San José. – La fuerza del alud de la “narcopolítica” se intensificó en 2023 en América Latina y el Caribe, con el sello de dos cárteles mexicanos de la droga; el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa.
“Trabajo con el narco”, reconoció sorpresivamente anteayer el educador chileno Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista de Chile, que integra la alianza gobernante en ese país.
La Fiscalía General de Ecuador reveló esta semana que el exvicepresidente izquierdista ecuatoriano Jorge Glas supuestamente aceptó que una mafia del narcotráfico de ese país ligada al CJNG, de México, sobornara con 250 mil dólares a funcionarios judiciales para salir de la cárcel en 2022 tras cinco años preso por corrupción. Glas entró el domingo pasado a la embajada de México en Quito y el jueves pidió asilo diplomático.
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El prófugo y poderoso narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet exhibió en el último trimestre de 2023 la fragilidad en los aparatos judiciales y de seguridad de Uruguay, Bolivia y Paraguay para la infiltración de las cadenas del contrabando de droga.
En un país en el que, como Guatemala, hay rangos públicos —alcaldes, munícipes, diputados, policías, militares, fiscales o jueces— precedidos por el rango narco, la captura el 11 de este mes del guatemalteco Juan José Morales Cifuentes, alias Pancho, a bordo de su automóvil en un suburbio de Ciudad de Guatemala por presunto narcotráfico reabrió otro caso.
Cifuentes está casado con Isel Súñiga, alcaldesa electa de Ayutla, municipio del suroccidental departamento (estado) guatemalteco de San Marcos, limítrofe con México, Miss Guatemala 2017, hija del guatemalteco Érick Súñiga —alcalde de Ayutla de 2008 a 2019 y extraditado por narcotráfico en 2019 a Estados Unidos, donde murió en una cárcel en 2020— y con mandato popular para asumir en enero próximo.
Sobrina del guatemalteco José Juan Súñiga, extraditado en 2021 también por narcoactividad a EU, y electa en junio anterior para ejercer de 2024 a 2028, la mujer salió ilesa en julio siguiente de un ataque a balazos en su contra en una guerra entre los çárteles mexicanos de CJNG y Sinaloa por el control del narcotráfico en la frontera entre México y Guatemala. Un comando armado que huyó a México atacó a balazos a la alcaldesa electa, cuyos lazos familiares se ligarían a organizaciones mexicanas.
Una red delincuencial costarricense aliada al Cártel de los Hermanos Sánchez, mafia mexicana de Querétaro, México, para exportar cocaína líquida, se involucró en un negocio del gobierno de Costa Rica para comprar e instalar escáneres en el principal puerto de este país en el mar Caribe y evitar el tráfico de cocaína en contenedores al resto del mundo. La autoridad contralora de Costa Rica obligó a cancelar la operación por falta de transparencia.
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quedó este año ante el más grave entredicho en su periodo de 2022 a 2026 luego de que su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, confesó ante la justicia colombiana que inyectó dinero del narcotráfico colombiano a las finanzas partidistas de la campaña electoral que su padre ganó en dos rondas de comicios en 2022.
En el mayor escándalo de narcopolítica del siglo XXI en América Latina y el Caribe, el expresidente derechista hondureño Juan Orlando Hernández, gobernante de 2014 a 2022, fue extraditado en abril del año anterior a EU por supuestamente traficar unas 500 toneladas de cocaína de 2004 a 2022 al mercado estadounidense, en asocio con el Cártel de Sinaloa y en una cadena que involucró a políticos, empresarios, militares, policías, fiscales y jueces.
“En el narcotráfico en América Latina y el Caribe, esta penetración en alcaldes, gobernadores, incluso presidentes, ministros, diputados, senadores, siempre tiene que ver con la preocupación solo por el negocio. No es un proyecto (toma) de poder”, afirmó el politólogo brasileño Thiago Rodrigues, profesor de Relaciones Internacionales de la (estatal) Universidad Federal Fluminense en el Instituto de Estudios Estratégicos, de Brasil.
“Es una forma de entrar en contacto con gente que tiene capacidad de influir en políticas de seguridad, de control, de formulación de leyes. Es influenciar para mejorar las condiciones del tráfico de drogas y otras ilegalidades. Siempre dudé de la interpretación de que el narcotráfico tenga un proyecto de poder”, dijo Rodrigues a EL UNIVERSAL.
Tras admitir que hubo “casos excepcionales” de narcotraficantes con presunta visión política para aspirar a tomar el poder, como el colombiano Pablo Escobar (1949-1993) con el ya desaparecido Cártel de Medellín, Colombia, precisó que “son alianzas para permitir que el negocio sea más fluido, florezca y sea bueno para el lucro del propio negocio”.
“Acá en Brasil en donde se encuentra más ese tipo de negocio y articulación es en el nivel municipal, más que en los niveles nacionales. Hay muchos concejales involucrados con el crimen organizado”, aseveró.
Chile fue sacudido anteayer con las revelaciones del vicepresidente del Partido Socialista sobre nexos con el narcotráfico. Barrios se desmintió luego a sí mismo y negó tener pactos con los narcotraficantes, pero dejó entrever que debe tener algún acuerdo para entrar a diferentes sitios a educar a menores de edad.
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“Ante la ausencia de Estado, nosotros entramos a realizar nuestras intervenciones, trabajar con niñas y niños en poblaciones vulnerables, y no se nos agrede por realizar aquella labor”, narró. Por la polémica se pidió indagar el alcance de las revelaciones de Barrios.
“La penetración del narcotráfico en la política desestabiliza las instituciones democráticas de América Latina y el Caribe”, alertó el criminalista costarricense Luis Carlos Castillo, viceministro de Seguridad Pública de Costa Rica de 2018 a 2022.
“La criminalidad transnacional ejerce un impacto directo en todas las sociedades latinoamericanas y caribeñas. La estrategia para combatirla debe ser precisa e involucra estructuras gubernamentales, judiciales, legislativas, a las políticas de educación y de salud y al combate a la corrupción”, planteó Castillo a este diario.
Mientras tanto, el alud continuará.