San José. – La industria colombiana de los hidrocarburos avanzó en los albores de 2023 sometida a un ataque tupido y combinado del presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, y de la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional ( ELN). Por el doble acoso, la opción trasladar las tareas extractivas y productivas de petróleo y gas a Estados Unidos, Ecuador y México entró en el radar de las firmas privadas transnacionales que operan en Colombia.

Petro, cuyo cuatrienio se inició en agosto de 2022, reafirmó en enero de este año la promesa de la campaña electoral que le llevó a la Presidencia: Colombia se abstendrá de conceder nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas, variará su estructura energética para evitar mayores daños ambientales e impulsará al turismo como alternativa.

El ELN, que se sublevó en 1964 y se concentró en los ataques a la infraestructura petrolera como emblema de su lucha guerrillera, arreció este año sus sabotajes, amenazas, bloqueos viales y otras acciones contra la industria petrolera.

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El confuso panorama atizó la turbulencia de un escenario energético regional sacudido por la profunda debacle de la industria de los hidrocarburos en Venezuela, potencia petrolera mundial en deterioro por el agudo conflicto político, socioeconómico e institucional interno que se agravó desde 2014, y las expectativas con Guyana como nuevo y prometedor productor que en 2019 saltó como sorpresivo y nuevo “jugador” del mercado internacional.

México, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Guyana son los principales productores latinoamericanos y caribeños de crudo.

Una encuesta de 2022 que la (no estatal) Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) difundió este mes sobre la percepción empresarial para invertir en explorar y producir hidrocarburos en Colombia comparada con 2021, mostró que las compañías instaladas en esa nación mencionaron 17 países con los que compiten por inversión en esas actividades.

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“Estados Unidos lideró el ranking seguido por Ecuador (…). Le siguen México y Brasil, Guyana y Venezuela”, reveló el informe, del que EL UNIVERSAL tiene copia.

Tras mencionar que la industria soportó en 2022 un contexto interno y externo “de altibajos”, anticipó que 2023 “no luce muy diferente; en Colombia se esperan decisiones de gobierno con relación a la transición energética que serán trascendentales para el futuro del país y la industria de hidrocarburos”.

Entre las “debilidades” de Colombia, las encuestadas citaron “la incertidumbre” del sector por “la no suscripción de nuevos contratos” y “la complejidad en la operatividad en territorio: aumento progresivo de las vías de hecho” o la “conflictividad social” contra la industria.

Un factor relevante será “garantizar la seguridad nacional” ante el “recrudecimiento de las condiciones de orden público, que a comienzos del 2023 llevó a una empresa (petrolera de Canadá) a suspender sus operaciones” en Colombia, puntualizó.

Según la Asociación, a Petro le interesa “desacelerar la industria extractiva del petróleo”.

El entorno “es polémico”, reconoció, por su parte, el politólogo colombiano Álvaro Jiménez, máster en defensa de derechos humanos y directivo de Crudo Transparente, organización no estatal colombiana de análisis del negocio de los hidrocarburos.

Al aclarar que “no conozco ninguna declaración (…) de las empresas de retirarse (…) de la inversión en Colombia” Jiménez dijo a este diario que las compañías “continúan con su trabajo con limitaciones derivadas de las circunstancias que existen en algunas regiones, paros de las comunidades o amenazas de grupos armados”.

“Efectivamente hay actores armados en un país (con) multiplicidad de violencias armadas y de orígenes de esas violencias y empieza a ser afectada la industria… no ahora. En los últimos 15 0 10 años especialmente la industria ha sido afectada por robo de crudo o combustibles. No es novedad para la industria este tipo de amenazas”, relató.

Ninguna “ha decidido irse”, insistió.

Señales

La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, ratificó en enero anterior que “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo” y alegó que “es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático” y una decisión “absolutamente urgente”.

Al referirse al calentamiento global, el deshielo y las múltiples causas y secuelas de la crisis ambiental y climática mundial por la emisión de gases de efecto invernadero, Insistió en que Colombia debe modificar su modelo económico y dejar de depender de los hidrocarburos.

Petro propuso una “fuerte inversión en turismo” y en la capacidad y la potencialidad de Colombia para generar energías limpias y transitar, a corto plazo, a “llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil de la que hemos dependido”.

Tras instar a la banca privada y multilateral mundial a “dejar de financiar la economía de los hidrocarburos", alegó que el problema climático solo se superará “si dejamos de consumir hidrocarburos” y recalcó que “la solución es un mundo sin petróleo y sin carbón”.

La situación es crucial para un país que, con una pobreza por ingresos monetarios de más del 39% en sus 51 millones de habitantes, está estrechamente atado a sus ventas externas de petróleo.

El dato oficial de entrada de divisas a Colombia por ese rubro subió de 13 mil 541 millones de dólares en 2021, o casi 33% de las exportaciones (41 mil 389.9 millones de dólares), a 18 mil 938 millones de dólares en 2022, más del 33% del monto total exportado (57 mil 115,3 millones de dólares).

La Asociación confirmó que Colombia aumentó en 55% su inversión para explorar y producir petróleo y gas de 3 mil 90 millones de dólares en 2021 a 4 mil 880 millones de dólares en 2022.

En exploración, reportó que las inversiones de 2022 sumaron mil 290 millones de dólares y bajarán a mil 240, “serían las más altas” en nueve años (2014), pero seguirán por debajo de los mil 910 millones de dólares de 2014.

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