Washington.— Cuando parecía que la novela de la trama rusa había terminado, resucitó con más fuerza que nunca y avivando las llamas que piden el impeachment del presidente Donald Trump. Ayer se cerró de forma oficial la investigación con la clausura de la oficina del fiscal especial de la pesquisa, pero en lugar de zanjar el asunto dejó todo abierto, especialmente la posible conducta delictiva del mandatario estadounidense con una potencial obstrucción de justicia.
Robert Mueller, quien fue el fiscal especial para el Rusiagate, se negó a exonerar a Trump. Convertido en una figura fundamental de la trama política de Washington en los últimos meses, Mueller habló en público para reiterar que no es que no hubiera delitos por parte del mandatario, sino que por imperativo legal no pudo hacer una imputación formal contra él.
“Un presidente no puede ser acusado de un crimen federal mientras está en el cargo, así que acusarlo de un crimen no era una opción que pudiéramos considerar”, dijo Mueller, contradiciendo al fiscal general, William Barr, quien hace tiempo dijo que la falta de acusación formal se debía a que no había pruebas. Ayer se demostró que Barr mintió, al público estadounidense y al Congreso, sobre las razones por las cuales no hubo imputación del presidente en obstrucción de justicia.
Hacía dos años que no se escuchaba la voz de Mueller, hermético durante sus pesquisas y celoso de la privacidad y seriedad de las mismas. La de ayer fue la primera y última comparecencia pública sobre el tema del Rusiagate. Hasta ahora, Mueller sólo había hablado a través de documentos judiciales y de su famoso reporte, 448 páginas entregadas en marzo, tras 22 meses de investigación. Todos esperaban que aclarara dudas de por qué, a pesar de una decena de pruebas de obstrucción, no inició un proceso criminal contra el mandatario de EU.
“Tras la investigación, si hubiéramos tenido la confianza de que el presidente no cometió un crimen lo hubiéramos dicho. No lo dijimos”, repitió Mueller, dejando entrever que sí hay caso de obstrucción, pero que él tenía las manos atadas. Como en su reporte, el exfiscal pasó la pelota al bando del Congreso.
“La Constitución requiere un proceso distinto al sistema de justicia criminal para acusar formalmente de un delito a un presidente en el cargo”, una declaración nada velada dirigida al Congreso para que inicie el proceso para destituir a Trump. Básicamente, Mueller les dijo a los congresistas que lean el reporte y tomen la decisión que consideren oportuna. Él, con las herramientas y opciones que tenía, no podía hacer más.
Las palabras de Mueller despertaron un volcán de demócratas exigiendo el juicio político. “Está jugando a Taboo con el Congreso: la palabra es impeachment”, tuiteó la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Varios candidatos presidenciales, como Cory Booker, Pete Butiggieg o Kamala Harris pidieron al Congreso que iniciaran el proceso.
El liderazgo del partido, sin embargo, todavía es reticente a pesar de dejar “todas las opciones sobre la mesa”. “Necesitamos un caso convincente”, dijo Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes. “Queremos hacer lo que es correcto y lo que dé resultados”, añadió, rebajando las expectativas de un proceso inmediato. Según la cuenta de NBC, antes del discurso de Mueller al menos 41 congresistas (40 demócratas y un único republicano) habían expresado su apoyo a abrir el proceso de impeachment contra Trump.
La Casa Blanca se mantuvo en su calma habitual. “Nada cambia del reporte de Mueller”, tuiteó el presidente estadounidense. Sin embargo, hubo un cambio de matiz: el mantra “no colusión, no obstrucción” desapareció de su lenguaje, para modificarlo por “hubo insuficiente evidencia”. “¡El caso está cerrado!”, sentenció Trump. Nada más lejos de la realidad.