AUSTIN, Texas.- En los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, un nuevo plan para sellar la frontera sur de Estados Unidos empezó a ganar impulso: Una barrera flotante para desalentar a los migrantes de cruzar desde México.
La idea nunca se materializó. Pero tres años después, el gobernador de Texas, Greg Abbott, la ha empezado a implementar.
El estado instaló este mes una barrera flotante —unas boyas de color naranja cada una del tamaño de una bola de demolición— que se extiende aproximadamente a lo largo de tres campos de fútbol en el río Bravo (Grande).
Se trata de una estrategia no probada para disuadir a los inmigrantes a lo largo de la frontera estadounidense, ya fortificada en amplios tramos con altas vallas de acero y alambre de púas. La instalación de las boyas en el río Bravo ha llevado a Texas a un nuevo enfrentamiento con el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sobre la inmigración en los mil 930 kilómetros (mil 200 millas) de frontera del estado con México.
El Departamento de Justicia ha pedido a un tribunal federal que ordene a Texas retirar las boyas, alegando que la barrera genera problemas humanitarios y medioambientales a lo largo de la frontera internacional. Abbott ha desestimado la demanda, aclamado por sus aliados conservadores, deseosos de que se genere jurisprudencia que faculte a los estados a adoptar medidas más agresivas contra la inmigración.
Esa batalla legal se produce mientras el gobierno del presidente Biden defiende ante los tribunales una nueva norma de asilo. Un juez federal bloqueó el martes la política que el gobierno considera una forma de controlar la frontera sur y que al mismo tiempo mantiene vías para que los inmigrantes puedan presentar solicitudes de asilo válidas. La orden del juez no entrará en vigor hasta dentro de dos semanas.
Este es un vistazo de lo que hay que saber sobre la barrera flotante:
Al igual que otros elementos de la multimillonaria misión fronteriza de Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria, las boyas son un plan retomado del gobierno de Trump.
En 2020, Mark Morgan era el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés). Le comentó a The Associated Press el martes que él aprobó los planes para desplegar la misma barrera flotante en el río Bravo que Texas está utilizando actualmente.
Ese agosto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército publicó una licitación para un “sistema de barrera de boyas” que “merme la capacidad de los nadadores para trepar” o pasar por debajo.
Morgan lo llamo el “muro acuático”.
“En realidad, se diseñó como una solución provisional para zonas de gran afluencia en las que no disponíamos de una estructura física”, explicó Morgan.
Portavoces de la CBP no respondieron el martes a preguntas sobre los planes de 2020. La Comisión Internacional de Límites y Aguas, cuya jurisdicción incluye la demarcación de fronteras y la supervisión de los tratados entre Estados Unidos y México, dijo que no recibió ninguna información de Texas sobre la barrera flotante del estado.
Los expertos han expresado su preocupación por la posibilidad de que las boyas modifiquen el caudal del río o de que queden objetos atrapados en ellas. Morgan, que ahora es profesor invitado de la Heritage Foundation, dijo que las revisiones ambientales bajo la presidencia de Trump plantearon problemas con la barrera, pero dijo que no podía recordar detalles específicos.
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No está claro con qué rapidez se pronunciará un juez federal de Texas sobre la demanda del gobierno de Biden.
Hasta entonces, quedarán unos 305 metros (mil pies) de barrera en una porción del río Bravo que separa Eagle Pass, Texas, de Piedras Negras, México. El gobierno mexicano también ha expresado su preocupación por la barrera, alegando que puede violar los tratados de 1944 y 1970 sobre fronteras y aguas.
La demanda del gobierno de Biden acusa a Texas de violar la Ley de Ríos y Puertos. Vanita Gupta, fiscal general adjunta, dijo que Texas “pasó por alto la ley federal” y se arriesga a perjudicar la política exterior de Estados Unidos.
Las boyas son la última escalada en la misión fronteriza de Texas, que también incluye patrullas de la Guardia Nacional, cárceles que albergan a inmigrantes detenidos por cargos de invasión de propiedad privada y solicitantes de asilo enviados a ciudades de Estados Unidos gobernadas por demócratas.
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Abbott ha intentado posicionar al estado republicano más poblado de Estados Unidos como el principal antagonista de las políticas fronterizas del gobierno de Biden. El año pasado, Abbott ganó fácilmente un tercer mandato en una campaña centrada en las políticas fronterizas.
En una carta enviada a Biden esta semana, Abbott afirmó que el estado estaba actuando dentro de sus derechos para proteger sus fronteras.
“Texas lo verá en la corte, señor presidente”, escribió.
Dijo que era el gobierno de Biden el que ponía en peligro a los inmigrantes al no hacer más para disuadirles de emprender el viaje a Estados Unidos.
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