San José.— Nicolás Maduro, en Venezuela; Evo Morales, en Bolivia; Juan Orlando Hernández, en Honduras; Gustavo Petro y Ernesto Samper, en Colombia; Manuel Noriega, en Panamá; Roxana Baldetti en Guatemala, Dési Bouterse, en Surinam, y Jean Bertrand Aristide, en Haití, son algunos de los políticos de América Latina y el Caribe a los que se cuestionó por presuntas sospechas de nexos con el narcotráfico en los últimos 50 años. Petro, Samper, Hernández y Bouterse son los únicos presidentes o expresidentes de América Latina y el Caribe procesados por narcotráfico. A Noriega se le condenó a prisión en Estados Unidos y Francia por narcotráfico, pero nunca fue presidente. Maduro, todavía en el cargo, afronta una oferta de recompensa de EU por narcoactividad. Baldetti (vicepresidenta) sí está acusada por narcoactividad en EU, mientras que Morales y Aristide jamás enfrentaron la justicia.
El más reciente episodio involucró al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que tres diferentes medios publicaron el martes que el Cártel de Sinaloa, el más poderoso conglomerado criminal mexicano, habría aportado 2 millones de dólares a la campaña del hoy mandatario en comicios de 2006. Los reportes, basados en indagatorias de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y negados por López Obrador, precisaron que el cártel giró el dinero a asesores de la campaña del entonces aspirante presidencial opositor a cambio de que, en caso de ganar, facilitaría las actividades narcotraficantes. “No hay pruebas”, alegó anteayer López Obrador, aferrado a su inocencia.
El caso reconfirmó las historias que proliferaron por más de cinco décadas sobre maletines repletos de dólares, firmas fantasma, operativos logísticos de supuesta legalidad y múltiples rutas financieras y comerciales que permitieron a los cárteles del narcotráfico empoderarse en la política de América Latina y el Caribe con maniobras ilícitas.
La filtración golpeó a las diferentes instancias interamericanas de poder —federal, nacional, estatal, departamental, provincial y municipal— y se intensificó desde que, en 1971, EU declaró la guerra mundial contra las drogas ilícitas.
“Los políticos creen que, si el fin justifica los medios, no nos pasará nada. ¿Qué clase de política tenemos en cada uno de nuestros países que hace tratos o negocia con criminales para salir elegidos?”, planteó la pedagoga hondureña Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la (estatal) Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
“En muchos países latinoamericanos la democracia se ha arraigado como la mejor forma de gobierno, pero aún no se han establecido mecanismos o controles adecuados para combatir la invasión del crimen organizado en la estructura de poder. Muchos políticos no se oponen a aceptar fondos ilegales para campañas políticas”, describió Ayestas a EL UNIVERSAL. Tras recordar que “el problema es que las autoridades electorales no tienen forma de monitorear el uso de los fondos de campaña”, dijo que “políticos obtienen medios ilegales para ganar poder, cambiar el significado y las decisiones de los votantes y fomentar el clientelismo político y la compra de votos”.
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Turbio historial
EU emitió el 26 de marzo de 2020 una orden de arresto por narcotráfico contra Maduro, presidente de Venezuela, y ofreció una recompensa —vigente— de 15 millones de dólares por su captura. Como presidente de Colombia de 1974 a 1978, Alfonso López Michelsen (1913-2007) estableció un método para agilizar las exportaciones de café… y que lavó ganancias por tráfico de marihuana.
El colombiano Ernesto Samper ganó los comicios presidenciales de Colombia de 1994 y asumió ese año acusado de financiar parte de su campaña con dinero del ya desaparecido Cártel de Cali, uno de los principales del narcotráfico de ese país de 1970 a 2000. En su gobierno, de 1994 a 1998, nunca se quitó el fantasma del narcotráfico, pero el Congreso de Colombia archivó el caso en 1996 y lo declaró “ni culpable ni inocente”.
El colombiano Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, confesó en 2023 que inyectó dinero del narco a la campaña de su padre en 2022. El gobernante, cuyo mandato fue de 2002 a 2026, reiteró su inocencia.
Por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras de enero de 2014 a enero de 2022, fue extraditado a EU en abril de 2022 acusado de enviar 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense de 2004 a 2022. También se le denunció por recibir un millón y medio de dólares en 2013 de ese cártel para su campaña presidencial de 2013. Hernández negó los cargos.
Noriega (1934-2017), hombre fuerte de 1983 a 1989 de Panamá, fue el primer político americano de alto rango extraditado a EU por narcotráfico por lazos con el Cártel de Medellín, el más poderoso de Colombia y que operó de 1976 a 1993.
Bouterse, presidente de Surinam de 2010 a 2020 y dictador militar de 1980 a 1988, fue condenado en Países Bajos por tráfico de cocaína. Aristide, presidente de Haití en 1991, de 1994 a 1996 y de 2001 a 2004, quedó marcado por los denunciados nexos con el narcotráfico. A Morales, presidente de Bolivia de 2006 a 2019, se le atribuyó un profundo nexo con el contrabando de drogas por liderar a los productores de hoja de coca, materia prima de la cocaína.
La guatemalteca Baldetti, vicepresidenta de Guatemala de 2012 a 2015 y condenada a 31 años de cárcel en Guatemala por corrupción, aceptó en 2017 ser extraditada a EU, que reveló que el cártel de Los Zetas la reclutó ya electa y antes de asumir su cargo y le pagó 250 mil dólares para que, en funciones, la policía guatemalteca le dejara traficar sustancias ilícitas.
“La dimensión del flujo económico del crimen organizado transnacional es tan masiva que dificulta construir mecanismos de contención y penetración en el Estado”, dijo a este diario el politólogo Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del (estatal) Instituto de Altos Estudios Nacionales, de Quito. “Existen intereses del crimen organizado transnacional para influir en resultados electorales que les garanticen resultados favorables para sus agendas. Lograr gobiernos poco combativos [con el narco] sería un objetivo ideal. El Estado podría verse penetrado directa o indirectamente”.
