San José. – Una pandilla familiar —Los Coronados— con nexos políticos en Guatemala, un emisario mexicano del Cártel de Sinaloa en Costa Rica, una red colombiana paramilitar y narcotraficante del Clan de Golfo en Colombia y Panamá, una turba de matones de las maras Salvatrucha (MS-13) y Mara o Barrio 18 (M-18) en Honduras o unos “coyotes” o traficantes de personas en Ecuador.
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Así es el entarimado criminal que lubrica el multimillonario negocio con los migrantes irregulares de América, Asia y África que, a pie, a nado en un río o en neumáticos, aglomerados en autobuses, amontonados en lanchas, sobre los techos de los trenes o escondidos en camiones de carga, luchan por llegar a México y a Estados Unidos.
Millones de víctimas pagan para lubricar las cadenas delincuenciales, avanzar del sur al norte de América, saltar fronteras, sobornar militares, policías y agentes migratorios y alimentar la peor crisis de movilidad humana de la historia continental, en una rutina que creció en el siglo XXI.
“Varias redes criminales están operando en América Latina aprovechando la desesperación y necesidad de miles de migrantes que buscan mejores oportunidades de vida”, narró el francés Olivier Tenes, especialista regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Gestión de Fronteras.
“Son redes organizadas, poderosas, que están desde hace varios años involucradas en otros tipos de tráfico como drogas, armas, contrabando y extorsión”, dijo Tenes a EL UNIVERSAL. La OIM está asociada a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Al precisar que “son redes que cuentan varios miles de miembros”, afirmó que trabajando en varios países y “obligando en algunas rutas migrantes a transportar droga si no aceptan pagar un ‘derecho de paso’ en territorios controlados por estas redes criminales”.
Con matices sujetos a las capacidades y las peculiaridades de una u otra organización, los traficantes operan como estaciones independientes en cada nación de tránsito, en una labor interconectada al resto del área y en pugna o en asocio con las maras centroamericanas y mexicanas.
“No he encontrado una cadena específica de un grupo dedicado al negocio del punto A al B”, explicó el ecuatoriano William Murillo, presidente ejecutivo, vocero y cofundador de 1800Migrante, firma no estatal de asesoría migratoria de Nueva York, Quito y Madrid.
“Hemos visto eslabones de personas que enganchan (a un migrante) en Ecuador al que contactan con alguien en Colombia, donde lo enlazan con uno en Panamá y allí con alguien en Costa Rica y así va sucediendo en cadenas independientes”, relató Murillo a este diario.
Ecuador surgió como crucial base “coyote” por dos momentos políticos que atizaron la migración irregular. Ecuador eliminó la visa para Cuba en 2008 y se convirtió en el trampolín de centenares de miles de cubanos para seguir por tierra y por mar a EU en trillos con “coyotes”.
Otro instante clave ocurrió hace 19 meses. Obligado por un incesante flujo de miles de ecuatorianos que viajaron por rutas legales en 2019, 2020 y 2021 de Ecuador a México y se sumaron a latinoamericanos, africanos y asiáticos para intentar entrar por vías ilegales a EU, el gobierno mexicano restableció la visa para ese país a partir de septiembre de 2021.
Por ambos hechos floreció el “coyotaje”. El gobierno de Ecuador reveló en 2021 que los ingresos de los “coyotes” al llevar a ecuatorianos en avión a México —sin requerir visa— a contactar las redes y tratar de entrar a EU superaron los mil millones de dólares… en el primer semestre de ese año.
1800Migrante calculó que las ganancias al cierre de 2022 superaron los mil 456 millones de dólares con los ecuatorianos deportados por EU, sin contar a los que entraron por vía ilegal.
Los ecuatorianos combinaron sus labores con otros eslabones mafiosos. Al amparo de la fama del Cártel de Sinaloa como uno de los más poderosos de México, un mexicano de esa organización criminal emergió en 2021 como operador en Costa Rica de parte del tráfico de migrantes irregulares latinoamericanos, africanos y asiáticos a México y EU.
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Como emisario de ese cártel del narcotráfico, el mexicano instaló una red que cobra 22 mil dólares por persona por el viaje de Colombia a los pasos terrestres fronterizos del sur y del norte de México rumbo a EU. Parte del historial del mexicano está en los registros criminales de Costa Rica y fue compartido a este diario.
En este contexto, las (estatales) defensorías de los pueblos de Colombia y Panamá confirmaron esta semana que las paramilitares y derechistas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) disputan el control del tráfico de personas en el Tapón del Darién, la jungla en la frontera del occidente colombiano y del oriente panameño. Las AGC aglutinan al Clan del Golfo, principal agrupación del narcotráfico en Colombia.
La Fiscalía General de Guatemala acusó en 2022 a una banda familiar guatemalteca —Los Coronados, con lazos políticos— que encabezó un operativo de tráfico de migrantes. En un caso, 15 guatemaltecos fueron asesinados e incinerados en el sector limítrofe entre México y EU en enero de 2021, en una masacre en complicidad con policías mexicanos.
“Las redes de ‘coyotaje’ no son novedad en Guatemala. Sus orígenes se remontan a las estructuras del proyecto contrainsurgente del aparato de inteligencia militar”, recordó la comunicadora social guatemalteca Iduvina Hernández, directora ejecutiva de la (no estatal) Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (Sedem), de Guatemala.
Al remitir a la guerra civil en Guatemala, de 1960 a 1996, Hernández señaló a este periódico que, para vigilar las actividades de la guerrilla izquierdista, el ejército de Guatemala “intervino” Aduanas y Migración y “el devenir de la presencia castrense” generó corrupción aduanera y “arquitectura mafiosa” migratoria.
“El negocio del tráfico de personas (en Guatemala) ha sido uno de los crímenes más presentes en el último tiempo y ha involucrado a los más altos funcionarios de Migración”, alegó.