Washington.- El tema de la inmigración no está entre las cuatro prioridades marcadas en la página web del presidente electo de Estados Unidos. Durante la campaña se pasó por el asunto casi de puntillas, como si no hubiera sido uno de los temas cruciales durante el mandato de Donald Trump ni una de las armas arrojadizas del actual mandatario en su afán de implementar su retórica más dura, aislacionista y de tintes racistas y xenófobos.
Sin embargo, Joe Biden ha prometido que será uno de sus principales temas a abordar desde el primer minuto que entre en la Casa Blanca, consciente del trabajo que tiene por delante para deshacer las más de 400 normativas, directrices y políticas que el actual presidente republicano ha implementado para llevar a cabo su política de restricción de la migración en Estados Unidos.
La del demócrata será una tarea titánica. “Durante la administración Trump, la inmigración era una de las principales prioridades políticas”, resumía hace poco Sarah Pierce, experta del Migration Policy Institute (MPI). “Invirtieron todo lo que tenían en la promulgación de su agenda. Creo que bajo la administración de Biden, estamos a punto de ver que el ritmo de los cambios en inmigración se desacelerarán significativamente”, añadía hace una semana, en un coloquio virtual sobre el futuro de las políticas migratorias con la nueva administración.
“Trump ha emprendido un asalto implacable a nuestros valores y nuestra historia como nación de inmigrantes. Está mal y se detiene cuando Joe Biden es elegido presidente”, rezaba en la web de Biden todavía candidato. El demócrata deja explícito que es consciente de que “nuestro sistema de inmigración está sometido a una mayor tensión como resultado directo de las políticas equivocadas de Trump”.
En esa página, apuntaba en una lista de máximos todo lo que quiere hacer para cambiar el actual contexto migratorio en el país, que se resume en lo siguiente: revertir todos los cambios aplicados por la administración Trump y regresar a la situación en la que estaba durante el final de la presidencia de Barack Obama. Y, una vez ahí, construir hacia un nuevo modelo que solucione un sistema migratorio que todo el mundo está de acuerdo que está totalmente roto, es ineficiente y causa más problemas que soluciones.
Igual que Trump centró gran parte de su mandato en deshacer el camino recorrido por su antecesor, Biden está dispuesto a eliminar todo aquello que el actual presidente ha hecho en materia migratoria. Nada de lo que huela a la política antiinmigrante de Trump parece tener cabida en una administración Biden. “Todo lo que se hizo administrativamente a través de la autoridad ejecutiva [del presidente], un nuevo Ejecutivo básicamente puede rechazarlo y comenzar desde cero”, dijo una fuente cercana a Biden a CBS News.
Ninguna de las promesas y acciones del republicano (el muro en la frontera entre EU y México, los vetos migratorios, la política de Tolerancia Cero, el ataque al programa DACA…) tienen mucha aspiración de mantenerse con el demócrata en la Casa Blanca.
Las promesas políticas siempre se basan en todo lo que un candidato promete que hará en sus primeros cien días de gobierno, como pauta para demostrar la tendencia de sus ideas. En el caso migratorio, Biden tiene un listado sin fin de propuestas: acabar con la separación familiar en la frontera, revertir las políticas de asilo de Trump y su nefasta gestión del asunto, fulminar las medidas de “carga pública” de migrantes que necesitan subsidios federales, proteger a soñadores, buscar una vía hacia la ciudadanía de indocumentados, abolir los vetos migratorios, mejorar los programas de visados temporales, cambiar las prioridades de detención y deportación…
“Las más fáciles serán aquellas que se puedan revertir con una acción administrativa, como una orden ejecutiva, pero que no conlleven grandes desafíos logísticos", comentaba Pierce. Básicamente, aquellas que puedan solucionarse con la firma en un decreto y fulminen por completo acciones de carácter opuesto a la idea migratoria del presidente electo demócrata.
Lo más sencillo será derogar los decretos de vetos migratorios, la primera gran medida en la materia aplicada por la administración Trump, en la primera semana de su gobierno, que generó el caos y centenares de protestas. La primera versión tuvo que ser cancelada, bajo la sombra de la xenofobia por incluir sólo países de mayoría musulmana. Un nuevo decreto dictaminando el fin será suficiente; sin embargo, es probable que aparezcan demandas en los juzgados que ralenticen su aplicación.
