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Narcotraficantes
mexicanos establecieron nexos con mafiosos colombianos involucrados en guerrillas, disidencias insurgentes y contrabando de drogas y forjaron en Colombia una complicada alianza para controlar la cadena de siembra, recolección y procesamiento de hoja de coca, producir y almacenar cocaína y transportarla por Centroamérica para comercializarla en México y Estados Unidos.
En una modalidad operativa que empezaron a utilizar al menos desde 2014, los narcotraficantes mexicanos viajaron a Colombia como turistas, empresarios, trabajadores o estudiantes para trasladarse a zonas de cultivos ilícitos, negociar en persona la compra de cargamentos a sus contrapartes colombianos y controlar directamente las distintas cadenas de valor del negocio de la cocaína.
La alarma sobre esta incursión criminal mexicana en suelo colombiano quedó registrada en enero de 2017 en un intercambio de documentos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.
Los documentos, de los que EL UNIVERSAL tiene copia, alertaron de un súbito aumento desde 2014 de la presencia en Colombia de emisarios en especial de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). El gobierno de Colombia incorporó a los cárteles de Los Zetas y de los Beltrán Leyva entre los más activos como compradores de estupefacientes a los productores colombianos.
Los cárteles mexicanos sufrieron el impacto del acuerdo de paz, vigente desde diciembre de 2016, firmado por la ahora exguerrilla de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano.
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“Por información que compartimos con nuestros colegas policías de Colombia, conocemos que los cárteles mexicanos vienen generando alianzas con organizaciones narcotraficantes colombianas desde antes de la firma de la paz”, dijo a este diario el general de distrito Geovanny Ponce, director antinarcóticos de la Policía Nacional de Ecuador.
El objetivo de esos nexos es “facilitar sus operaciones y fortalecer sus capacidades para mejorar la distribución de drogas a nivel mundial”, relató Ponce en entrevista, al subrayar que el “involucramiento” actual de los cárteles mexicanos “podría llegar a las primeras etapas de la cadena de valor del narcotráfico en Colombia”, como la producción.
Por la desaparición o la debilidad de sus tradicionales vendedores colombianos de cocaína, como las FARC al retirarse formalmente de la narcoactividad, los cárteles de México desplegaron a un mayor número de mexicanos en Colombia para comprar drogas y resolver las dificultades para garantizar el envío de sustancias ilícitas a Estados Unidos.
Un informe de dos instituciones privadas de Colombia—la Universidad del Rosario e Insight Crime, que investiga al crimen organizado—alertó en marzo de 2018 que, en vez de trabajar con un solo proveedor capaz de suministrarles 10 toneladas, los mexicanos ahora deben encontrar 10 diferentes que les entreguen una cada uno.
“Los mexicanos están cada vez más presentes en los laboratorios de cristalización, donde hacen control de calidad, para asegurarse de que la cocaína que están comprando sea de la más alta pureza”, reveló.
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El estudio reconfirmó que los mexicanos fueron clientes compradores de cocaína de las FARC, que se alzó en armas desde 1964 hasta que en noviembre de 2016 firmó la paz con la promesa de retirarse de la narcoactividad y que en el segundo semestre de 2017 pasó a ser partido político legal.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia confirmó a este diario que, en un intenso y constante operativo para traficar drogas de América del Sur a Estados Unidos, el cártel de Sinaloa se convirtió en el principal enlace del narcotraficante e insurgente ecuatoriano Wálter Patricio Artízala Vernaza, alias “Guacho”, acusado de asesinar en abril de 2018 a un equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador.
“Guacho”, dado mortalmente de baja en diciembre de 2018 en un choque con autoridades colombianas, siguió el camino de más de un millar de combatientes de las FARC que rechazaron plegarse al proceso de paz y, como disidentes, siguieron trabajando como grupos armados organizados residuales.
La Dirección también reveló a EL UNIVERSAL que, en el caso del CJNG, uno de sus principales socios colombianos es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), movimiento guerrillero comunista que nació en 1964, sigue alzado en armas y está acusado de participar en negocios de producción y contrabando internacional de drogas y “lavado” de dinero.
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lsm
