Miami.— La orden ejecutiva que firmó el presidente Joe Biden es la más reciente prueba del giro a la derecha que ha dado Estados Unidos en el tema de los migrantes. No se trata de un fenómeno nuevo o repentino, sino que tiene años avanzando.
Las nuevas restricciones funcionan con un botón de encendido y otro de apagado para graduar las entradas irregulares: entran en vigor cuando hay una medida sostenida diaria de 2 mil 500 cruces y se congelan sólo cuando estos bajen a menos de mil 500.
Human Rights Watch (HRW) calificó la medida de “inhumana”. “Esta orden es un ataque directo a los principios de asilo que Estados Unidos ha defendido durante décadas”, declaró un representante de HRW.
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De acuerdo con expertos, si bien las medidas de Biden contra la migración se asemejan a las del republicano Donald Trump, entre los presidentes demócratas también las ha habido. Bill Clinton, quien gobernó de 1994 a 2000, y Barack Obama de 2008 a 2016, “también hicieron de las suyas y quizás peor”, dice el analista y experto en seguridad binacional Jaime Ortiz, en Texas, a EL UNIVERSAL. “Bill Clinton fue quien autorizó la propuesta para pedir los recursos económicos al Congreso de aquella época para comenzar la construcción del famoso muro fronterizo”, señala Ortiz. “Menos Biden, todos los presidentes desde entonces han construido o reforzado partes del muro fronterizo, el cual principalmente fue puesto para tomar control de los cruces de migrantes y de droga”.
Obama, una vez en la presidencia, se aferró a cambiar el sistema de seguros de salud para los estadounidenses y residentes legales y pudiendo lograr una reforma migratoria para darle un camino a la ciudadanía a millones de indocumentados durante los primeros dos años de su presidencia, porque el Congreso en ese momento era mayoritariamente demócrata, ni siquiera lo intentó.
“No sólo eso, deportó a más de 3 millones de migrantes sin papeles, por eso se le llamó el deportador en jefe, lo cual le molestó mucho”, comenta el experto; “si analizamos lo hecho en su momento por Obama, pero también por Clinton y ahora Biden, queda claro que los migrantes nunca han sido amigos de los demócratas, quienes con las acciones de Biden se han quitado las máscaras”.
De acuerdo con analistas del Council on Foreign Relations consultados por este diario, la medida podría molestar a los votantes latinos, un grupo crucial para las aspiraciones de reelección de Biden. Uno de los analistas declaró que “Biden está caminando sobre una cuerda floja y esta orden podría hacer que pierda el equilibrio político”.
Biden se suma a acciones antiinmigrantes
Las declaraciones de Biden sobre el aporte de los migrantes, o sobre que Estados Unidos es un país de migrantes quedan sólo en eso, palabras. Porque no sólo es el gobierno federal: Arizona, Florida, Texas… los estados gobernados por republicanos tienen su propio embate contra los migrantes, aunque se vean frenados por demandas y por la Corte. De los 50 estados, 26 están gobernados por republicanos y “prácticamente todos ellos buscan la manera de hacer ruido con medidas antiinmigrantes para atraer reflectores unos y para quedar bien con Trump, otros”, asegura Ortiz.
En Texas, en 2023, el gobernador Greg Abbott firmó una ampliación a la ley HB4 que convierte a indocumentados en infractores por estar sin papeles en territorio texano. Si son detenidos y es la primera vez, podrían ser condenados a seis meses de cárcel, pero los reincidentes podrían ser condenados a dos años. Y de la mano llegó la ley SB11, que permite a los departamentos de policía detener a cualquier sospechoso y pedirle sus papeles. Estas leyes enfrentan demandas, pero de momento están vigentes.
Ese mismo año firmó la ley HB 6 que asigna 1.5 mil millones de dólares para construir barreras fronterizas adicionales y el mantenimiento de las existentes. Esta ley forma parte del plan Estrella Solitaria.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis no ha querido dejar atrás su personalidad trumpista y promovió la ley HB1718, que requiere que los empleadores con 25 o más empleados usen el sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus empleados. También invalida las licencias de conducir emitidas a indocumentados por otros estados, obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estatus migratorio de los pacientes, establece penas por el uso de documentos falsos para obtener empleo y prohíbe a los gobiernos locales financiar tarjetas de identificación comunitaria para migrantes indocumentados
En 2021, en Oklahoma, se firmó la HB1804, que otorga a los oficiales la autoridad para arrestar a personas sin estatus legal en EU y las somete a procesamiento estatal. La ley ha sido criticada por su amplio alcance y potencial para generar perfiles raciales. Arizona, hasta antes de las últimas elecciones cuando su gobernador era republicano, presentó algunas leyes antiinmigrantes, las cuales fueron anuladas por la nueva gobernadora demócrata Katie Hobbs. Ohio, gobernado por Mike DeWine, y Nebraska, por Jim Pille, ambos republicanos, esperan endurecer sus leyes antiinmigrantes.
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Migrantes valen miles de millones
La presencia de migrantes en EU también tiene un peso específico, tanto en términos de población como de impacto económico. Según el Pew Research Center, en 2021 había aproximadamente 45 millones en el país, lo que representa alrededor de 13.7% de la población total.
En general, se estima que los indocumentados contribuyen con casi 2 mil millones de dólares al PIB anualmente, lo que incluye tanto la producción directa de bienes y servicios como el impacto indirecto en la economía a través del consumo y la inversión.
