San José. – El primer año de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México cerró con una política exterior mexicana que mostró dos rostros opuestos de una moneda con tres principios básicos.
Ante las violentas crisis de los gobiernos izquierdistas de Venezuela y Nicaragua, México se apegó a la Doctrina Estrada que, desde la década de 1930 y con rango constitucional, rige su accionar internacional: no intervención en asuntos internos de otros Estados, respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.
Pero en el lío en Bolivia, México se apartó del tridente.
Sin esperar al fallo del órgano electoral de Bolivia sobre el resultado de la libre autodeterminación del pueblo expresada en los comicios presidenciales del 20 de octubre pasado, y pese a la crisis que surgió por la denuncia opositora de que el oficialismo hizo fraude al tratar de reelegir al izquierdista Evo Morales, México se distanció de la no injerencia en asuntos internos de otros estados, se anticipó y tomó partido.
López Obrador confirmó el 28 de octubre que ese día llamó por teléfono a Morales para felicitarlo por lo que catalogó, en su cuenta de Twitter, como triunfo en elecciones “libres y democráticas”. “Hermano”, le contestó Morales.
Pero los hechos luego se precipitaron, el órgano solicitó una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que Morales aceptó y cuyo veredicto reveló irregularidades en la jornada del 20 de octubre.
Morales admitió en la mañana del 10 de noviembre citar a nuevas elecciones y en la noche, acosado por militares y policías, dimitió y viajó el 11 a México, a donde llegó el 12. México acusó que Morales sufrió un golpe de Estado y que debió concluir su mandato—el tercero consecutivo—el 22 de enero de 2020.
Pese a que López Obrador definió las elecciones como “libres y democráticas”, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseveró el 12 noviembre, al recibir a Morales como asilado político en México, que su gobierno nunca las calificó.
Ante el reclamo del nuevo gobierno boliviano de que Morales, ya en México y en violación a las reglas del asilado, lanzó mensajes incendiarios a Bolivia que comprometieron la política exterior mexicana, Ebrard replicó que su país respeta la libertad de expresión.
En un debate el 20 de noviembre en la OEA, la embajadora mexicana Rosa Elena Baños tocó asuntos internos bolivianos al instar a militares y policías de Bolivia a retornar a los cuarteles para evitar el choque con la población civil.
Analistas internacionales cuestionaron si México aceptaría que otro país le sugiera como actuar con su aparato de seguridad o por qué eludió hacer solicitudes similares a militares y policías de Venezuela, Nicaragua, Chile o Ecuador.
“México desarrolla una política exterior de profundas contradicciones. Prevalece lo ideológico sobre los principios tradicionales de su política exterior”, dijo el nuevo embajador de Bolivia en la OEA, Jaime Aparicio.
“México ha intervenido descaradamente en Bolivia y aduce que no juzga gobiernos y que solo reconoce Estados, pero eso solo cuando se trata de Nicaragua y Venezuela ya que juzga, opina y critica cuando se trata del gobierno legítimo de Bolivia al que todavía no reconoce”, agregó Aparicio en entrevista con EL UNIVERSAL. México negó intervenir en Bolivia.
México “se apresura a festejar el triunfo de Morales antes de la auditoría. Después se sabe que hubo fraude, lo que dejó muy mal parado a México, que luego viola el tratado de asilo territorial al permitir que Morales, desde suelo mexicano, incite a la violencia”, recalcó el embajador.
Con el asilo a Morales y el libre accionar que le cedió, México “expresa solidaridad” con la izquierda latinoamericana para “demarcar su política exterior dominada por la conflictiva relación con Estados Unidos”, afirmó el colombiano Rubén Sánchez, profesor de relaciones internacionales de la (no estatal) Universidad del Rosario, de Colombia.
López Obrador “compromete los intereses de su país” porque, aunque es “discutible” su decisión “de seguir reconociendo” a Morales como autoridad legítima, también es “discutible” permitirle que siga “actuando abiertamente en política” sobre Bolivia “así exista afinidad ideológica”, explicó Sánchez a este diario.
Otro rostro. En enero de 2019, cuando México debió tomar posición y definir si Nicolás Maduro fue reelecto en mayo de 2018 en comicios legítimos o ilegítimos como presidente de Venezuela para un segundo sexenio, respondió contundente. Sin importar si la elección fue válida o ilegal, en la práctica reconoció a Maduro—a quien acogió el primero de diciembre en la toma de posesión de López Obrador—y se negó a reconocer al opositor venezolano Juan Guaidó, proclamado el 23 de enero como presidente interino.
México, fundador del Grupo de Lima junto a 11 países americanos en agosto de 2017 en Perú para consultas sobre Venezuela, rechazó una declaración de ese eje que desconoció a Maduro como gobernante a partir del 10 de enero de este año al acusar que su reelección fue antidemocrática. Maduro replicó que fue legal.
México se salió del bloque y adujo que, por el límite constitucional de su política exterior, decidió abstenerse de pronunciarse sobre los comicios en los que Maduro se reeligió, por ser un asunto interno que involucra la libre autodeterminación del pueblo venezolano.
Pero con Cuba y su sistema comunista y unipartidista, sin elecciones libres y democráticas y una prensa en control estatal, México dejó su imparcialidad. Al recibir en octubre pasado al presidente de Cuba, Miguel Díaz—Canel, electo en abril de 2018 por la cúpula cubana de poder, México ratificó su solidaridad política con La Habana, principal socio de Caracas y férreo defensor de Maduro.
Cuba es para México “emblema de la lucha por la libertad”, aseguró el vicecanciller mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, en víspera de la visita de Díaz—Canel.
México, lamentó el embajador Aparicio, “se aleja” de las democracias de América.
