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México padece “restricción parcial a la libertad de expresión”, revela Índice de la SIP

De acuerdo con un estudio elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, en México el informe destaca que no se encuentran “iniciativas institucionales a favor de la Libertad de Expresión para minimizar la alta violencia e impunidad que sigue afectando a los periodistas”

Foto: EFE
19/10/2020 |16:46EFE |
Redacción El Universal
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Miami.- México padece "una restricción parcial de la libertad de expresión y prensa" en América junto con países como Estados Unidos, de acuerdo con el Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami.

El estudio, el primero a cargo de la SIP y que será presentado esta semana en su 76 Asamblea Anual, refleja que el promedio entre los 22 países analizados alcanzó los 51.42 puntos (sobre 100), sin que ninguno de ellos lograra la puntuación necesaria (81 puntos o más) para ubicarse en la franja “Libertad de Expresión Plena”. Cuba, Venezuela y Nicaragua se ubicaron en el extreno negativo con un nivel de "sin libertad de expresión".

El Índice señala que el panorama mexicano en materia de libertad de expresión, para el periodo que abarca el estudio, entre abril de 2019 y mayo de 2020, “es de retrocesos”.

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“Si bien no puede afirmarse que la libertad de expresión esté amordazada, algunas acciones institucionales del Estado mexicano tienden a condicionarla con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los periodistas y la sociedad en general”, advierte el estudio de la SIP.

Destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador “ha marcado la agenda informativa de los medios de comunicación, con un protagonismo exacerbado, en cuyos discursos los ha estigmatizado y descalificado” y que “las acciones de los poderes legislativo y judicial han sido más omisas que diligentes y se han distinguido por estar alineados al poder ejecutivo”.

Los mejor posicionados con una baja restricción fueron Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Perú, Paraguay y Jamaica, en ese orden.

Este índice, que analizó el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril pasado, señala que Brasil y Bolivia sufren una “alta restricción”.

A su turno, Colombia, Panamá, México, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Ecuador registran una “parcial restricción”.

“Los indicadores para la calificación se derivan de los principios que reafirman el derecho a la libertad de expresión como base angular de toda democracia”, explicó este lunes a EFE el profesor León Hernández, investigador de la venezolana Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y coordinador de la investigación.

Hernández agregó que entre algunos de esos indicadores figuraron el acceso a la información pública, el resguardo de las fuentes periodísticas, la censura previa, el establecimiento de medidas administrativas o tributarias que discriminen a medios de comunicación, y hasta “la asignación de frecuencias de radio y televisión y de publicidad para premiar o sancionar líneas editoriales”.

Precisamente, Venezuela es el “peor calificado en la región” tras registrar sólo 3.8 puntos, es decir 47.62 puntos por debajo del promedio y 76.2 puntos menos del país mejor calificado, Chile, que con 80 puntos y tras “conflictos sociales de importancia” roza el rango de plena libertad de expresión.

Llama la atención los 49.6 puntos registrados por Estados Unidos, paradigma global de la libertad y democracia, pero que queda incluido en el grupo de una “parcial restricción” de la libertad de prensa y expresión. El documento destaca que en este caso “prevalece la influencia desfavorable del entorno Ejecutivo” que lidera el presidente estadounidense, Donald Trump .

México padece “restricción parcial a la libertad de expresión”, revela Índice de la SIP

La Intimidación de Trump

“La estrategia comunicacional llevada a cabo por el presidente Donald Trump ha sido calificada como intimidatoria para los periodistas y amenazante hacia los medios que le adversan”, señala el documento, que matiza que a la larga los medios y periodistas quedan protegidos por "el fuerte y blindado marco jurídico del Estado".

En el caso de México, el informe destaca que no se encuentran “iniciativas institucionales a favor de la Libertad de Expresión y para minimizar la alta violencia e impunidad que afectó y sigue afectando a los periodistas”, no obstante en ese país latinoamericano “aún existen espacios que permiten el pluralismo de información”.

De Cuba, penúltima en la clasificación, donde “expresarse libremente puede costar la libertad personal” y “años de adoctrinamiento y sanciones severas ha generado temor en la población”, el documento destaca que el auge de las tecnología ha permitido que cada vez más voces “se alzan para contar al mundo lo que sucede”.

En línea con los principios de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, adoptadas por la SIP en 1994 y 2018 respectivamente, para la elaboración del índice Chapultepec fueron consultados 110 expertos, entre directores de medios, periodistas, abogados, académicos y líderes sociales.

“Se diseñó un instrumento estructurado de preguntas que asigna valores a las percepciones de expertos sobre las acciones, disposiciones, acciones y omisiones del Estado en el periodo establecido”, ahondó Hernández.

Esta investigación, que, dijo el investigador, “brinda una aproximación, sobre la base de percepciones de periodistas y expertos, de la actuación institucional en materia de libertad de expresión y prensa”, tomó en cuenta factores que influyen de manera positiva o negativa, y que fueron agrupados en cuatro dimensiones.

Estos fueron: “Ciudadanía informada y con libertad de expresión”, “Ejercicio del Periodismo”, “Violencia e Impunidad” y “Control de Medios”, pero además midió la influencia desfavorable que pueden ejercer los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La investigación recuerda que durante el periodo analizado algunos países cambiaron de sistema político y de gobierno, otros pasaron por conflictos sociales y todos comenzaron a vivir las consecuencias políticas, económicas y sociales derivadas de las medidas adoptadas para prevenir la expansión de la pandemia de Covid-19 .

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