San José. –
Tras casi tres años de agonía forzosa por acoso del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) morirá hoy, en un escenario de creciente incertidumbre interna sobre el futuro del ataque a la corrupción.
Creada en 2006 a petición de Guatemala y con aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU) e instalada en 2007 en apoyo al Ministerio Público (fiscalíageneral), la CICIG concluirá hoy su mandato, ya que Morales se negó desde 2018 a renovarlo.
“El modelo histórico de privilegios, impunidad y corrupción de la sociedad guatemalteca no soportó esta terapia de ‘shock’ de la CICIG al combatir la impunidad de la élite económica, política y militar”, dijo el guatemalteco Manfredo Marroquín, presidente del grupo (no estatal) Acción Ciudadana, promotor de la decencia en la labor pública en Guatemala.
“Al tocar la CICIG a todos al mismo tiempo, se hizo un espíritu de cuerpo para que todos dijeran: ‘O es la CICIG o somos nosotros’. Se pusieron de acuerdo” para sacarla, narró Marroquín a EL UNIVERSAL. “El futuro es volver al modelo tradicional: la élite mantiene privilegios en un Estado corrupto”, advirtió.
“Gracias a Dios los echamos”, proclamó Morales anteayer, al fustigar a “aquellos que vienen fuera de nuestro país y que quieren propasarse retorciendo nuestras leyes”.
Al ganar la presidencia en 2015 sin pasado político y famoso como payaso del cine y la televisión y asumir en 2016, Morales respaldó a la CICIG, pero la asedió a partir de que, en septiembre de 2016, la Comisión acusó a su hijo, José Manuel, y a su hermano, Samuel, de fraude continuado. Ambos fueron absueltos el 19 de agosto anterior.
A Morales le incomodó que, como presidente, la CICIG le indagó por supuesto financiamiento electoral ilícito en su campaña de 2015.
En este escenario, la guatemalteca Sandra Torres, candidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza en los comicios de junio y agosto de este año y derrotada por el derechista Alejandro Giammattei, de Vamos, fue detenida ayer por presunto financiamiento electoral ilícito de unos 3,6 millones de dólares en la contienda de 2015.
Historial. Las pesquisas de la CICIG provocaron la renuncia y el encarcelamiento desde 2015 del entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez (2012-2015), y el arresto en 2018 del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) por supuesta corrupción.
La ONU reveló ayer que, en 12 años, la Comisión acusó a más de mil 500 personas, procesó a más de 660 y, a julio de 2019, logró 400 condenas.
El principal logro fue generar “conciencia ciudadana” de que “sí era posible” combatir la corrupción con investigaciones “serias y profundas” sin importar “quien sea la persona a la que se está investigando”, adujo el colombiano Iván Velásquez, último jefe de la CICIG, citado ayer por medios de prensa de la ONU.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó en 2017 un plan de Morales para expulsar a Velásquez. Morales impidió en septiembre de 2018 su entrada a Guatemala por alterar la seguridad pública, la gobernabilidad, la justicia y la paz y anunció para hoy el fin del mandato de la CICIG.
Hoy es un día “desafortunado”, lamentó el guatemalteco Jordan Rodas, jefe de la (estatal) Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, entrevistado por este diario.
“La CICIG no fue impuesta por la ONU: Guatemala la pidió soberanamente. Y dejó un balance más positivo que negativo, fortaleció la justicia y evidenció que la corrupción está arraigada a todo nivel en Guatemala. Con la CICIG, la sociedad guatemalteca salió de su letargo”, relató.