El gobierno mexicano criticó el actuar de la Organización de Estados Americanos (OEA) y le pidió evitar injerencias en los asuntos internos de Bolivia, después de que la Secretaría General del organismo cuestionara la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y señalara que los mecanismos judiciales bolivianos “nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a la OEA a conducirse “de acuerdo con las facultades establecidas en los instrumentos jurídicos interamericanos.
“Como Estado miembro de la OEA, México considera que la Secretaría General de la organización debe apegarse a su misión de fomentar el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio, absteniéndose de realizar pronunciamientos unilaterales a nombre de toda la membresía”, expuso la SRE.
La OEA denunció que “persisten los informes según los cuales las injerencias políticas y corrupción en el sistema judicial son generalizadas” en Bolivia, y que esa situación se ha agravado afectando “sustantivamente la credibilidad de los procesos en curso” bajo el actual gobierno del MAS, encabezado por Luis Arce.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, propuso conformar una “comisión internacional” para investigar los casos de corrupción, liberar a los detenidos bolivianos y que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias sobre “eventuales crímenes de lesa humanidad”.
La propuesta fue rechazada por la cancillería boliviana, que sostuvo que descalificar a la justicia boliviana “es un exceso inadmisible” y que “Almagro no tiene autoridad moral, debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y su posición denota injerencia e intromisión”.
Áñez fue detenida la madrugada del sábado y trasladada el lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, donde cumple detención preventiva por cuatro meses mientras se realiza la investigación por el presunto golpe de Estado contra Evo Morales.
Los violentos choques entre seguidores y opositores de Morales en 2019 dejaron varias víctimas en casi un mes de protestas callejeras, pero también la represión de las fuerzas del orden cuando Áñez asumió el poder, que causaron la muerte de 19 partidarios del exmandatario. La fiscalía acusa a Áñez y a dos exministros de sedición y terrorismo.
Anoche trascendió que Áñez tuvo un incremento de la presión arterial, por lo que su familia pidió que fuera trasladada a un centro de salud.
Sin embargo, el director de Régimen Penitenciario, Carlos Limpias, dijo a los medios locales que la salud de la exmandataria estaba “estable” y no fue necesario llevarla a una clínica. “Ha recibido atención médica y esta siendo controlada”, aseguró. La crisis complica la situación de Arce, que a cuatro meses de asumir el gobierno enfrenta cuestionamientos por el lento avance de la vacunación contra el Covid-19 y la falta de medidas para reactivar la economía.
*Con información de agencias