le dieran apoyo a Petro en la campaña. Es bastante claro ahora que sí hubo negociación”, explicó Nieto a EL UNIVERSAL.
“Petro promueve un perdón social, o sea, perdón estatal a los narcotraficantes. Plantea revisar la extradición [de criminales colombianos a Estados Unidos], terminar con la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca [materia prima de la cocaína] y descartar la fumigación aérea de esas plantaciones con glifosato”, herbicida al que se culpa de provocar cáncer”, agregó.
Un pacto de paz vigente desde diciembre de 2016 y firmado por el gobierno con las ahora extintas guerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin a más de 52 años de uno de los conflictos bélicos de ese país.
Una gestión de paz con la también guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se alzó en armas en 1964, quedó interrumpida desde enero de 2019 por un mortal atentado de esa insurgencia contra una escuela policial en Bogotá.
La pacificación todavía es incompleta en Colombia, donde redes de la delincuencia organizada como el Clan del Golfo —ligado a fuerzas paramilitares derechistas— disputan el control del narcotráfico con el ELN y otras mafias. Las organizaciones criminales colombianas también penetran a Venezuela, convertida en santuario de esas cadenas delincuenciales.
“Tales escarceos de parlamentos, que equipararán a los narcoterroristas con las fuerzas del orden, se prevén en un país con el dinero del narcotráfico alimentando todo el conflicto interno”, aseguró John Marulanda, coronel en reserva activa del Ejército de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en Retiro.
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