San José.— Cuando el mexicano Luis Alfredo “N” cayó preso en esta capital en junio de 2019 con una carga de 195 kilos de cocaína valorada en más de un millón 300 mil dólares, activó una alarma que llevó, el pasado martes, a desarticular una red criminal de México, Colombia y Costa Rica que blanqueó dinero sucio con licitaciones en una dependencia gubernamental costarricense.
En 37 allanamientos que ejecutó el martes anterior en tres provincias (estados) de este país, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), política técnica adscrita al Poder Judicial de Costa Rica, capturó a otro mexicano, Abelardo “N”, a dos colombianos y a 23 costarricenses, entre ellos 14 empleados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y uno del (estatal) Banco Nacional.
Los criminales contactaron “a los funcionarios para que les dieran facilitación en las licitaciones. De esa manera, el dinero en efectivo sucio, ilegítimo y de origen oscuro, se mezcla con dinero bancarizado del Estado y eso le permite darle una apariencia de legalidad e insertarlo en el sistema financiero”, subrayó.
La Fiscalía General de Costa Rica informó que los 26 fueron acusados como sospechosos de integrar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.
El presidente del AyA, Tomás Martínez, anunció que, aunque ignora los detalles, ayudará en la indagatoria con lo “que se nos requiera” para determinar si funcionarios de esa institución “están relacionados con los hechos irregulares” mediante contratos en oficinas regionales. “Que no haya tolerancia a ningún acto ilícito ni de corrupción”, pidió.
Métodos
La estructura mafiosa creó sociedades anónimas legales de empresas constructoras que, “con la aparente ayuda” de funcionarios del AyA, ganaron las licitaciones públicas y lograron “la aparente legitimación de capitales provenientes del narcotráfico” en un operativo que, desde 2020, ya superó un aproximado a un millón 330 mil dólares, informó el OIJ.
La investigación inició el 26 de junio de 2019 cuando el OIJ capturó al mexicano Luis Alfredo “N” tras interceptarlo en su automóvil en una ruta de circunvalación del sureste capitalino y dentro del vehículo halló 195 kilos de cocaína, confirmó.
Al mexicano se le vinculó con un colombiano con antecedentes de narcotráfico, por lo que “a estos sujetos se les ligó también con otros (…) colombianos y con costarricenses quienes también conformaban la aparente organización”, detalló.
Según el OIJ, un empleado de un banco estatal asesoró a la organización criminal sobre el procedimiento de “realizar créditos bancarios para ocultar la forma en que el grupo legitimaba el dinero y la obtención de moneda extranjera sin generar alerta ante el sistema bancario”.
Precedidos por el hallazgo en agosto de 2020 de 200 kilos de cocaína en un operativo en una vivienda al noroeste de esta ciudad, los allanamientos del martes pasado llevaron a la confiscación de maquinaria de las supuestas firmas constructoras, documentos, archivos, bases de datos de AyA y otros “que son importantes para la investigación”, de acuerdo con el reporte. No se identificó al cártel mexicano enlazado a esta agrupación.
Ofensiva
El caso evidenció la intensa incursión de los cárteles mexicanos del contrabando global de drogas en Costa Rica, con una posición geográfica ideal como puente entre los puntos colombianos de producción de cocaína con el tráfico terrestre, marítimo y aéreo desde Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá hacia los mercados de consumo en Estados Unidos, vía Centroamérica y México.
Costa Rica se consolidó en este siglo como plataforma para recibir drogas procedentes del sur de América, almacenarlas y reexportarlas por Centroamérica hacia su meta principal: México y EU. “En vez de retroceder, el narcotráfico mexicano en Costa Rica avanza y se afianza cada vez más”, afirmó el abogado constitucionalista costarricense Walter Rubén Hernández, exviceministro de Justicia, exembajador en Venezuela y consultor internacional en delincuencia común y organizada.
“Costa Rica es ruta de paso al sur y al norte. El narcotráfico tiene una penetración muy fuerte porque la falta de profesionalismo en Costa Rica en diferentes estructuras ha permitido que personas con amplísima experiencia de México u otras regiones fueran asentando sus reales en Costa Rica”, narró Hernández a este diario.
“Hoy por hoy no hay una actividad importante [en Costa Rica] que no esté ligada de alguna manera, directa o indirectamente, con el narcotráfico, con el lavado de dinero y con todo lo que ello conlleva”, aseveró.
En un país que en 1948 abolió el ejército y confió su protección interna a una policía civil gubernamental y en cuerpos estatales de seguridad y vigilancia, las cadenas criminales del contrabando de drogas atacaron desde los últimos 25 años del siglo XX e infiltraron los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
“Costa Rica está penetrada, con un pie adentro y otro afuera de la sala de cuidados intensivos [por el narcotráfico]. Están penetradas muchísimas otras áreas de los estratos sociales (…) y de todas las áreas del gobierno”, relató Hernández.
El Cártel de Sinaloa, que está entre los más poderosos y peligrosos de México, se mostró como uno de los más activos en los últimos 20 años en Costa Rica, donde también operan los de Los Zetas y de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica indicó a este periódico en 2020 que incautó 51.5 toneladas de cocaína y 37.6 del 1 de enero al 9 de noviembre de 2021. El OIJ no aportó datos de sus decomisos.
Leer también: Declaran culpable a joven por matar a su abuelastra, tras juego de verdad o reto