Cuando el presidente de México envió una carta a España para demandar una disculpa pública por los agravios cometidos durante la Conquista, el destinatario elegido fue el rey, no el presidente del gobierno. Sin embargo, la respuesta que emitió Madrid provino, como era de esperarse, por parte del gobierno, concretamente desde la Cancillería española. Ello obedece a que en una monarquía como la española, el rey carece de atribuciones para fijar la postura diplomática de su país.
En los muchos memes y comentarios que aparecieron posteriormente en las redes sociales mexicanas se decía que si a los españoles les parecía ridículo y extemporáneo que AMLO formulara este reclamo, era más ridículo y anacrónico que ese país todavía tuviera una monarquía.
España no está sola en este rubro. Actualmente, en pleno siglo XXI, 44 países cuentan con un monarca como jefe de Estado. La mayoría de ellas son monarquías constitucionales y democráticas en las que el poder del soberano se encuentra reducido al mínimo, asignándole tareas esencialmente ceremoniales y protocolarias.
En los regímenes parlamentarios, como es el caso de Reino Unido, Dinamarca, Canadá o la misma España, el monarca recibe los resultados electorales y simbólicamente solicita al líder del partido que haya conseguido más escaños que forme gobierno. En Gran Bretaña, es la reina quien se encarga de leer el programa del primer ministro en turno en la sesión solemne con que dan inicio los trabajos del Parlamento.
Todavía existen, sin embargo, regímenes monárquicos donde los reyes ejercen un poder real y prácticamente sin contrapesos, muy semejante al absolutismo que predominó en el mundo hasta hace dos siglos y medio.
Este es el caso de las monarquías árabes, donde reyes y sultanes dominan la escena política, emiten decretos de observación general y tienen la última palabra en la impartición de la justicia o las costumbres que deben acatar sus súbditos. Arabia Saudita destaca dentro de ese universo en extinción, con una Casa Real que establece desde los niveles de producción petrolera hasta el derecho de las mujeres a conducir un automóvil, quienes pueden visitar La Meca o los castigos que deben purgar los infractores de la ley.
Este tipo de reinados, prácticamente de corte medieval, se encuentran en franca minoría, al borde de la extinción. En el resto del mundo árabe, sea en Marruecos o Jordania, los jerarcas mantienen aun prerrogativas de poder real, pero cada vez más acotado por la acción de sus sociedades. No obstante, el reloj camina lento en esas naciones: es de llamar la atención que durante la Primavera Árabe, los levantamientos civiles se dieron únicamente en países sin monarquías: en Egipto, en Túnez, en Libia y, más recientemente, en Argelia. Ello demuestra que el control de la corona sigue siendo eficaz en algunas sociedades.
La monarquía es descendiente directa de las formas más antiguas de gobierno; hija de los jefes tribales, de los grandes guerreros y conquistadores. Aunque estuviesen desconectadas, todas las civilizaciones tuvieron en su momento una figura análoga: el Faraón, el César, el Kan, el Zar, el Emperador o nuestro Tlatoani. Desde la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, el modelo republicano fue ganándole espacio a las coronas, tanto en el número de países que lo adoptaron, como en la limitación de las facultades del monarca ahí donde subsistió la realeza. Al siglo XX los historiadores lo llamaron “el siglo de los pueblos” porque de manera sistemática los ciudadanos ganaron el derecho a gobernarse a sí mismos, eliminando los privilegios que provenían de la sangre o de la tradición.
Así las cosas, la pregunta principal que debemos formularnos es ¿por qué subsisten las casas reales en uno de cada 20 países del mundo, algunos de ellos de gran avance político y económico como Japón, los países escandinavos o la misma Gran Bretaña?
Quizá la razón principal, más allá de la tradición, la historia y las costumbres, se encuentre en el sentido de unidad cultural que simbólicamente se adjudica a las monarquías. La jefa del Estado británico o el emperador japonés constituyen una representación del pueblo entero, más allá del partido que ostente el turno de gobernar y tienen a su cargo conservar y fortalecer la esencia que los define y distingue ante otras naciones. De ahí que una porción apreciable de ex colonias británicas, como Canadá o Australia, conserven a la soberana inglesa como su jefa de Estado; como un recuerdo —para muchos anacrónico— de sus orígenes británicos, de su pertenencia quizá a una familia extendida.
Como factor de unidad nacional, las coronas de Bélgica y España han enfrentado enormes retos ante los amagos de separación de alguno de sus componentes, como es el caso de Cataluña o de dominio de un segmento de la sociedad sobre los demás, como se observa con los flamencos.
En este tipo de circunstancias, la corona debería servir como una especie de pegamento que explique y convenza sobre las virtudes de mantener la unidad y propósitos comunes. En el caso de estos dos países, la fortaleza de ese pegamento está en tela de juicio.
En las sociedades modernas, uno de los ángulos más atendibles de una monarquía es servir como vehículo para reconocer los logros, los descubrimientos y las contribuciones de sus ciudadanos más connotados. Es el rey o la reina quien confiere distinciones y condecoraciones a los científicos, los escritores o los artistas que mejor proyectan a sus países frente al mundo. Esta función, no obstante, existe también en regímenes republicanos, aunque se realice de manera más austera.
Así, salvo en los regímenes más autoritarios y verticales, donde aún mandan de verdad los reyes, las monarquías subsisten en la medida en que los ciudadanos perciben a la corona como parte consustancial de su identidad nacional. Es sin duda una institución curiosa, toda vez que subsiste, a pesar de haber perdido la función primordial que le dio origen: mandar y gobernar.