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Bruselas.— Con una multa millonaria y sentencias contra dos antiguos funcionarios de menor rango, el Tribunal Regional de Stuttgart dio por concluido ayer el proceso por la transferencia irregular de miles de fusiles a México por parte de la firma alemana Heckler & Koch.
El tribunal determinó que la empresa alemana deberá pagar 4.2 millones de dólares, equivalente al precio de las armas transferidas a los estados mexicanos vetados por la ley germana. El castigo fue por la entrega deliberada de información incorrecta a las autoridades regulatorias alemanas por parte de quienes en ese momento eran sus empleados.
La decimotercera Gran Sala de Asuntos Económicos Penales del Tribunal Regional de Stuttgart encontró culpables por tráfico ilegal de armas a México a dos exempleados: el jefe de ventas Ingo Sahlmann y la empleada administrativa Marianne Beuter.
El primero deberá cumplir un año y 10 meses de libertad condicional y pagar una multa de 80 mil euros, mientras que el segundo recibió una pena de un año y cinco meses de libertad condicional y 250 horas de trabajo comunitario. Fueron absueltos los dos directores ejecutivos de la empresa Peter Beyerle y Joachim Meurer, así como Wolfram Mackrodt, antiguo director de ventas; Markus Bantle, otro de los señalados en la acusación, se encuentra en México y no se presentó al proceso por cuestiones de salud. La fiscalía había demandado originalmente dos años de prisión para los acusados.
“Por primera vez en la historia de Alemania hay una condena por exportación ilegal de armas”, dijo Carola Hausotter a EL UNIVERSAL, coordinación alemana por los derechos humanos en México. “Aunque nos queda la sensación de que se quedó corta: hay castigo para los empleados pequeños y no para los jefes”. Tras 10 meses de audiencias, el tribunal determinó que el fabricante exportó a México de manera indebida 4 mil 219 rifles de asalto G36, dos ametralladoras y mil 759 cargadores entre 2006 y 2009.
El equipo habría tenido como destino Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guerrero, estados vetados por la regulación alemana por su alto índice de violaciones a las garantías individuales. El tribunal precisó que no se trató de un juicio sobre la política armamentista alemana, al tiempo que determinó que no hubo mala conducta por parte de las autoridades involucradas en la emisión de los permisos.
“El juicio nos dice que el sistema de control sobre el uso final del armamento falló. El siguiente paso será reformar el sistema para contar con uno que realmente controle la exportación”, sostuvo Hausotter. La red de ONG involucrada en el proceso ha solicitado a Berlín que parte del monto que pagará Heckler & Koch sea destinado a combatir las violaciones de derechos humanos en México.
