Washington.— México llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su cruzada para atajar el problema de la violencia derivada de los discursos de odio, en una audiencia en la que todas las partes coincidieron en la oportunidad existente de trabajar en la actuación para la prevención de la diseminación de la retórica extremista.
El gobierno mexicano multiplicó sus esfuerzos para acabar con los discursos de odio tras el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, a principios de agosto, donde un supremacista blanco mató a 22 personas (ocho mexicanos) y cuyo objetivo era matar a la mayor cifra posible de connacionales. Desde entonces, México impulsa resoluciones en organismos multilaterales y encabeza la lucha para que estos actos sean calificados de “terrorismo”.
La representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la embajadora Luz Elena Baños, asumió que “a los Estados les corresponde actuar para su prevención”, crear “estándares internacionales en la materia”, porque no se trata de casos aislados o esporádicos de un lugar específico, sino una tendencia en un contexto concreto y con origen determinado. “Estamos preocupados por el aumento de los discursos de odio a nivel global, pero en particular en el continente americano”, expresó.
Entre las medidas que hay que tomar está el compromiso de no reproducir discursos de odio que generan violencia, así como repudiar todo tipo de declaraciones xenófobas y extremistas. La acompañó en esa denuncia Luis Ernesto Vargas, relator de migrantes y desplazados del organismo interamericano, quien dijo que es “supremamente grave” que sean los líderes quienes dominen ahora esta clase de retórica y lo hagan además por uso electoral.
Vargas, en una audiencia anterior, había hecho referencia a su preocupación de la repercusión de los discursos de odio contra los migrantes. En la audiencia también participaron representantes de la sociedad civil. George Selim, vicepresidente de programas de la Liga Antidifamatoria (ADL), recordó que la escalada del discurso del odio “no viene de la nada” y, en sintonía con la idea mexicana de que los gobiernos tienen que frenar los discursos de odio, culpó a “ciertos cargos electos y personalidades de los medios” de fomentar la difusión de mensajes de odio, en una arenga muy centrada en la retórica que emana del gobierno de EU.
Como ejemplo, dijo que en el primer año de presidencia de Donald Trump, los incidentes de odio reportados por el Buró Federal de Investigaciones que tuvieron como objetivo a la población latina se incrementaron 24%.
Vladimir Cortés, de la ONG Artículo 19, apuntó que sofocar los discursos de odio exige una “mirada multidimensional” y una disección a profundidad hasta las causas de raíz del problema, en las que hay que ir con cuidado de no violar otros derechos, especialmente la libertad de expresión. Edison Lanza, el relator para la libertad de expresión de la CIDH, remarcó que hay que “hilar muy fino” y crear estándares claros. Lanza coincidió en la necesidad de un “enfoque preventivo” y aplaudió la idea de la delegación mexicana de trabajar en “políticas de contranarrativas” para combatir el extremismo, al iniciar por la educación.