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Bruselas.— La brecha entre los derechos recogidos en las convenciones internacionales y la realidad cotidiana de los niños mexicanos continúa siendo muy significativa, sostiene en su índice anual la Fundación KidsRights.
Elaborado conjuntamente con la Universidad Erasmus de Rotterdam, el Índice 2019 sostiene que México está particularmente rezagado en el ámbito del derecho a la protección, concretamente en políticas contra el trabajo infantil y de prevención de embarazos en adolescentes. En este rubro, el estudio coloca a México en el escalafón 91 de 181 países.
“Es evidente que México necesita implementar políticas dirigidas a garantizar que todos los menores de edad tengan acceso a educación sexual”, dijo a EL UNIVERSAL Ellen Vroonhof, titular del Departamento de Programas de KidsRights. El país también muestra rezago en el apartado de derecho a salud y educación, ocupando el puesto 67 y 66, respectivamente.
Vroonhof sostiene que México reprueba en cuanto a los años de escolaridad previstos de una persona al nacer: 14.4 años para mujeres y 13.8 años para hombres. “Una cifra muy baja comparada con otros países de la región”, aseguró la experta citando el caso de Chile, con 16.6 años para mujeres y 16.1 años para hombres.
Tomando en consideración los 20 indicadores y cinco grandes dominios que componen el estudio, México aparece en el peldaño 33 a nivel global. “Si bien muestra una ligera mejoría en comparación con 2016, ocupó el lugar 37, aún hay mucho margen para mejorar”, sostiene. Para la organización con sede en Ámsterdam, Holanda, preocupa la continua discriminación a los niños indígenas, afromexicanos y migrantes, los niños con discapacidad, los niños LGBTTTI, los niños de la calle y los que viven en la pobreza y en zonas rurales.
También inquieta la falta de foros permanentes que promuevan la participación de los niños, el limitado presupuesto destinado a los derechos de la infancia y la discreción que prevalece sobre las transferencias de fondos asignados desde las instancias federales a las estatales y municipales. El estudio anual está elaborado con base en información de Unicef, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y está diseñado para medir hasta qué punto los países respetan los derechos de los infantes.
La edición 2019 coloca a Islandia en lo más alto, seguido por Portugal, Suiza, Finlandia y Alemania. Del otro lado figuran Afganistán, Sierra Leona, Chad, Guinea Ecuatorial y la República Central Africana.