Después están las tareas más complejas, las que necesitan pasar por el Congreso. “He dejado bien claro que, en 100 días, mandaré al Congreso de Estados Unidos un camino a la ciudadanía para más de 11 millones de ciudadanos indocumentados. Y a los dreamers, los chicos con DACA, les vamos a certificar su legalidad otra vez, para que estén en este país, y les pondremos en camino hacia la ciudadanía […] Se los debemos”, dijo Biden en el segundo y último debate presidencial, el 22 de octubre. Ambos grupos, los indocumentados y los alrededor de 640 mil soñadores amparados de la deportación, son mayoritariamente de origen mexicano.
Esa ley que pretende presentar no se frenaría aquí: también quiere que el Congreso apruebe reformas en los programas de visados temporales, prorrogue al programa TPS de protección de la deportación temporal a unos 400 mil ciudadanos de varios países (la mayoría centroamericanos) y se expanda a los venezolanos perseguidos por razones políticas, mejore las condiciones de los trabajadores estacionales agrícolas y les dé un camino a la residencia legal.
Son promesas, sin embargo, que sólo tiene un mínimo viso de éxito si los demócratas consiguen controlar el Senado, algo que ahora mismo parece utópico y que se resolverá el próximo 5 de enero, cuando se completen las elecciones para dos asientos por Georgia. Con que los republicanos consigan uno, la Cámara Alta será controlada por los conservadores y cualquier cambio migratorio a través del legislativo será prácticamente imposible.
Biden también ha prometido una moratoria de 100 días en las deportaciones y un giro de 180 grados en el objetivo de los agentes migratorios en cuanto a la aplicación de detenciones con fines de expulsión, regresando a la indicación de la época Obama de centrarse en aquellos que hayan cometido delitos graves y sean una amenaza para la seguridad nacional, haciendo la vista gorda a aquellos sin antecedentes ni asuntos pendientes con la justicia. “[Los indocumentados sin antecedentes] no tendrían que ser objeto de deportación”, dijo Biden en el primer debate de las primarias demócratas, allá por junio de 2019.
Biden también quiere acabar cuanto antes con con el programa MPP, conocido como Quédate en México, que expulsa a los solicitantes de asilo a México para que aguarden ahí sus citas con las cortes, en campos de refugiados desamparados de cualquier gobierno. Para los expertos, sin embargo, será una tarea más compleja. Si bien se podría eliminar con sólo una firma, la cuestión logística es más compleja, ya que habría que aclarar qué hacer con los migrantes que ahora mismo están dentro del programa, por ejemplo.
Es precisamente la recuperación del sistema de asilo lo que, según los expertos, podría ser más significativo. “Quizá el esfuerzo más importante que una nueva administración podría tomar es arreglar el sistema de asilo y hacerlo justo y eficiente”, escriben los expertos del MPI en un informe reciente.
Biden ya ha prometido aumentar el número de refugiados a 125 mil en un futuro próximo (no hay plazo para cumplir esa promesa), revirtiendo la política de Trump de reducir cada vez más las aceptaciones de solicitudes de asilo, hasta el mínimo histórico de 15 mil de este 2019, la cifra más baja nunca vista, para “restablecer el rol histórico en la protección de los más vulnerables y proteger los derechos de los refugiados”.
A análisis también entrará toda la idea sobre la migración “legal”, el deseo de Trump de cambiar el sistema migratorio estadounidense a uno basado en el mérito y las condiciones socioeconómicas. Biden quiere acabar con eso y basar gran parte de su plan en la creencia del derecho que las familias merecen poder reunirse y compartir estatus migratorio.
Y después, de forma colateral, está el asunto del muro, que tiene una resolución clara y contundente: se frena por completo. La declaración de emergencia nacional con la que quería desviar fondos del Pentágono a la construcción del muro se retirará de inmediato, y las obras se paralizarán inmediatamente en cuanto Biden firme la orden ejecutiva correspondiente.
El demócrata tiene mucho trabajo por delante en materia migratoria. "La administración Trump tenía una preocupación extraordinaria con los problemas de inmigración e invirtió una enorme cantidad de atención y un enfoque decidido en la inmigración", dijo a CBS News Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Naturalización e Inmigración de EU en la administración Clinton. "Una administración que quiera deshacer esos cambios tendría que dedicar una cantidad similar de tiempo y esfuerzo, y posiblemente más, porque no sólo quiere deshacer cosas. También quiere mover una agenda proactiva”, añadió Meissner, también directora del programa de políticas migratorias del MPI.