San José.— “Es hora de que México abra los ojos y entienda que en Nicaragua hay una dictadura que a diario viola los derechos humanos de los nicaragüenses”.
Así, contundente y enfática reaccionó la abogada nicaragüense Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del ilegalizado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a la decisión anunciada ayer por México y Argentina de llamar a consultas a sus embajadores en Managua ante la aguda crisis política que se recrudeció en Nicaragua.
Al amparo de leyes aprobadas en 2020 por diputados dóciles a sus órdenes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, desataron este mes una oleada de arrestos de cinco precandidatos presidenciales y de 13 empresarios y dirigentes políticos y sociales. Con el dominio del Poder Judicial y de la fiscalía, la dupla gobernante desde 2007 los acusó de menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia foránea en asuntos internos, pedir intervenciones militares y bloqueos económicos, y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos desestabilizadores.
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Podría haber un mea culpa de México y de Argentina, adujo Núñez, de 82 años, casada, con dos hijos, cuatro nietos y dos bisnietos, al aludir en entrevista con EL UNIVERSAL a las acciones diplomáticas de esos dos países en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). México y Argentina se abstuvieron el 15 de junio en la votación en el consejo a una resolución que, por 26 a favor, tres en contra y cinco abstenciones, condenó a Nicaragua por capturar y hostigar a los precandidatos y demás dirigentes, y en la que se demandó su libertad inmediata y la de “todos los presos políticos”.
Tras el voto en la OEA, los dos gobiernos emitieron una declaración paralela para fustigar cualquier plan externo de inmiscuirse en asuntos de Nicaragua y rechazaron “imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.
Nicaragua acudirá en noviembre próximo a comicios generales. La oposición nicaragüense siempre lamentó que México se apegó a la no injerencia en asuntos internos de otros Estados, [a] la libre autodeterminación de los pueblos y al arreglo pacífico de las controversias, y calló ante las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde que, en abril de 2018, estallaron las protestas.
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Como connotada disidente, Doña Vilma cumplió 60 años de llevar el recuento de la represión en Nicaragua: la de la dictadura somocista, que gobernó de 1934 a 1979, y la del clan Ortega Murillo, que asumió en 2007 y que rechazó los cargos que se le atribuyen y alegó ser respetuoso de la ley y de la democracia. El siguiente es un extracto de la entrevista:
¿Qué opina del llamado a consultas de los embajadores de México y Argentina?
—Es hora de que México abra los ojos y entienda que en Nicaragua hay una dictadura que a diario viola los derechos humanos de los nicaragüenses. Los ojos de México, más abiertos de los que los debía tener, ya no podrían estar. Veo allí [en esa decisión] una serie de manejos y de cálculos que van más allá de la posibilidad de contribuir a la solución del problema de Nicaragua. Cuando ya algún Estado entra en una situación de hacer cálculos de acuerdo con sus puntos de vista, muy particulares, sin ver cómo puede ayudar, se complican las cosas. Hay un juego diplomático. Podría haber en cierto sentido un mea culpa, porque la comunidad internacional criticó a Argentina y México por no ser tan explícitos o por aparentar en su declaración [del 15 de junio] más o menos un intento de mediación satisfactoria para la dictadura. También ellos [México y Argentina] quieren buscar como no estar al descubierto [a favor de la dictadura].
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¿Es importante el retiro de los embajadores?
—Los retiran, pero siguen insistiendo en repetir el discurso de la dictadura, de que los nicaragüenses debemos resolver nuestros problemas. Sí, somos los nicaragüenses los que debemos resolverlos, pero para eso existe la solidaridad y la responsabilidad de la comunidad internacional, a través de mecanismos en el derecho internacional, del que los Estados democráticos son parte.
¿Está hoy peor Nicaragua con Ortega que con los Somoza?
—Las atrocidades de la dictadura de Ortega y Murillo rebasan los parámetros del comportamiento dictatorial de los Somoza, ocurridas en un contexto de enfrentamiento armado al poder dictatorial perverso de los Somoza. Hoy es un gobierno que centraliza y acapara el poder y la fuerza, y reprime a un pueblo desarmado.
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¿Aún puede creerse en la vía electoral como la solución?
—El pueblo decidió usar la vía electoral como la legítima y democrática para resolver la crisis. Pero la dictadura la destruyó, no quiere solución, sólo quiere seguir reprimiendo. Por el comportamiento de Ortega y Murillo estamos manos arriba. Las elecciones dejaron de ser una farsa: son un despojo. Ortega desmontó la posibilidad de una farsa, ni siquiera disimuló para hacer un despojo de los derechos políticos.