Los inmigrantes con papeles y sin papeles pagan, además, una considerable cantidad en impuestos federales, estatales y locales. Según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), tan sólo los indocumentados pagaron aproximadamente 11.7 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales en 2021; si se incluyen a todos los migrantes, tanto documentados como indocumentados, la contribución total supera los 500 mil millones de dólares anuales en impuestos.
“Si vemos la estadística del censo [estadounidense] uno de cada ocho habitantes es un migrante”, dice a este medio el economista Ivan Jiménez desde Florida; “los inmigrantes son fundamentales en varias industrias clave de la economía estadounidense”, subraya.
En la agricultura, constituyen alrededor de 73% de los trabajadores agrícolas, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), “de los cuales más de la mitad no tiene papeles y gracias a ellos comemos, tenemos alimentos en nuestras mesas”, dice el economista.
Los inmigrantes representan aproximadamente 24% de la fuerza laboral en la industria de la construcción, de acuerdo con el Bureau of Labor Statistics (BLS). En la industria de turismo y servicios suman aproximadamente 31% de la fuerza laboral. “La mano de obra migrante es crucial para la economía estadounidense. No sólo cubren puestos de trabajo en sectores donde hay escasez de trabajadores, sino que también contribuyen al crecimiento y a la competitividad del país”, explica Jiménez. Según el American Immigration Council, los inmigrantes han fundado aproximadamente 45% de las empresas de la lista Fortune 500.
Rejuvenecen a EU
“Los migrantes no sólo cubren la brecha en la fuerza laboral, sino que también impulsan la innovación, el crecimiento económico y la estabilidad fiscal”, señala el experto. Sin una política de inmigración sólida y bien gestionada, Estados Unidos se enfrentará a grandes desafíos para sostener su economía y proporcionar servicios a su población.
Según el Census Bureau, la población de personas mayores de 65 años se está incrementando rápidamente. Mientras, la tasa de natalidad en Estados Unidos ha disminuido significativamente. En 2020, la tasa de natalidad fue de 55.8 nacimientos por cada mil mujeres en edad reproductiva.
El envejecimiento de la población incrementa la demanda de recursos para la atención médica y las pensiones, aumentando la presión sobre los sistemas de seguridad social y servicios públicos. Con menos personas en edad laboral, hay una menor base impositiva para sostener a la población jubilada.
De acuerdo con el Pew Research Center, los inmigrantes y sus hijos nacidos en EU representaron alrededor de 28% de la población total en 2020. Se proyecta que para 2065, los inmigrantes y sus descendientes representen 88% del aumento de la población en EU, de acuerdo con la misma fuente.
Adicionalmente y de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), los trabajadores inmigrantes agregarán 7 mil millones de dólares adicionales a la economía estadounidense en la próxima década y mil millones adicionales en ingresos fiscales federales.
Además, la pandemia aceleró la decisión de muchos trabajadores mayores a jubilarse y mientras que la población nacida en EU sigue envejeciendo, los migrantes son predominantemente jóvenes y buscan oportunidades laborales. A medida que más estadounidenses se retiran, los nuevos trabajadores migrantes serán cruciales para expandir la fuerza laboral y financiar la Seguridad Social.
El sistema de Seguridad Social se financia a través de los impuestos sobre la nómina de trabajadores y empresas, los cuales cubren los beneficios de millones de jubilados. Sin embargo, la cantidad de personas trabajando no es suficiente para cubrir estos costos.
En la década de los 60, las estadísticas indican que había alrededor de 5.1 trabajadores por cada jubilado o incapacitado; en 2022, esta proporción disminuyó a 2.8 trabajadores por beneficiario.
El gobierno federal ha comenzado a utilizar su fondo de ahorro para trabajadores jubilados, y si no se implementan los cambios y ajustes necesarios, se estima que este fondo se agotaría en 2033.
Las estimaciones indican que la inmigración podría ser la clave para salvar el sistema de Seguridad Social. Tanto los inmigrantes legales como los indocumentados contribuyen con miles de millones de dólares anuales al sistema a través de impuestos sobre la nómina.
Un informe de 2023 de los administradores del sistema revela que a mayor inmigración, más tiempo permanecerá solvente la Seguridad Social, porque los inmigrantes suelen ser más jóvenes que la población estadounidense en general y muchos de ellos, especialmente los indocumentados, pagan la Seguridad Social sin poder recibir beneficios.
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¿Sólo un acto de campaña?
Algunos analistas sugieren que la orden ejecutiva es en parte un acto de campaña destinado a mostrar mano dura frente a la inmigración indocumentada y en respuesta a las críticas tanto de los republicanos como de algunos demócratas.
Biden ha señalado que la orden es una respuesta necesaria debido a la falta de acción del Congreso, especialmente después de que los republicanos bloquearan una propuesta de reforma migratoria bipartidista.
Si Biden gana la reelección, es posible que busque suavizar las solicitudes de asilo y las deportaciones. “Recordemos que durante su primer mandato, Biden implementó varias políticas para revertir las medidas estrictas de la era Trump, como terminar con la política de Permanecer en México y restauró el programa DACA”, señala el abogado internacionalista Jaime Ortiz. Biden podría intentar equilibrar la necesidad de mantener la seguridad fronteriza con un enfoque más comprensivo hacia los solicitantes de asilo.