San José.— Costa Rica llegó en 2023 a una de las más graves crisis por la penetración de los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional, en un escenario que provocó un incesante aumento del número de asesinatos y un imparable y generalizado deterioro de la inseguridad.
Una información que se procesó con extrema confidencialidad o sigilo deslizó la eventualidad de que el gobierno del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El dato fue obtenido por EL UNIVERSAL tras varios meses de investigaciones en fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad, crimen organizado y justicia.
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Las fuentes, que hablaron con este diario en anonimato por seguridad, dijeron que a las contrapartes costarricenses de las mafias mexicanas del contrabando global de drogas se les habría pedido reducir la creciente violencia callejera y exhibir el fracaso de la seguridad a cambio de proseguir con el narcotráfico.
Las fuentes revelaron que los contactos con narcotraficantes fueron realizados por personajes clave de las estructuras costarricenses de seguridad, algunos con funciones dentro del gobierno de Chaves y otros sin responsabilidades gubernamentales, pero con nexos en la criminalidad por su trabajo como abogados defensores en procesos de delincuencia organizada.
Los datos señalaron que un ambiente de tirantez surgió en instancias del Poder Ejecutivo de la seguridad por la decisión de avanzar con estos encuentros con criminales de Costa Rica que se afianzaron como enlaces de los dos cárteles mexicanos para el transbordo de estupefacientes del sur al norte de América. Fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), policía técnica del Poder Judicial e independiente del Ejecutivo, indicaron que esa dependencia nunca aceptaría una componenda con criminales.
Según informaciones filtradas a este periódico, una figura de alto rango del gobierno optó por alejarse de cualquier lazo con las mafias y evitar contaminarse. Entre subalternas allegadas a ese funcionario quedó la idea que “él comentó” que prefería “no meterse”, aunque a sabiendas de que sufriría consecuencia laboral.
“Eso fue hace más de un año”, subrayó un informante, al citar que en algunos sectores empresariales se presiona al gobierno para que contenga el golpe al turismo. Chaves asumió el 8 de mayo de 2022 y gobernará por cuatro años.
Al buscar la versión del gobierno de Costa Rica, EL UNIVERSAL preguntó al ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora, quien aseveró sobre la información que tiene de las negociaciones: “Ninguna noticia nueva para mí”.
¿No ha habido negociaciones con los grupos del crimen organizado para negociar un ambiente de seguridad?, se le insistió a Zamora, cuya gestión empezó el 10 de mayo anterior.
“Jamás. Eso en Costa Rica es un delito. Procesaríamos a cualquier persona que participe en un escenario de esos. Es una línea roja que el país tiene claramente definida desde su legalidad, desde su práctica policial y, por supuesto, égida central en este ministerio”, respondió.
Usted asumió en mayo. ¿A partir de mayo eso no ha ocurrido?, se le replanteó. “No”, contestó. “¿Puede dar garantías de que a partir de mayo eso no ha ocurrido?”, se le recalcó. “No [ha ocurrido]”, asintió.
¿Pero usted no sabe qué pasó antes de que usted asumió su cargo?, se le volvió a insistir.
“Bueno… es decir, esas cosas yo no las puedo saber, porque yo opino desde que llegué. Yo estaba en otras labores. Pero sí garantizo que desde que estamos acá en el cargo, eso es inadmisible”, ratificó.
“No se puede negociar con el diablo”
A usted se le escuchó decir que eso sería como un suicidio, se le recordó. “No se puede negociar con el diablo”, advirtió.
La situación de violencia se agravó, como ha relatado EL UNIVERSAL en su momento, luego de que los cárteles se asociaran con locales para pagar con cocaína, en lugar de efectivo, servicios como la provisión de combustible. Eso disparó la circulación de la droga en territorio tico y los locales comenzaron a hacer sus propios negocios, traficando cocaína a Europa.
Costa Rica, que tiene una posición geográfica estratégica como punto intermedio entre Colombia, principal productor mundial de cocaína, y EU, mayor consumidor global de esa droga, registró un imparable aumento en los homicidios, ligados casi en su totalidad a las actividades de narcotráfico y sus elementos afines, como legitimación de capitales.
El número de homicidios subió de 570 en 2020 y 588 en 2021 a 654 en 2022. El dato a ayer llegó a 666, con perspectivas del OIJ de que podría acercarse a los 900 a diciembre de 2023.
“Si algún gobierno en América Latina ha negociado con el narcotráfico lo ha hecho más grande y convertido en actor político. Es un gravísimo error y jamás saldrá nada bueno de eso”, afirmó a este periódico el abogado e historiador costarricense Álvaro Ramos, analista político y de seguridad.
“El gobierno que negocia con narcotraficantes apoya al narcotráfico, hace todo lo posible por la supervivencia de los narcotraficantes y del poder que tienen en la sociedad. Es una bofetada al pueblo, que sufre la violencia, la criminalidad, la adicción, la corrupción, de esas estructuras criminales”, dijo Ramos a este periódico.
“En Costa Rica sería imposible hacerlo: la ley no lo permite. Es un delito clásico, estructural, grave y una traición al país y al pueblo costarricense. Espero que se investigue cualquier evento de estos y se meta a la cárcel a las personas que se hayan involucrado en eso, sobre todo a los funcionarios públicos”, añadió.
Al indicar que el gobierno negocia “para que los narcotraficantes pasen la droga y se la está pasando a gobiernos amigos, a estados con los que tenemos relaciones: está permitiendo que los narcotraficantes tengan mayor capacidad de exportación”, adujo que “abrirle puertas al narcotráfico, al perseguirlo menos, es una triple traición a la sociedad”.
Es una traición “al sistema institucional y a la legalidad, a la sociedad en la que se debe gobernar correctamente y evitarle los males y a los gobiernos amigos. Es un completo desastre porque convierte al país en un centro en el que se negoció con los narcotraficantes para que tuvieran más libertad a cambio una paz relativa y falsa”, puntualizó.
“El crimen organizado”, prosiguió, “es una institución que destruye la democracia y las instituciones. Negociar con criminales nunca va a resultar en algo bueno. Decía mi bisabuela que no hay trato bueno con hombre malo ni trato malo con hombre bueno. Y aquí estamos tratando con hombres y mujeres malas y el trato va a resultar mal”.
A consulta de este periódico, el abogado costarricense Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica de 2015 a 2018, señaló, por su parte, que “es un tema muy delicado” porque “sería empoderar a los grupos criminales para que ellos sean los que vayan a administrar la seguridad del país y la institucionalidad”.
“Países que han hecho esa negociación, como Colombia, México, Ecuador, no han llegado a nada, sin ningún resultado. Debemos de apostar a una política de seguridad de Estado para que los próximos ministros (de Seguridad Pública) sepan lo que tienen que hacer para no arriesgarse a pensar en estas tentaciones que el crimen organizado les puede generar”, agregó.
Mata y Ramos coincidieron en que tratos similares con criminales fracasaron en México, Colombia, Ecuador y Guatemala.