Miami.— El segundo mandato de Donald Trump ha colocado nuevamente a las mujeres en el centro de una batalla por derechos que alguna vez parecieron inamovibles. Desde la derogación de Roe vs. Wade hasta los recortes en programas esenciales y el desmantelamiento de protecciones laborales, las políticas de la próxima administración afectan a millones de mujeres en Estados Unidos..
El aborto sigue siendo el tema más divisivo entre la política y las estadounidenses que necesitan este procedimiento desde que fue derogado Roe vs. Wade.
EL UNIVERSAL platicó con Laura Hernández, joven de 19 años de Nuevo México y una de millones de afectadas por estas políticas; descubrió que estaba embarazada tras haber sido víctima de agresión sexual por parte de su novio. “Al principio, cuando estábamos a solas, consentí algo de intimidad, pero cuando quiso penetrarme le dije que no, pero no se detuvo”.
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Buscó un aborto en su comunidad, pero se encontró con un laberinto legal. “Llamé a varias clínicas, pero me dijeron que tendría que viajar a Colorado porque mi embarazo ya pasaba las seis semanas. No tenía dinero ni transporte. Sentí que no tenía salida”, dijo. Con el apoyo de una red de voluntarios, logró llegar a una clínica en Denver; sin embargo, la experiencia la marcó profundamente. “No debería ser tan difícil. Esto no es justicia. Esto es control”.
En zonas rurales, las barreras son aún más pronunciadas. Mary Ann, una madre de tres hijos en Mississippi, descubrió que estaba embarazada en 2023 cuando su esposo acababa de perder su empleo.
“No puedo mantener a otro bebé”, comentó la mujer, quien vive a más de 200 millas (321 kilómetros) de la clínica más cercana. Sin acceso a transporte ni tiempo para ausentarse de su trabajo, decidió recurrir a métodos no convencionales que pusieron en peligro su vida. “Nadie debería tener que poner en riesgo su vida sólo para tomar una decisión sobre su propio cuerpo”, dijo muy frustrada.
Según datos del Instituto Guttmacher, en 2020 se registraron aproximadamente 930 mil abortos en EU, lo que representa una tasa de 14.4 abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. Este incremento se observó después de un periodo de disminución constante desde 1981, cuando la tasa alcanzó su punto máximo con 29.3 abortos por cada mil mujeres.
Tras la anulación de Roe vs. Wade, varios estados implementaron prohibiciones o restricciones severas. Un estudio de octubre indicó que, en la segunda mitad de 2023, las mujeres que residen en estados donde el procedimiento está prohibido se sometieron al aborto a una tasa aproximadamente igual que antes de la derogación.
Los abortos no disminuyeron a nivel nacional después de la decisión; se observó un aumento en ciertos estados, lo que sugiere que las mujeres están viajando a zonas con leyes menos restrictivas.
Planned Parenthood, una de las organizaciones más reconocidas, no sólo proporciona servicios de aborto, sino que también educa sobre salud sexual y planificación familiar. El Center for Reproductive Rights ha llevado la lucha a los tribunales; su presidenta, Nancy Northup, ha dejado en claro que “la justicia reproductiva es parte de la justicia social”. NOW también ha sido un actor clave.
La American Civil Liberties Union (ACLU)–Women’s Rights Project ha utilizado su experiencia legal para combatir restricciones al aborto.
La violencia doméstica es otra área donde las mujeres pagan un alto precio por los recortes en programas de apoyo. En Kentucky, Sara Mejía, de 32 años, mexicana-estadounidense, contó a este medio que vivió años de abuso físico y emocional antes de decidir escapar de su casa con sus dos hijos pequeños. Pero cuando intentó buscar ayuda en un refugio, descubrió que había cerrado por falta de fondos.
“No tenía dónde ir”, comentó. “Pensé que lo mejor era quedarme y soportar ese infierno por mis hijos”, pero encontró apoyo en una red comunitaria que le proporcionó transporte a un refugio en otro estado. “Es irónico. Tienen dinero para construir muros, pero no para protegernos de los muros dentro de nuestras propias casas”, dijo.
En comunidades indígenas el problema es aún más grave. “Nos ignoran. No somos una prioridad para este gobierno”, afirmó a este diario Ana Whitefeather, una defensora que ha ayudado a documentar casos de violencia en su comunidad.
Jessica Smith, directora de un refugio en Kansas, describió a este diario la gravedad de la situación: “Cada vez que perdemos fondos, perdemos la capacidad de salvar vidas. Muchas mujeres no tienen a dónde ir y estamos fallándoles”.
