San Salvador.— Un total de 2 mil 106 niños y adolescentes han llegado a El Salvador deportados de Estados Unidos y México en lo que va de 2018, informó ayer la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
La fuente precisó que entre el 1 de enero y el 6 de noviembre del año en curso fueron retornados de EU 69 menores de edad y 2 mil 37 desde México, mientras que ocho llegaron de otros países que no fueron detallados.
En general, la deportación de niños y adolescentes salvadoreños disminuyó en el referido lapso 7%, pasando de 2 mil 274 en 2017 a 2 mil 114 en la actualidad, según los datos de la DGME, que también señaló que entre el 1 de enero y el 6 de noviembre pasados 22 mil 353 salvadoreños fueron deportados, principalmente de EU, mil 73 menos que los computados en 2017, lo que refleja una disminución de 4.6%.
Al mismo tiempo, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador, formada por seis organizaciones sociales, se mostró preocupada por la situación de “vulnerabilidad” que sufren los niños que forman parte de las caravanas migrantes que buscan llegar a EU.
Explicaron que los menores “se encuentran en un estado permanente de violaciones de derechos” por el riesgo de sufrir accidentes y de “perder la vida en el momento de tránsito y cruce” de las fronteras y que también son “vulnerables ante el delito de tráfico de personas y agresiones sexuales”.
El gobierno estadounidense de Donald Trump busca frenar el paso a EU de los migrantes de las caravanas y amenazó con nuevas reglas que permitirían alargar los periodos de detención de los niños migrantes, una situación que denunciaron fiscales generales de 18 estados del país.
En una carta remitida al Ejecutivo, los fiscales dijeron que el plan de Washington atentaría contra el llamado Acuerdo Flores, que establece que el límite máximo que un niño inmigrante puede ser privado de libertad son 20 días.
La noche del martes el Sindicato de Libertades Civiles de Nueva York presentó una demanda federal contra la administración Trump por retener a niños inmigrantes demasiado tiempo, al considerar que los somete a riesgo sicológico. El sindicato defiende a seis adolescentes enviados a refugios de acogida después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos, a la espera de ser enviados con sus padres o familiares al comenzar el proceso judicial, pero permanecen detenidos.