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Los Ángeles.— Migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos podrán ser asesores de diversas mesas directivas de las juntas locales y comisiones estatales en California; así lo prevé la nueva ley SB 174, que el Congreso californiano ya aprobó y que el gobernador Jerry Brown firmará en estos días.
Una vez que esto suceda, California se convertirá en el primer estado del país en permitir que miembros de la comunidad migrante indocumentada participen activamente en las juntas y comisiones. La medida es aplaudida por grupos progresistas y pro inmigrantes de EU.
La ley fue impulsada por el senador estatal Ricardo Lara y apoyada por casi todo el Senado local, liderado por Kevin de León, quien compite por un asiento en la Cámara Alta federal.
Lara y De León reconocen que la comunidad indocumentada es una parte importante que contribuye a construir un estado fuerte; tan fuerte que desde hace décadas California es considerado una potencia económica a nivel mundial. De ahí, según especialistas, que sea tan progresista y no tema enfrentarse a la autoridad federal.
“Me da gusto que California una vez más tome el liderazgo y tenga ese gran contraste de lo que se ve a nivel federal”, dice a EL UNIVERSAL la abogada Lizbeth Mateo, migrante originaria de Oaxaca y quien en marzo de 2018 se convirtió en la primera asesora en el Congreso de California, cuando todavía no había sido aprobada la ley.
Explica que quienes participen no recibirán remuneración económica, al menos de momento. “Dependiendo del comité o de la junta donde vaya a participar [la persona elegida] es la actividad que va a desarrollar, pero en general es dar asesoría y puntos de vista a partir de las diversas experiencias y los estudios que tengan”, dice.
“Yo soy parte de un comité asesor, no recibo ningún tipo de salario o de ayuda financiera, lo único que hacemos nosotros es trabajar, buscar e implementar las políticas más adecuadas [para cada comité o junta]”, describe.
Precisa que la ley también “abre las puertas para que personas indocumentadas puedan trabajar mano a mano con el Congreso [estatal] y más adelante poder recibir un salario por este trabajo, por lo menos reembolsarles ciertos gastos. Siempre que ese dinero no provenga del gobierno federal porque eso está prohibido, pero el estado tiene sus propios recursos para recompensar a las personas que participen como asesores, incluidos los indocumentados”.
Las personas que sean nombradas asesoras para las juntas y comisiones del gobierno de California estarán un poco más expuestas a que las autoridades del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) las ubique y pueda en algún momento detenerlas.
Sin embargo, para la abogada Mateo es un arma de doble filo, porque este escenario se convierte en una exposición política y humana. “Cuando yo fui nombrada asesora [del Comité de Ayuda Estudiantil del Senado de California] recibí varias amenazas: me llamaban y me decían cosas muy feas, alguna de ellas fue para amagarme físicamente y al senador Kevin de León también, ya que él fue quien me propuso para esta actividad. Pero estoy convencida de que hay más gente que nos apoya, gente que está dispuesta a luchar con nosotros”, asegura.
California es el estado de la Unión Americana con el mayor número de personas de origen hispano; suman más de 15 millones, de los cuales 2 millones 428 mil 500 un porcentaje son indocumentados, según un estudio del Instituto de Políticas Públicas de California de marzo de 2017; la gran mayoría trabajadores.
“Todos aquellos que sean elegidos para formar parte de los comités o juntas como asesores deben tener presente que fueron elegidos por algo y eso es importante, más importante que las críticas y las amenazas (...) será un privilegio”, expone Mateo.
Para muchos observadores, la actual visión del gobierno californiano es una respuesta contundente a las políticas antiinmigrantes que en la década de los 90 trataron de implementar los republicanos a través del ex gobernador Pete Wilson, quien, entre otras cosas, quiso negar servicios de educación y salud a los indocumentados, así como la nacionalidad a sus hijos nacidos en territorio de EU.
“Ya vimos que esas actitudes y políticas no funcionan, ya vimos que el criminalizar o hacerle la vida imposible a los inmigrantes, simplemente no funciona”, señala la abogada.
Según su punto de vista, California es ahora punta de lanza en temas migratorios. “Yo creo que en algún momento otros estados van a seguir este ejemplo. Lo más importante es que California siga siendo el líder en esta área porque alguien tiene que poner el ejemplo”, asegura.
