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San José
.- En el fragor de las convulsiones sociopolíticas de 2018 y 2019 en Venezuela , Nicaragua , Perú , Ecuador y Chile , los respectivos presidentes de esos países ( Nicolás Maduro , Daniel Ortega , Martín Vizcarra , Lenín Moreno y Sebastián Piñera ), aparecieron en televisión flanqueados por los jefes militares o policiales para advertir a sus pueblos que adoptaron medidas extremas para restablecer la paz y la normalidad y hacer respetar la institucionalidad.
Al amparo de las castas de seguridad con capacidad de fuego y de reacción con tropas represivas, Maduro , Ortega , Vizcarra , Moreno y Piñera mostraron su dependencia de las fuerzas castrenses, paramilitares y policiales para preservar su poder, aunque argumentaron en su defensa de que su actitud está apegada al respeto del Estado de derecho.
“Así, entre débiles democracias, gobiernos civiles con mentalidad represiva y militares decidiendo sobre la política, América Latina y el Caribe se debaten todavía entre las tensiones de las sociedades que demandan nuevos tiempos democráticos y los viejos autoritarismos revestidos con nuevos ropajes”, dijo la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, investigadora de la (no estatal) Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, de Costa Rica.
“No hemos completado la tarea todavía”, lamentó Cuadra, especialista en análisis de conflicto y de seguridad, consultada por EL UNIVERSAL.
“La llegada de las democracias, incipientes y asediadas, los colocó (a los militares) en segundo plano, pero no les restó protagonismo político.
"Desde esa nueva posición pública, han seguido moviendo los hilos detrás del poder, sobre todo para mal. Los militares siguen siendo el ‘factótum’ (dominio) del poder en América Latina y el Caribe”, recalcó.
La excepción de la pérdida del patrocinio o aval militar y policial, por ahora, se registró con Evo Morales en Bolivia , cuyo mandato presidencial finalizó abruptamente el pasado 10 de noviembre en medio de una convulsión interna político—electoral y, por sugerencia de las jerarquías militares y policiales, debió dimitir, pese a que su tercer gobierno consecutivo tenía previsto concluir el próximo 22 de enero.
Después de más de tres semanas de pugnas por las denuncias opositoras de que Morales hizo fraude para reelegirse para un cuarto periodo consecutivo en los comicios del pasado 20 de octubre, el todavía mandatario anunció el domingo pasado que convocaría a nuevas elecciones y luego reveló ese mismo día que renunció, asediado por las cúpulas militares y policiales de Bolivia y por las protestas populares en su contra.
Morales
aceptó en un inicio repetir las elecciones tras conocer una auditoría de la Organización de Estados Americanos ( OEA ) de que hubo irregularidades, pese a que, a lo largo del conflicto y antes de dimitir, alegó que, de acuerdo con los resultados oficiales, obtuvo más del 10% de ventaja sobre su principal contendor, el ex presidente Carlos Mesa, y que, por lo tanto, logró vencer por la vía legal para ejercer para un nuevo quinquenio.
“Al final” las fuerzas armadas bolivianas “inclinaron la balanza”, explicó, por su parte, el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda, en un análisis en Confidencial, periódico digital de Nicaragua que funciona ahora con la mayoría de sus reporteros asilados o refugiados en Costa Rica por la persecución policial y paramilitar que Ortega desató en su contra tras el estallido en abril de 2018 de una crisis política, socioeconómica e institucional en su país.
“Es complicado dar méritos a los militares en política porque no les compete, en especial con su herencia nefasta en Latinoamérica. Sin embargo, demostraron el peso que como actores siguen teniendo en nuestra región”, agregó.
Repliegue
Los militares se retiraron de la vida política y se replegaron a los cuarteles a finales de la centuria pasada, tras gobernar en diversas fases del siglo anterior en la mayoría de naciones latinoamericanas y caribeñas, excepto en México y en Costa Rica , que abolió sus fuerzas armadas en 1948 y forjó una de las naciones con mayor estabilidad política en América.
“Costa Rica no cree en ninguna solución militar o policial, ni la apoya”, reafirmó el gobierno costarricense en un debate este martes en la OEA en Washington . “Tampoco cree que en los cuarteles se tengan que decidir los destinos de las democracias del hemisferio. Esos destinos se deciden en las urnas, a través del voto libre y universal”, remarcó.
Pero la presencia a distancia del factor castrense nunca dejó de ser un elemento influyente desde posiciones de privilegio en otros países que, poco a poco, dejaron su pasado dictatorial y emergieron como jóvenes pero frágiles democracias.
El ultraderechista brasileño y capitán retirado Jair Bolsonaro , el comunista cubano y general de Ejército Raúl Castro y el derechista surinamés reciclado a izquierdista y teniente coronel Desiré Bouterse son los únicos gobernantes de América Latina y el Caribe—de facto o de derecho—con una mezcla de carrera militar y política, un cóctel explosivo en la historia regional de las dictaduras castrenses de izquierda y derecha del siglo XX.
Las dictaduras militares terminaron formalmente en República Dominicana en 1961, en Nicaragua , El Salvador y Ecuador en 1979, en Perú en 1980, en Bolivia y en Honduras en 1982, en Argentina en 1983, en Uruguay y Brasil en 1985, en Guatemala en 1986, en Paraguay y Panamá en 1989, en Chile en 1990 y en Haití en 1994.
Otras naciones, como las del Caribe anglosajón, apenas emergieron como independientes a finales del siglo pasado. Cuba , que en 1959 depuso vía bélica a una dictadura pro— Washington , instaló hace más de 60 años una revolución que mutó a régimen comunista.
En las sombras o en la primera fila, Bouterse se consolidó en los últimos 40 años como el hombre fuerte de Surinam , en una cuestionada democracia en la que es presidente desde 2010 y, pese a su expediente de atrocidades y violaciones a los derechos humanos, logró aliarse con el bloque del socialismo del siglo XXI, con Venezuela , Cuba , Nicaragua y con Morales por Bolivia .
A juicio de la estadounidense Maureen Meyer, directora para México y de Derechos de Migrantes en Washington Office on Latin America (WOLA), institución no estatal que estudia la situación de los derechos humanos en el hemisferio occidental, la reacción de los gobiernos ante los estallidos sociopolíticos de 2018 y 2019 fue “desplegar fuerzas militarizadas”.
“En muchos casos, la respuesta de los gobiernos no siempre incluye dialogar o escuchar a la población, sino reprimir a la ciudadanía a través del uso de la fuerza excesiva”, lamentó, al sentenciar: “Las fuerzas de seguridad han podido perpetrar abusos y delitos sin consecuencias”.
agv
