La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Estados Unidos falló hoy, por dos votos contra uno, a favor de que la administración de Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que pone en riesgo de deportación a más 300 mil migrantes y sus familias, revelaron medios estadounidenses.
La Corte, con sede en San Francisco, anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementar la rescisión del TPS, que favorece a ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
El fallo, al que tuvo acceso la agencia EFE, pone en riesgo de deportación a unos 300 mil salvadoreños, 5 mil nicaragüenses, mil sudaneses y 58 mil haitianos que hasta ahora estaban amparados por esa protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
El Salvador fue incluido en este programa en 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití desde el año 2010.
Muchos de esos indocumentados llevan décadas en Estados Unidos, con sus deportaciones suspendidas, y han formado en ese país sus familias.
En noviembre de 2019, en medio de la batalla legal por el tema, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), extendió el TPS hasta enero de 2021.
Tras la decisión de hoy, aún quedaría la opción del Tribunal Supremo, en caso de apelación.
El TPS protege a personas que han llegado a Estados Unidos huyendo de conflictos armados o desastres naturales y actualmente cubre a ciudadanos de Nicaragua, Haití, El Salvador y Honduras, entre otros países, que obtienen permisos para trabajar legalmente en Estados Unidos.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado repetidamente que busca frenar un fuerte aumento de migrantes que llegan a la frontera y los casos que no ameritan asilo.
El presidente republicano también intenta eliminar el TPS. Debido a múltiples demandas en las cortes se han logrado extensiones, pero no son largas: más de 195 mil salvadoreños y más de 57 mil hondureños podrían ver sus permisos vencidos en enero, lo que dejaría a miles de familias en la ilegalidad.
Con información de EFE
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