San José. – Al gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le estalló esta semana una bomba política por la presunta penetración de los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional en el oficialista y derechista partido Nuevas Ideas (NI).
El salvadoreño Alejandro Muyshondt, asesor de Seguridad Nacional de Bukele, denunció que el diputado salvadoreño Erick García, del NI, tendría nexos con el narcotráfico mexicano.
García debió renunciar anteayer al fuero legislativo, por el que gozó de inmunidad desde el primero de mayo de 2021, y se sometió a proceso judicial en la Fiscalía General de El Salvador. En su defensa, García denunció a Muyshondt ante la Fiscalía por denuncia o acusación calumniosa, simulación de delito y coacción.
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En una sutil sugerencia que lanzó en redes sociales y despertó las dudas en torno a presuntas actividades irregulares de García, el asesor presidencial deslizó un serio cuestionamiento sobre el diputado del partido de Bukele.
“Yo quisiera saber qué vienen en esos paquetes que el diputado Erick García trae de México… Como tiene pasaporte diplomático, no le revisan las maletas o paquetes en aduanas”, subrayó Muyshondt.
El asistente presidencial mostró, en una publicación en la red social de Twitter del 27 de julio anterior, unos barriles cubiertos de plástico y unos paquetes de contenido ignorado y dejó entrever, sin ofrecer pruebas, que el legislador de NI tiene familiares que “son pandilleros”.
García empezó el domingo pasado a responder en diversos medios, le envió a Muyshondt un mensaje en el que le aseguró que “usted mintió” para “engañar a la población”.
Al poner en duda la veracidad de las afirmaciones del asesor de Bukele, el diputado recodó que Muyshondt le acusó en sus diferentes publicaciones de que presuntamente tiene contactos con narcotraficantes y que “he ido a México y he traído droga, porque sin duda alguna Alejandro Muyshondt estaba hablando de drogas”.
Tras señalar lo “raro” de que, en esos mensajes, Muyshondt “no aparecen nombre ni fotografía”, García lo retó a presentar “las evidencias sobre lo que me estaba acusando, que viniera a la Fiscalía y que fuera esta institución la encargada de investigar y decir si existen o no los delitos”.
El cruce de ataques volvió a evidenciar el conflicto del narcotráfico en un país que, como El Salvador, está en una posición fundamental del corredor marítimo del contrabando de drogas de Colombia, Ecuador y Perú por Centroamérica hacia México y Estados Unidos.
Al describir el servicio que el territorio salvadoreño cumple en el tráfico internacional de drogas, el abogado y politólogo salvadoreño Benjamín Cuéllar, fundador de Víctimas Demandantes (VIDAS), grupo (no estatal) de San Salvador sobre derechos humanos, recordó que, según jerarcas de inteligencia militar y policial de Colombia, “por El Salvador pasa todo”.
El Salvador “está rodeado por países en donde el narcotráfico está presente”, planteó Cuéllar a EL UNIVERSAL, en referencia a que esa nación sufre las consecuencias por la expansión evidente de la narcoactividad.
Los pleitos por las denuncias de narcotráfico podrían derivar “en una grave crisis” en NI, destacó.
El escándalo golpeó al gobierno salvadoreño, con Bukele en ruta a buscar la reelección en los comicios presidenciales del 4 de febrero de 2024 como candidato de NI y empeñado en afianzarse como figura política intachable, desprovista de toda culpa, honesta frente a cualquier asedio y transparente sin vacilación.
El mandatario intervino en el lío García-Muyshondt en medio de la prolongada batalla que lanzó el 27 de marzo de 2022 contra las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18), con un estado de excepción para arrasarlas y obtener una victoria militar, policial y judicial con unos 72 mil detenidos en una controversia por arrestos arbitrarios y una reducción de la violencia y de los homicidios.
Con un caso que apenas comenzó a destaparse, Bukele tuiteó anteayer que “ahora” Muyshondt “deberá proporcionar los chats sin borrar nombres, para poder determinar quién es el aparente narcotraficante de las conversaciones”.
“Si el nombre borrado es el diputado” García, “este será investigado por narcotráfico. Si no es el diputado García, entonces” Muyshondt “deberá responder por qué acusó falsamente al diputado García”, advirtió el mandatario, en un aparente empeño por tomar distancia o buscar evitar contaminarse con los dos personajes del escándalo.
Documentos de la Fiscalía General de El Salvador confirmaron que el Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México, forjó nexos con las maras, en especial la MS—13, en negocios de sicariato, tráfico de armas y narcomenudeo.
NI, entre tanto, anunció el lunes pasado en un pronunciamiento que “apegados al ejercicio de la transparencia, hemos abierto un proceso de investigación en torno a las acusaciones vertidas” por el asesor de Seguridad Nacional contra el congresista.
Tras instar a Muyshondt a que “proporcione las imágenes completas de las conversaciones donde se ve claramente a una persona dialogando en torno a un caso de tráfico de drogas”, el partido de gobierno le pidió que “evite borrar o tapar los nombres de las personas involucradas” en las pláticas para aclarar “estas acusaciones” a García.
En las votaciones parlamentarias del 28 de febrero de 2021, el partido oficialista venció y se convirtió en la primera fuerza política de El Salvador, sobrepasó a los partidos tradicionales, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista y exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y se erigió como pieza del mando absoluto de Bukele.
Con los votos de NI, el gobernante asumió en 2021 el control de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, de la Fiscalía y, con el mando del Ejecutivo desde que, en junio de 2019, inició su primer quinquenio, obtuvo por vía constitucional el dominio sobre las fuerzas militares y policiales y ya avanzó como favorito para reelegirse.
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