Bruselas.— Contrario a las afirmaciones de la autoridad migratoria estadounidense, México no es un país seguro ni está en condiciones de ofrecer un recibimiento digno a las personas que se ven forzadas a abandonar su lugar de origen.
De acuerdo con una evaluación técnica encabezada por expertos del Consejo Danés para los Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés) y el Comité Internacional de Rescate, México reprueba prácticamente en todos los ámbitos que conforman el ecosistema de protección de migrantes y desplazados internos.
Las personas que buscan refugio enfrentan violencia, inseguridad, desinformación, deportaciones sin el debido procedimiento, detenciones arbitrarias y procedimientos administrativos engorrosos.
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“Los posibles escenarios futuros sugieren un deterioro de la situación humanitaria en general y de la crisis de protección en particular”, dice.
Son cuatro los escenarios que podrían ocurrir antes de finales de 2024, indica la investigación conformada por un grupo de trabajo que está copresidido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
El más “probable” de ellos es que no cambie nada, que los movimientos de personas continúen y los gobiernos de México y Estados Unidos sigan aplicando las mismas políticas migratorias.
“Este escenario tendría un impacto negativo. La capacidad de respuesta existente está sobrecargada y la continuidad de la dinámica actual reduciría aún más la cobertura de la respuesta, lo que llevaría a un deterioro de la situación de la población desplazada.
“Si se mantienen los movimientos actuales, se espera que aumente la competencia por los escasos recursos, lo que puede conducir a un aumento de la xenofobia y de las tensiones intercomunitarias. Al mismo tiempo, el sistema de asilo, ya sobrecargado, se verá más saturado”. Como “posible” escenario está una mayor restricción de la política migratoria y su implementación a través de las Fuerzas Armadas y de seguridad, tanto en México como en Estados Unidos.
Resaltan que esto agravará los problemas existentes de violencia, explotación, separación familiar y detención arbitraria, al tiempo que provocará que recurran a rutas aún más peligrosas, aumentando el riesgo de trata.
El tercer supuesto parte de la teoría de un aumento de los movimientos migratorios que conduciría a un crecimiento de las personas en necesidad en México de 50%.
Es “probable” debido a que 2024 es año electoral en ambos países y la politización de la cuestión migratoria en Estados Unidos conduce a una mayor contención y restricción de las entradas.
“Si este escenario se materializa, se espera un impacto muy negativo con respecto a la situación actual. Un aumento tan significativo del número de personas en movimiento se traduce en un aumento de la gravedad y la escala de las necesidades”, señalan.
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Además se prevé que la delincuencia organizada, fortalecida gracias a los ingresos generados por la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas, “siga consolidando su poder y, en consecuencia, aumenten los riesgos de protección”.
El cuarto supuesto está basado en una mejora de la situación y en la reducción de los movimientos a niveles de 2018: “Este escenario es poco probable”, requeriría de una mejora de las condiciones en los países de origen y una reducción de la violencia que obliga a los mexicanos a dejar sus hogares.
Como resultado de las políticas restrictivas en Estados Unidos, México se ha convertido en un país receptor de personas en busca de protección internacional.
En 2022 se registraron 118 mil aplicaciones para el estatuto de refugiado, mientras que entre enero y septiembre del presente año, 112 mil. En 2013, sólo se presentaron mil 300 solicitudes.
En los albergues para refugiados de la red en la que participa el DRC viven actualmente unas 14 mil 903 personas, y en los campamentos improvisados de Tapachula y Ciudad Juárez subsisten entre 17 mil y 20 mil personas.
A esta población se añaden los 386 mil desplazados internos en movimiento. Se estima que 831 mil 490 personas cambiaron de domicilio en 2021 debido a la violencia.
El estudio advierte que independientemente de su estatus, todos están expuestos a diversos riesgos y necesidades. Expone que alrededor de 50% ha sufrido incidentes de violencia durante su estadía en el país, mientras que 30% percibe la violencia de género como un riesgo en su entorno. Una encuesta realizada a la población haitiana en Matamoros mostró que menos de 20% dice sentirse seguro.
“Entre los riesgos asociados a la presencia de estos grupos armados figuran el secuestro y la extorsión. Aproximadamente uno de cada 10 secuestros implica a personas en movimiento”, indica.
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Haciendo referencia a expertos, sugiere que estas formas crecientes de violencia se han convertido en la actividad más lucrativa para el crimen organizado.
La lista de recomendaciones a la autoridad mexicana es extensa para reducir los riesgos y sus impactos. Entre otros, piden crear y promover el uso de buzones de quejas y sancionar a los actores públicos que incumplan la normativa.
Las agencias humanitarias reclaman garantizar el acceso a documentación, atender la problemática de las detenciones arbitrarias, reforzar la capacidad de respuesta de los proveedores de servicios y mejorar el sistema de estadísticas.