Desde 2016, al menos 15 refugios en zonas rurales han cerrado en todo el país debido a la falta de financiamiento, al dejar a miles de mujeres sin opciones seguras. Esto afecta a mujeres afroestadounidense, indígenas y latinas.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Justicia de Estados Unidos (Bureau of Justice Statistics), en 2022, aproximadamente una de cada cuatro mujeres fueron víctimas de agresiones físicas por parte de su pareja. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron que, en 2022, alrededor de una de cada cinco mujeres en EU experimentaron una violación o intento de violación en algún momento de su vida.
El CDC también indica que, en 2022, cerca de 47% de ellas han sido víctimas de agresión sicológica por parte de una pareja íntima. Estudios señalan que entre 94% y 99% de las víctimas de violencia doméstica han experimentado algún tipo de abuso financiero.
NOW ha liderado campañas para promover políticas públicas que combatan la violencia de género y brinden justicia a las víctimas.
The Women’s Law Center trabaja directamente con quienes enfrentan violencia doméstica y abuso sexual, al brindarles representación legal y acceso a la justicia.
Women’s March ha utilizado la movilización social para poner la violencia de género en el centro de la discusión pública.
En el ámbito laboral, las trabajadoras encaran desafíos crecientes. Claudia Gutiérrez, de 28 años, trabaja en una planta empacadora de carne en Texas. Ha sido acosada verbalmente por su supervisor. “Me llama cosas horribles y hace comentarios sobre mi cuerpo frente a los demás”, narró. Cuando intentó presentar una queja, su gerente le dijo que no valía la pena.
Un informe del National Women’s Law Center revela que el acoso laboral ha aumentado en sectores con poca regulación, como la agricultura, la industria alimentaria y el trabajo doméstico. “Sabemos que está pasando, pero no hay nadie que nos escuche,” declaró Claudia.
En Nueva York, Jasmine Lee, una asistente legal de 35 años, luchó durante meses para recibir igual salario. “Me dijeron que el aumento no estaba en el presupuesto, pero luego contrataron a alguien más y le pagaron más que a mí”. Presentó una demanda, pero el proceso ha sido largo y costoso. “Ellos cuentan con que te canses y muchas veces lo hacen porque el sistema está diseñado para eso”, concluyó.
Las protecciones contra el acoso laboral han sido debilitadas, aseguraron especialistas, dejando a muchas trabajadoras expuestas a entornos laborales hostiles. Linda Martínez, una trabajadora de una fábrica en California, presentó una denuncia por acoso sexual en 2019. “Fue como luchar contra un muro. Ellos tenían todo el poder”, recordó Linda, quien ganó su caso, a un alto costo emocional y financiero.
Según un informe del Departamento del Trabajo de EU, por cada dólar ganado por hombres blancos no hispanos, las mujeres blancas no hispanas ganaron 80 centavos, las mujeres negras 67 centavos y las mujeres hispanas 57 centavos.
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NOW aborda también la igualdad laboral como un componente esencial de su misión.
La ACLU–Women’s Rights Project ha litigado también numerosos casos de discriminación laboral, ayudando a mujeres a defender sus derechos. The Women’s Law Center también ha abordado el problema.
Emily’s List se enfoca en capacitar y financiar a mujeres progresistas para que se postulen a cargos públicos, promoviendo políticas que favorezcan la igualdad laboral.
A pesar de estos retos, las estadounidenses han hallado formas de resistir y construir redes de apoyo. Emily Carter, quien enfrentó restricciones reproductivas en Texas, lidera una iniciativa que conecta a mujeres con recursos en otros estados. “No soy una experta ni tengo dinero, pero tengo el tiempo y la empatía para ayudar”, dijo a EL UNIVERSAL. Su programa, desde su hogar, ha ayudado a más de 200 mujeres en el último año. Linda Martínez enfrentó acoso laboral y ahora organiza talleres en su comunidad para empoderar a trabajadoras. “Les enseño cómo documentar el abuso y cómo buscar ayuda legal. No es fácil, pero cuando ves que alguien logra salir adelante, sabes que vale la pena”. En Carolina del Norte, un grupo de madres jóvenes ha creado una cooperativa para cuidar a los hijos de mujeres que trabajan largas jornadas.
La resistencia consolida en múltiples frentes. Organizaciones como Planned Parenthood, NOW y el Center for Reproductive Rights están liderando, al usar las herramientas legales disponibles para desafiar las políticas restrictivas.