San José.— Con desnutrición severa y una aguda y generalizada crisis infecciosa, el guatemalteco Elvis Omar Gutiérrez Jiménez, de seis años, murió el 15 de agosto de 2015 en Guatemala porque en el hospital público del centro-oriente al que se le llevó de urgencia no había una aguja especial para aplicarle un suero y salvarle la vida.
La guatemalteca Margarita López, abuela de Elvis, narró que la familia tampoco logró reunir los 10 quetzales (moneda de Guatemala), equivalentes a un dólar y 30 centavos, para comprarla en una farmacia privada. Sin el vital instrumento, el infante “no pudo” ser atendido, argumentó un médico guatemalteco del centro de salud estatal para justificar el deceso y evitar mayores explicaciones.
El drama del niño y de su familia rellenó espacios periodísticos, agitó emociones sociales, generó reclamos y activó promesas que acapararon, por uno o dos días, el centro de atención mediática en Guatemala; luego apareció otro escándalo de corrupción política que se apropió del foco de interés de los guatemaltecos.
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El historial de Elvis Omar sólo quedó perdido en montaña de estadísticas y de expedientes amarillentos de otros miles de casos de víctimas de un esquema estatal de Guatemala para comprar medicamentos e insumos únicamente a un grupo privilegiado y privado de empresarios y compañías.
Por un lado, las ganancias por las compras del Estado se acumularon en millones de dólares en cuentas bancarias privadas. Por el otro, el desabasto de una variedad de insumos que llegó a casos extremos como la carencia de una aguja para un tratamiento médico específico, pero rutinario en cualquier sistema normal de seguridad social.
Con los nombres y apellidos de Negociantes de la salud, el mecanismo emergió en 2013, fue destapado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía General (Ministerio Público) de Guatemala y aún hay controversia judicial con los acusados ya libres o próximos a quedar en libertad y los acusadores en el exilio: perseguidos en su país por combatir el enriquecimiento ilícito.
Fundada en 2006 con aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un acuerdo con el gobierno de Guatemala, la CICIG cesó labores en 2019 luego de que desde 2007 destapó hechos emblemáticos de corrupción, como el de la salud.
En la controversia de los fármacos para extraer millonarios fondos, la tarea de la CICIG avanzó en asocio con anteriores estructuras de la fiscalía. Uno de los actos cruciales fue ejecutado en octubre de 2015 por la CICIG en coordinación con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio.
La red actuó como “una mafia tenebrosa, siniestra”, relató una fuente guatemalteca que perteneció en ese tiempo a la Fiscalía General de Guatemala y que, por ser todavía parte del cuerpo de abogados de ese país, prefirió mantenerse en el anonimato. “El negocio fue, es y será multimillonario y jamás lo van a perder”, explicó a EL UNIVERSAL.
FECI y CICIG notificaron públicamente que desarticularon “una estructura criminal integrada por funcionarios y empleados” del (estatal) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), “así como de particulares, cuyo fin era favorecer a determinados proveedores de medicamentos” a cambio de “comisiones”.
El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala no respondió a preguntas que este diario le remitió acerca de denunciada existencia en esa nación de “un monopolio de las medicinas” en el que los perjudicados son el consumidor, sometido a régimen cerrado y al servicio de exclusivo grupo empresarial, y finanzas públicas, que paga precios que “no corresponden” a los que funcionan en mercado internacional.
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Los acusadores
Una abogada guatemalteca —Thelma Aldana, máxima jerarca de la Fiscalía General y ahora en el exilio en Estados Unidos— y un abogado colombiano —Iván Velásquez, ministro de Defensa Nacional de Colombia— revelaron en 2015 los entretelones del organigrama criminal.
Los elementos esenciales, relatados en documentos públicos que están en página de la CICIG y con copias en poder de este diario, estuvieron conformados por “cuatro sectores” que maniobraron así:
1.- Operadores: Son el contacto inicial de los proveedores para ingresar a los procesos de contratación de medicamentos e insumos y tramar con la estructura la manera para ofertar, bajo apariencia de legalidad, con el fin de conseguir la adjudicación de interés para el proveedor a cambio de una comisión indebida.
2.- Proveedores: Son las personas físicas, empresas o sociedades que establecen nexos comerciales con el IGSS como proveedores de medicamentos, productos o servicios al participar en los procesos de compras establecidos para esa institución.
3.- Funcionarios periféricos: Son funcionarios técnicos o profesionales del IGSS que se desempeñan en cualquiera de las unidades de atención a pacientes. Pueden modificar el denominado “listado básico de medicamentos” del Seguro Social, que señala los únicos medicamentos que pueden ser prescritos a los usuarios del IGSS.
4.- Funcionarios centrales: Son funcionarios técnicos o profesionales del IGSS que se desempeñan en distintas unidades administrativas e intervienen en los pasos para generar, desarrollar, supervisar y/o decidir en torno a los procesos de adquisición institucional.
En reporte conjunto, Aldana y Velásquez subrayaron que “investigaciones establecieron que algunos operadores acuden a los proveedores para procurar la venta de su producto o servicio al IGSS.
“Operadores se dirigen a funcionarios periféricos para ‘mover códigos’, que significa incentivar o promover consumo de ese producto o servicio en las distintas unidades del IGSS”, relataron. Entre otros hallazgos señalaron:
1.- Operadores de salud externos al IGSS acudían a funcionarios centrales para incidir en manipulación de procesos para adquirir producto o servicio ofrecido por proveedores de medicamentos para procurar que su oferta fuera aceptada.
2.- La actividad irregular de los operadores para incidir en los procesos de adquisición en el IGSS se realiza a cambio de “comisiones” porcentuales pagadas por el proveedor y que son compartidas por los funcionarios centrales y periféricos.
Los acusados
Indagatorias llevaron a prisión a más de veintena de hombres y mujeres, operadores, proveedores, funcionarios, médicos, políticos, en Guatemala. Un personaje clave de conspiración fue el guatemalteco Gustavo Alejos Cámbara como principal operador de un entarimado político y empresarial.
Alejos ejerció como secretario privado del presidente Álvaro Colom (1952-2023), cuyo periodo fue de 2008 a 2012. Alejos se insertó al gobierno del general en retiro Otto Pérez Molina, que empezó en 2012, debió concluir en 2016 y finalizó en 2015 con la su renuncia y arresto por asociación ilícita y defraudación aduanera, por lo que en diciembre de 2022 fue condenado a 16 años de cárcel.
En audiencia el 24 de este mes en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal de Guatemala, Alejos y otros cuatro acusados se declararon culpables y aceptaron cargos que la fiscalía y la CICIG les atribuyeron en la conjura, pero solicitaron someterse a la Ley de Aceptación de Cargos para favorecerse con reducción de penas.
Los antecedentes de los cuatro guatemaltecos que acompañaron a Alejos en su pedido exhibieron sus posiciones. Alejos, el médico Alejandro Enrique Toledo Paz, director del (estatal) Hospital Roosevelt, de la capital guatemalteca, y el empresario del sector salud, Juan Pablo Muralles Morán, fueron acusados de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo. José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una compañía del rubro sanitario, fue procesado por asociación ilícita y tráfico de influencias; el médico César Estuardo Hernández Monroy, exempleado del IGSS, por asociación ilícita y cohecho pasivo.
Los cinco son algunos de los Negociantes de la salud que estuvieron involucrados en una confabulación en la que, en un festín de millones de dólares, no alcanzó para que un hospital público de Guatemala y la familia consiguieran un dólar y 30 centavos y adquirieran la aguja que faltó para inyectarle suero y salvarle la vida a Elvis Omar.
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