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Morales defiende decisión sobre CICIG

Argumento. El presidente Jimmy Morales afirma que poner fin a la CICIG no viola la ley. (ARNULFO FRANCO. AP)
07/09/2018 |01:12
Redacción
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San José.— El gobierno guatemalteco acusó ayer a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de convertirse en un aparato clandestino o paralelo, similar a los que pretendía combatir, y exigió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que deje de intervenir en los asuntos internos de ese país.

Tras recordar que la meta de la CICIG, creada en 2006 con aval de la ONU y en funciones desde 2007, fue “erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad”, el gobierno aseguró que, al ejecutar su tarea sin respeto constitucional, la Comisión se transformó “en una estructura paralela, a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir”.

En rueda de prensa en la capital guatemalteca, la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, envió un mensaje a Guterres: “Usted está al servicio de los Estados miembros y es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas, que pretenda constituirse en una instancia supranacional que dicte a los gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos”.

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La CICIG “abusó y se extralimitó en su mandato”, recalcó.

En desafío a la decisión que el presidente Jimmy Morales adoptó el martes pasado, de impedir el regreso al país del jurista colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, Guterres pidió al jerarca de la Comisión que la siga dirigiendo desde el exterior, ya que el lunes viajó a Estados Unidos.

Morales alegó que el Velásquez “atenta” contra la seguridad y la paz de Guatemala.

Con este escenario, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, se comunicó ayer por teléfono con Morales en apoyo a “la soberanía” guatemalteca y a reformar a la CICIG, informó el gobierno de EU.

Washington es fuente financiera clave de la Comisión. Morales anunció el pasado viernes que desistió de pedir a la ONU renovar el mandato de la Comisión, porque esa instancia nunca aceptó plegarse a la legislación guatemalteca. El mandato acabará el 3 de septiembre de 2019, con Velásquez como jefe desde octubre de 2013.

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