San José. – Con la amenaza de seguir perdiendo la guerra contra el crimen organizado y tener que hincársele a las mafias, un vasto sector de la clase política de América Latina y el Caribe—de Ecuador a Argentina, de Costa Rica y Panamá a Honduras y Guatemala o de República Dominicana, Perú y Paraguay a Chile y Brasil—soñó en los últimos 21 meses con la idea de copiar e imponer el “modelo Bukele” en sus países para arrasar con los delincuentes.
Con fama de éxito, el aparato que el presidente salvadoreño, el derechista Nayib Bukele, implantó desde marzo de 2022 en El Salvador para restablecer la seguridad ciudadana al imponer un estado de excepción con fuerzas militares y policiales, ejecutar arrestos masivos indiscriminados y arbitrarios, efectuar juicios multitudinarios con sentencias en bloque y construir cárceles para 40 mil reclusos… quedó teñido de autoritarismo.
La fórmula del cuestionado mandatario permitió encarcelar a más de 70 mil presuntos criminales—mujeres y hombres, menores de edad y en especial miembros de las pandillas o maras Salvatrucha y 18—y sin tampoco lograr sepultar a la criminalidad organizada. El sistema logró reducir los homicidios y otros índices, pero agravó las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a las estructuras estatales de seguridad.
Aunque los promotores en América Latina y el Caribe de copiar ese modelo acusaron a Cuba, Nicaragua o Venezuela de violar los derechos humanos, parecieron ahora dejar a un lado o marginar ese factor en sus países: de elegir entre derechos humanos y seguridad… privilegiaron seguridad, como hizo Bukele.
“El ‘modelo Bukele’ no es exportable: es una farsa”, afirmó la abogada salvadoreña Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, instancia no estatal de defensa de los derechos humanos de El Salvador.
En una entrevista con EL UNIVERSAL, informó que la organización acusó ayer a Bukele y a los diputados en un juzgado del nororiente por emitir decretos, como el de excepción, y reformas penales que permitieron cometer crímenes de lesa humanidad, de marzo de 2022 a diciembre de 2023, con 220 personas—218 adultos y dos niños—que murieron en prisiones.
También denunció ante la Fiscalía General de El Salvador a tres jerarcas del gobierno de Bukele por “posibles” violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada e incumplimiento de órdenes judiciales en el estado de excepción, precisó.
Ese régimen “es una exitosa tregua con las pandillas. Eso Bukele no lo dice. Pero los acuerdos con las pandillas están pegados con saliva. En cualquier momento, cuando estos acuerdos se acaben por falta de liquidez para dar dinero (a sus líderes), volveremos indudablemente al nivel de homicidios que hoy están ocultando”, aseveró.
Al subrayar que “hay 6 mil desaparecidos en cinco años de Bukele que no sabemos dónde están, si están enterrados ni quien los mató”, alertó que en El Salvador “todo está en reserva. El ‘modelo Bukele’ absolutamente no es exportable ni para emular”.
“Recibo denuncias diariamente sobre personas arbitrariamente capturadas: 23 mil personas que muy probablemente son inocentes porque hay dudas razonables. Por esa causa estamos luchando”, aclaró.
Bukele, cuyo quinquenio empezó en 2019 y concluirá el próximo primero de junio con posibilidad de reelegirse en febrero entrante para uno consecutivo, negó ser autoritario, dictador, antidemócrata, violador del orden constitucional y de los derechos humanos, torturador o monopolizador del poder.
Con sus defensores, Bukele refutó los alegatos de derechos humanos y adujo que nunca nadie pensó en los de las víctimas de las maras y otras redes de la delincuencia.
Por eso, las ansias de remedar a Bukele resurgieron con fuerza por la sanguinaria crisis de muerte, violencia e inseguridad que se agravó esta semana en Ecuador.
Una violenta irrupción delincuencial con un caos callejero que estalló el pasado martes en Ecuador obligó al presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, a decretar estado de “conflicto armado interno” y movilizar militares y policías para “neutralizar” y combatir a 22 grupos criminales de ese país como terroristas y actores no estatales beligerantes.
Asediadas por sus crecientes tormentas internas de inseguridad, influyentes clases políticas de Haití, Argentina, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala y otros países del área reconocieron que soñarían con utilizar el “modelo Bukele” en sus naciones.
En julio de 2023, en su campaña por la presidencia de Argentina (que ganó en noviembre anterior), el ultraderechista Javier Milei, envió a cuatro de sus asesores a El Salvador a estudiar la experiencia salvadoreña de seguridad ejecutada de manera implacable por Bukele.
El Salvador y Ecuador “están innovando en la gestión contra las bandas criminales. Yo no conocía el precedente de declarar esas acciones como conflicto armado interno o no internacional (como en Ecuador)”, alegó la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, agrupación no estatal de Caracas sobre estudios militares.
“Esto puede estar siendo mirado por México, Venezuela y Brasil con mucho interés, sobre todo a partir del momento en que la Asamblea Nacional de Ecuador ofreció (esta semana) amnistías anticipadas a los militares ecuatorianos para las operaciones a desplegar”, dijo San Miguel a este diario.
Tras insistir en que “estamos frente a situaciones complejas en las que vamos a encontrar todo un catálogo de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador y en Ecuador”, anticipó que “también vamos a encontrar aplausos de sectores de la sociedad que se sienten satisfechos de cómo finalmente se castiga a estas bandas criminales”.
“El Salvador no puede terminar con la criminalidad exportándola. No se puede gestionar la solución del crimen trasnacional por la vía de un conflicto armado no internacional y menos con amnistías generalizadas. Lo de Ecuador potencia aún más el perfil de Bukele”, pronosticó.