San Diego.— Unas mil familias reunificadas tras ser separadas en el marco de la política de “Tolerancia Cero” hacia la inmigración ilegal en Estados Unidos cuentan ya con una orden y fecha de deportación, informó ayer el gobierno.
Durante una audiencia en una corte federal de San Diego, los abogados del Departamento de Justicia señalaron que, de ese millar, un total de 392 familias están aún bajo custodia de las autoridades migratorias mientras que el resto se encuentra en libertad, aunque con un grillete electrónico.
Asimismo, Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, señaló que 650 menores no son elegibles de reunificación, cifra inferior a los 711 de los que dio cuenta en un escrito remitido a la corte el jueves y entre los que figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país.
Según el gobierno, las madres y padres de 120 niños “renunciaron a la reunificación”.
De acuerdo con una orden del juez Dana Sabraw, el gobierno de EU tenía de plazo hasta antes de que terminara el jueves 26 de julio para reunir con sus padres a 2 mil 551 menores indocumentados entre 5 y 18 años, aunque finalmente las autoridades dieron cuenta ayer de la reunión de mil 820 niños que consideró que eran elegibles para ello.
El juez, a cargo de una demanda planteada contra las autoridades migratorias por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), informó ayer que este fin de semana tomará una decisión sobre el pedido de que las familias inmigrantes no sean deportadas hasta que pasen siete días de su reunificación.
“Las familias no han tenido la oportunidad de decidir qué hacer con su futuro, si continúan con el largo proceso de petición de asilo, qué harán con los niños en caso de que no puedan seguir juntos, es algo muy difícil de decidir cuando llevan separados varios meses”, señaló el jueves el subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gelernt.
En la audiencia de ayer, Sabraw volvió a destacar el trabajo hecho por el gobierno para reunificar a las familias, pero criticó que no hayan tenido un registro preciso de los padres deportados y de los hasta 52 que fueron liberados a la espera de que un juez de inmigración decida sobre sus peticiones de asilo.
“La atención debe estar” en ellos, dijo Sabraw en la audiencia, y expresó su preocupación por los 120 que supuestamente renunciaron a la reunificación. Según Gelernt, estos padres viven una “tortura” tras saber que accidentalmente firmaron dichas renuncias.
Abogados y activistas criticaron duramente al gobierno por crear un enredo burocrático y legal que dificulta la reunión de las familias. “Puede haber familias separadas de manera permanente a causa de esta política”, dijo Michelle Brané, directora de derechos de los inmigrantes en la Women’s Refugee Commission.
Según la ACLU, el gobierno reconoció que ignora la identidad de los padres de 40 menores detenidos en albergues tras separarlos de sus familias.
Nombran supervisor. En Los Ángeles, la juez federal Dolly M. Gee dijo que nombrará a un supervisor independiente para que evalúe las condiciones en las que los niños migrantes son alojados en instalaciones fronterizas en Texas, tras una serie de reportes de que reciben alimentos echados a perder, agua insuficiente y que los recintos son muy fríos.
