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Ante la inminente legalización del consumo de marihuana en Canadá para uso recreativo, el próximo 1 de julio, es necesario reforzar las regulaciones en cada provincia, afirmó la senadora Rosa Gálvez.
Luego de ser aprobada la propuesta de ley C-45 en la Cámara de los Comunes, ahora es evaluada en el Senado canadiense, donde existe preocupación de apresurar una ley sin contar con el marco regulatorio que realmente proteja a los jóvenes.
En entrevista con Notimex, la senadora independiente expuso el contexto que rodea a la propuesta del gobierno de Justin Trudeau para legalizar el consumo de cannabis a fin de alejarlo de los jóvenes y hacer que las ganancias del mercado negro sean fiscalizadas.
“En Canadá hay muchos jóvenes que son arrestados por posesión de drogas. Hay un mercado negro e ilegal que vende marihuana de muy baja calidad”, refirió.
En 2010 la Unicef dio a conocer un estudio donde encontró que entre la población juvenil mundial los jóvenes canadienses son los que consumen más marihuana.
Según cifras oficiales de Canadá, en 2015 -cuando había una población total de 35 millones de habitantes- había 4.9 millones de consumidores de marihuana mayores de 15 años tanto para consumo médico y no médico.
El consumo canadiense de esta hierba en ese año fue de 697.5 toneladas. Considerando un rango de precio de entre 7.14 y 8.84 dólares (105 y 130 pesos) por gramo, el monto gastado ascendería a entre cinco y 6.2 mil millones de dólares (91.8 mil millones de pesos).
El primer ministro Trudeau destacó que quiere “legalizar, regular y restringir” el consumo de marihuana, sobre todo entre los jóvenes y adolescentes.
La senadora Gálvez, de origen peruano, explicó que en este tipo de legislaciones hay dos extremos: prohibición total con penalidades altas, o descriminalización total sin penalidad.
En su opinión, la propuesta legislativa C-45 no está en medio de estos dos extremos sino más bien “tiende a estar más cerca de la mínimas regulaciones y criminalizaciones”.
Consideró que algunos expertos recomiendan que en el caso de marihuana el gobierno debe guardar el control de una manera central, estableciendo una autoridad federal que controle el mercado y la calidad del producto.
“Puede hacerse bajo la creación de un organismo no lucrativo que venda el cannabis o dar sólo un cierto número de licencias para venderlo”, detalló.
La legisladora independiente criticó que el gobierno federal haya decidido ”poner pocas reglas federales y dar la responsabilidad a las provincias y éstas a las municipalidades”, con lo que el control federal es menor.
De acuerdo con la propuesta legislativa, cada una de las 10 provincias y tres territorios que conforman Canadá deberán establecer su regulación específica y la edad mínima del consumidor.
En este proceso, añadió Gálvez, es “crítico” fijar un precio porque debe ser accesible para que la gente compre en el mercado legal, pero a la vez alto el precio para que no aumente el consumo de marihuana.
Lo preocupante, dijo, es que a la par de que se está discutiendo el decreto C-45 en el Parlamento Federal, se está creando aceleradamente el negocio de cannabis a gran escala, las empresas están invirtiendo más de 700 millones de dólares para construir grandes invernaderos.
Rosa Gálvez comentó que un colega senador le dijo que “esta cantidad viene de paraísos fiscales en el Caribe”, lo que llevaría a pensar que “el gobierno canadiense está perdiendo un poco el control”.
En su opinión, el gobierno de Trudeau debería fijar un precio mínimo, controlar el crecimiento del mercado, establecer un organismo central que establezca si el precio será con base en el volumen de la hierba o tomando en cuenta la concentración del ingrediente activo THC (tetrahidrocannabinol) que causa el efecto deseado.
Explicó que en los últimos años el cannabis ha adquirido gran potencia debido a las nuevas plantas del sexo femenino genéticamente modificadas que elevan la concentración de cuatro por ciento a 30 por ciento.
La propuesta gubernamental está siendo analizada por 33 senadores conservadores, 12 liberales, 41 independientes y cinco “no afiliados”, quienes llevan a cabo una serie de lecturas donde se analiza la futura ley.
La senadora Gálvez mostró su preocupación de que la legislación envía un “mensaje confuso a los jóvenes”, que la podrán consumir de forma recreativa, pero no se hace tanto énfasis en el daño que ocasiona.
“Las grandes concentraciones de THC a temprana edad en los jóvenes afecta el desarrollo del cerebro, la percepción, concentración, su capacidad para resolver problemas, su comportamiento psicomotor, tienen reflejos más lentos y afecta su dicción”.
Concretamente, la senadora Gálvez pidió al gobierno establecer objetivos claros en un calendario con un término fijo, es decir que si su objetivo es reducir en los jóvenes el consumo de marihuana el gobierno debe fijar una meta y un plazo.
Está previsto que la propuesta legislativa para legalizar el cannabis tenga varias lecturas en la Cámara Alta y que sea turnada a varios comités, con lo que no se sabe si todo este proceso terminará antes del 1 de julio.
