Once países
de la región suscribieron hoy la llamada " Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región " que, entre otras cosas, insta al Gobierno del presiente Nicolás Maduro a facilitar documentos que garanticen la libre movilidad de sus ciudadanos.
El documento, firmado por los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, i ntenta convertirse en una hoja de ruta para encarar el inusual flujo migratorio de venezolanos.
Los representantes de esos países expresaron su preocupación por el "deterioro de la situación interna" en Venezuela , a la que consideraron como la causa que "provoca la migración masiva".
Hicieron un llamado al Gobierno de Maduro para que permita "descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados" y acepte "la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales".
La Declaración exhortó, asimismo, al Gobierno de Venezuela a que tome medidas urgentes para "la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales", como cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, de matrimonio y certificados de antecedentes penales, entre otros.
Las autoridades reunidas en la capital ecuatoriana desde este lunes advirtieron de que la carencia de dichos documentos ha generado "limitaciones al derecho a la libre circulación y movilidad" de los venezolanos, así como "dificultades en los procedimientos migratorios" y "afectaciones a la inserción social y económica" de ellos en los países de acogida.
Esto luego de la situación de emergencia que generó un aumento del flujo migratorio venezolano por Colombia, Ecuador y Perú, que vieron hace un par de semanas abarrotados sus puntos fronterizos por la aglomeración de venezolanos que intentaban abrirse camino para alcanzar mejores oportunidades laborales en destinos como Chile.
Ecuador, primero, y luego Perú impusieron a los venezolanos la presentación del pasaporte como requisito para admitirlos, aunque la Justicia ecuatoriana canceló luego esa exigencia.
El Gobierno ecuatoriano exige desde entonces una cédula de identidad validada.
Ello generó una situación dramática en los puestos fronterizos, que se solucionó con el correr de horas y tras la puesta en marcha, en el caso ecuatoriano, de un corredor humanitario para trasladar a los extranjeros desde Rumichaca (en la frontera con Colombia) hasta Huaquillas (en la divisoria con Perú).
La Declaración suscrita hoy señala que la falta de papeles requeridos "ha incentivado la migración irregular" y precisa que los diferentes países de tránsito o acogida deberían incluso aceptar los documentos de viaje vencidos, para facilitar la movilidad.
El acuerdo destaca, asimismo, los esfuerzos de los gobiernos de la región para acoger adecuadamente a los extranjeros, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad como niños, ancianos y personas con discapacidades, entre otros, y les conmina a mantener la provisión de los servicios de salud, educación, acceso al mercado laboral y a los sistemas de justicia.
Por ello, los once firmantes hicieron un llamamiento a Estados y organismos extranjeros a incrementar urgentemente la cooperación internacional para atender "los flujos migratorios extraordinarios y crecientes de los ciudadanos venezolanos en la región".
Asimismo, se comprometieron a seguir trabajando de "manera individual" -o en conjunto, si lo estimaran conveniente- en la provisión de asistencia humanitaria, protección infantil, regularización migratoria, combate a la trata de personas y lucha contra la violencia de género.
También rechazaron actitudes discriminatorias y xenófobas y se comprometieron a implementar políticas destinadas a proteger los derechos humanos de todos los inmigrantes.
En la cita de Quito, además, los once firmantes expresaron su intención de establecer un programa regional, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para el intercambio de información sobre el fenómeno actual, con el objetivo de alcanzar una "migración ordenada y segura".
La Declaración de Quito, finalmente, convoca a una nueva reunión de seguimiento, también en la capital ecuatoriana, para la segunda semana de noviembre.
lsm