San José. – Cada vez que una mujer pierde su libertad y entra a prisión en América Latina y el Caribe exhibe el profundo fenómeno de la vulnerabilidad social como víctima que arrastra un historial de pobreza, discriminación y violencia de género.
Obligadas por sus compañeros sentimentales a involucrarse en el narcomenudeo o a llevarles drogas a las prisiones y convertidas en víctimas de la agresión familiar, del patriarcado y de la marginación socioeconómica, las mujeres latinoamericanas y caribeños que son privadas de su libertad ocupan los cargos de menor importancia en las redes criminales del área.
“El aumento de la población carcelaria femenina parece una tendencia mundial. Tiene que ver en todas partes con lo mismo: la criminalización de la micro droga (narcomenudeo)”, afirmó, por su parte, la chilena Macarena Sáez, directora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Right Watch (HRW), organización de defensa de derechos humanos y con sede en Washington.
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“Encarcelan a las que trafican ‘micro montos’. Tienden a ser mayoritariamente mujeres que han sufrido violencia sexual y doméstica, y son cabezas de familia y con hijos. Por necesidad económica entran a esta espiral de delincuencia muy baja”, dijo Sáez a EL UNIVERSAL.
“El sistema carcelario fue pensado para una población masculina. Las cárceles carecen de estructura para mujeres. No hay privacidad ni servicios para las necesidades de las mujeres en salud sexual y reproductiva”, explicó.
Al destacar que las prisiones latinoamericanas y caribeñas “son construidas pensando en personas que tampoco tienen dependientes y en lugares muy alejados”, planteó que “las familias tienen poco acceso para visitas. Son mujeres visitando a mujeres, a las madres, por ejemplo”.
“Cuando las jefas de familia son encarceladas se rompen núcleos familiares y quedan sin condiciones para recibir visitas. A diferencia de los presos, las mujeres no reciben visitas de hombres. Cuando son encarceladas, el hombre las abandona. Los hombres encarcelados sí tienen mujeres fieles que los visitan”, puntualizó.
En lo que describió como una violación de las reglas específicas del derecho internacional sobre tratamiento de las encarceladas, Sáez denunció que una tendencia es que, cuando las presas embarazadas van a dar a luz, “las tienen encadenadas y amarradas a las camillas. No se puede tener un parto seguro y sin dolor si falta movilidad”.
Otro conflicto emerge con que, por ser jefas de familia, tampoco tienen donde dejar a sus hijos.
“Cuando dan a luz y tienen a hijos de un año o menores, el problema es qué hacer con sus hijos, donde amamantarlos. Las cárceles carecen de condiciones (para esa posibilidad). La solución es no encarcelar a las que tienen hijos (que requieren) de cuidado dependiente cuando no están condenadas por delitos violentos”, señaló.
“Si están condenadas por delitos violentos que tienen que ver con abusos domésticos y están condenadas por matar a su marido no son mujeres peligrosas que van a matar a otras personas”, aseveró.
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Víctimas eternas
Un informe de Washington Office on Latin America (WOLA por sus siglas en inglés) planteó que el encarcelamiento femenino expone una realidad: son mujeres que, en su mayoría, viven en pobreza y marginalización, tienen bajos rangos de educación, enfrentan más vulnerabilidad económica que los hombres, están desempleadas o subempleadas, son las principales cuidadoras de hijas, hijos y ancianos, son víctimas de violencia doméstica y sufren problemas de salud mental y de drogadicción.
Las encarceladas por narcotráfico “cometen ofensas no violentas, la mayoría no tienen antecedentes penales y presentan bajos niveles de reincidencia”, aseguró WOLA, institución no estatal de Estados Unidos defensa de derechos humanos.
“Estas mujeres, usualmente, operan en el nivel más bajo del crimen organizado y, generalmente, están involucradas en el tráfico de pequeña escala, transporte de drogas dentro de un país o a través de fronteras, la introducción de drogas en las prisiones y el cultivo de plantas para ser procesadas como sustancias controladas”, detalló.
Basado en cifras mundiales, el estudio mostró que, de 2000 a 2017, el encarcelamiento de mujeres aumentó 53% mientras que el de los hombres subió 195. Con respecto a América Latina y el Caribe, precisó que la población femenina y masculina en cárceles se incrementó “en proporciones alarmantes” y que en las últimas dos décadas “la tasa de encarcelamiento se ha duplicado de 118.8 a 241 por cada 100 mil habitantes”.
Un escenario de persecución a las mujeres surgió con la decisión de EU de lanzar, en junio de 1971, una guerra mundial contra las drogas. Este fenómeno es especialmente evidente en América Latina. Las mujeres latinoamericanas han sido desproporcionadamente afectas por estas políticas represivas”, aseguró el reporte.
Los datos disponibles “muestran que en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela los delitos relacionados con las drogas son los (…) más comunes para las mujeres privadas de la libertad”, reveló, al confirmar que una encuesta de 2018 demostró que el 87% de las encarceladas en ocho países del área tiene hijos e hijas.
En un desglose por raza, etnia, condición migratoria, con documentos de identidad, estado socioeconómico, condición de calle, dependencia de drogas, e historial de salud “que atraviesan las vidas en contextos de encierro”, refirió que las negras o afrodescendientes en Brasil y Panamá “están desproporcionalmente representadas en las prisiones”.
Las indígenas son “una parte significativa de las (…) encarceladas” por casos de drogas en la región, pero en particular en México y Perú, subrayó.
La investigación determinó que las mujeres migrantes o extranjeras son perjudicadas por “las políticas punitivas de drogas” y que, aunque los porcentajes “no son tan altos comparados con el resto de la población”, enfrentan desafíos particulares: situación migratoria irregular, carencia de vivienda o empleo estables y dificultades para “lidiar” con un sistema de justicia penal al que desconocen.
