sigue sin cumplir los estándares mínimos contra el tráfico de personas y se mantiene en el nivel 2 de la clasificación del Departamento de Estados Unidos , a pesar de los esfuerzos por tratar de erradicarlo con más y mejor investigación. La clasificación del país permanece invariable desde el año 2007, cuando mejoró al dejar atrás la lista “bajo observación” del nivel 2.
En su informe anual de tráfico de personas en el mundo correspondiente al ejercicio de 2019, el gobierno de Washington recomienda incrementar los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de trata -incluyendo trabajos forzados-; aumentar la identificación y protección de víctimas, especialmente entre las comunidades más vulnerables a ser víctimas como los migrantes y los indígenas; un aumento de la persecución de estos delitos en el sistema judicial; reforzar la recolección de datos y acabar con los funcionarios corruptos o cómplices de trata -la corrupción relacionada al tráfico “se mantiene como una preocupación”, se explicita-.
En ese sentido, Estados Unidos sugiere desarrollar, en consonancia con organizaciones internacionales y ONG, un plan de acción y estrategia nacional para proveer a las víctimas de los servicios que necesitan, con especial énfasis en paliar la falta de albergues y mejorar los cuidados para evitar victimización y trauma. Es necesario dedicarle -e incrementar- el monto presupuestario, fondos que deben servir también para mejorar la prevención de estos delitos con inspecciones a cargo de personal entrenado.
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Por esa parte, Estados Unidos mantiene la alerta por las “medidas de austeridad adoptadas” en México por la contracción económica y la prioridad a iniciativas de desarrollo, algo que ha “impactado en los programas” en todo el gobierno incluido el trabajo contra la trata de personas. La doble austeridad derivada de la pandemia de Covid-19 amenaza con impactar todavía más a los programas de lucha contra la trata.
A pesar del “demostrado incremento del esfuerzo” con respecto al año anterior, Estados Unidos determina que México todavía hay “áreas clave” en la que no cumple con lo requerido. Según sus datos, sentenció a menos traficantes -aunque los condenados cumplirán sentencias de cárcel “significativas”- e investigó menos casos de trabajo forzado; los servicios especializados a las víctimas de trata fueron “inadecuados” y no estaban disponibles en la mayoría del país; el número de albergues era ínfimo comparado con “la escala del problema” y el gobierno “a veces detuvo erróneamente” a víctimas de tráfico en sus operaciones.
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“El gobierno incrementó sus esfuerzos en investigaciones y persecuciones, pero obtuvo menos sentencias”, resume el informe, que destaca que el aumento de la actividad judicial contra la trata se entiende por el trabajo en tres áreas del país: Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua. Fuera de estos territorios, “se realizaron investigaciones limitadas”, muchas veces “retrasadas” por falta de coordinación entre funcionarios o por la tardanza en la determinación de la jurisdicción que debía hacerse cargo del caso.
A eso hay que añadirle la falta de personal especializado en las cortes sobre trata de personas, algo que preocupa especialmente a los expertos en la materia y derivado de la limitación de personal y presupuesto, concretamente en comunidades rurales e indígenas, lo que afecta al trabajo federal de lucha contra el tráfico.
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“Los expertos también citan el limitado entendimiento del tráfico, particularmente del trabajo forzoso, como un impedimento de la respuesta del gobierno”, apunta el Departamento de Estado estadounidense.
“Las ONG señalaron debilidades en la aplicación de la ley por parte del gobierno, incluyendo una mal entendimiento de ella, una definición legal demasiado amplia de tráfico, el fracaso en el desarrollo de funciones oficiales, la insuficiente identificación de víctimas, particularmente relacionadas con el trabajo forzado, como factores que limita la efectividad gubernamental”, añade.
Una de las grandes preocupaciones del gobierno de Estados Unidos es la protección que México da a las víctimas.
“Hubo problemas con la identificación de víctimas de trabajo forzado y muchas víctimas no recibieron albergue adecuado o servicios especializados”, insiste el informe. Particularmente se detalla la falta de cuidados integrales para las víctimas de trabajo forzado varones, adolescentes y rurales; y los servicios sociales inapropiados que reciben las víctimas infantiles de trabajo forzado.
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