Bruselas.— El ejercer derechos de la vida democrática, como votar, presentarse a un cargo de o afiliarse a un partido con el que se tiene afinidad ideológica, supone un alto riesgo para la mujer en México.

El peligro es de tal magnitud que México encabeza la lista global de violencia a mujeres en política elaborada por Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), una organización especializada en el análisis de datos y cuya actividad cuenta con el financiamiento de instancias como el Ministerio de Exteriores de Holanda y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“La violencia contra las mujeres en la política ha ido en aumento en México en los últimos años. La tasa de violencia en 2021 superó la registrada en 2020, año que a su vez superó a 2019”, dice a Roudabeh Kishi, Directora de la Unidad de Investigación e Innovación de ACLED.

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Para ilustrar su preocupación hace referencia al caso registrado el pasado 1 de diciembre, en el que la síndica del municipio de Churumuco, Michoacán, Diana Rosales Reyes, resultó lesionada luego de ser agredida a tiros por hombres armados mientras viajaba en un vehículo por carretera.

“La amenaza es muy real y permanente”, sostiene Kishi, resaltando el considerable aumento en México de la violencia contra las mujeres candidatas a cargos políticos y simpatizantes de partidos políticos.

Igualmente han crecido las agresiones a representantes de gobierno, particularmente mujeres policías. Desde el 2020 hay un aumento de los ataques de los cárteles de la droga a representantes del orden femenino cuando se encuentran fuera de servicio.

ACLED comenzó a recopilar información sobre violencia política dirigida a mujeres en México a partir de 2018. Desde entonces y hasta el pasado 10 de diciembre, contabiliza 138 eventos de violencia física dirigidos específicamente a mujeres en la arena política.

Algunos han sido mortales, como el de Rosely “Chely” Magaña Martínez, quien era candidata a regidora por el PRI en Islas Mujeres y perdió la vida el 10 de junio de 2018 tras ser baleada en un acto político.

En lo que va del conteo del presente año, México suma 41 eventos, con lo cual encabeza la lista de países con más violencia física contra mujeres en política. Al país le sigue la India, Myanmar, Colombia, Uganda, Burundi, Brasil, Honduras, Sudáfrica y Paraguay.

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Los 10 países con más violencia física dirigida a las mujeres en la política este año son: México, China, Colombia, Myanmar, India, Uganda, Cuba, Burundi, Brasil y Kazajistán. México encabeza la lista con 41 hechos denunciados, seguido de China con 37.

En cuanto al tipo de violencia ejercida, la gran mayoría, 83% se presentan en forma de ataques no sexuales, muy por encima de la media global, 60%.

Le siguen los secuestros/desapariciones forzadas (9%), la violencia colectiva (6%), y luego la violencia sexual así como las tácticas de violencia a distancia (ambas representan alrededor del 1% de toda la violencia de este tipo, respectivamente).

En cuanto a los responsables, los eventos son principalmente autoría de grupos armados no estatales, 91% del total.

Los casos suelen ser archivados sin identificar a los grupos armados y las agrupaciones criminales detrás de la agresión. De los 122 hechos contabilizados en este rubro, en una ocasión se menciona al Cartel de Santa Rosa de Lima y en otra al Cártel Jalisco Nueva Generación.

ACLED señala que el anonimato con el que tienen lugar la violencia en México refleja la impunidad que gozan los perpetradores.

Otros actores señalados como agresores son los grupos clandestinos que operan anónimamente en turbas violentas, 6%, y las fuerzas estatales, con 3% de los casos totales.

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El organismo encabezado por Clionadh Raleigh, profesora de geografía y violencia política en la Escuela de Estudios Globales de la Universidad de Sussex, precisa a este diario que los datos constituyen solo una fracción de toda la violencia dirigida a las mujeres en el país.

“De los países que damos seguimiento, México es uno de más violentos, con índices de violencia comparables a zonas de guerra en activo como Siria”, indica Kishi.

“Además de esta amenaza, las mujeres y las niñas particularmente enfrentan niveles elevados de violencia selectiva. De hecho, México encabezó este año la lista de este tipo de violencia a mujeres y niñas, con más del doble de los eventos registrados en 2020 en comparación con el país que le sigue en la lista. Esa tendencia continuó este año”.

Al margen de la violencia física en la esfera pública, las mexicanas también enfrentan altas tasas de amenazas e intimidación, así como violencia interpersonal y feminicidio; datos relevantes, pero por la magnitud con la que ocurren, están fuera del alcance de las capacidades de monitoreo de ACLED, explica la experta.

En cuanto a la actuación del Estado para poner un alto a la violencia política y contra la mujer, Kishi destaca el significativo avance legislativo en materia de paridad de género.

“Pero ante esos pasos, resulta imperativo que se cultiven entornos más seguros para facilitar una mayor participación política de las mujeres. Muy a menudo se pone el acento en uno [el legislativo] y no en el otro, ambos deben ir de la mano para garantizar la seguridad de las mujeres en la política”, enfatiza.

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El organismo no gubernamental sostiene que entender la magnitud del problema, los tipos de agresiones, así como el perfil de los perpetradores, es fundamental para diseñar los programas, las políticas y las estrategias dirigidas a enfrentar el espectro de amenazas en su conjunto a fin de salvaguardar la participación de la mujer en la vida democrática.