San José.— México aceptó ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) su culpa parcial en la desaparición forzada del indígena Antonio González Méndez en 1999 en Chiapas en el contexto del levantamiento armado del guerrillero e izquierdista Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, pero rechazó cualquier responsabilidad en violar los derechos a la vida y la libertad de la víctima.
Durante una audiencia virtual en la Corte, el abogado Salvador Tinajero, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, rechazó la culpabilidad del Estado mexicano en la desaparición de González y en la vulneración directa de sus derechos a la vida y a libertad personal.
El involucramiento del Estado en esos actos “no está demostrado”, argumentó Tinajero, al limitarse a admitir la responsabilidad de México por omisiones o fallas para indagar lo sucedido al indígena, de la etnia Cho’l y de las bases civiles del EZLN, y ayudar en su búsqueda.
Al reconocer el “allanamiento parcial” de México en el proceso, Tinajero alegó que nunca se probó que Paz y Justicia, red paramilitar de Chiapas acusada de la desaparición de González, tuviera nexos con estructuras estatales y precisó que ese grupo actuó “fuera” de las instituciones del Estado.
A la Corte “no le corresponde” reconocer “la verdad histórica” del levantamiento del EZLN, subrayó.
México rechazó conceder pensión vitalicia a la familia de González —su esposa, Zonia López, sus tres hijas y su hijo— y recordó que el Estado y los parientes acordaron una indemnización de 325 mil 593 dólares para los cuatro.
La Corte enjuició ayer la presunta culpa de México por violar, en contra de González, los derechos de integridad personal, de garantías judiciales y de protección judicial y las obligaciones de “no practicar la desaparición forzada”. El proceso quedó visto para sentencia; se ignora cuándo será emitida.
Al juicio, que duró tres horas y 17 minutos, acudieron el Estado, López, el (no estatal) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de Chiapas (defensor de la familia) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como acusadora.
El caso marcó un hecho sin precedente en la Corte: primera vez que México fue enjuiciado por su presunta responsabilidad internacional en las violaciones a los derechos humanos por la sublevación del EZLN, guerrilla indígena creada en 1983 que en enero de 1994 inició una guerra contra el gobierno federal para exigir justicia social.
El EZLN, que en ese mes acordó un alto el fuego y empezó a negociar la paz con el gobierno mexicano, dejó su vocación militar en 2006 y se convirtió en frente político.
“¡Que lo busquen y que lo encuentren! Ya sea vivo o que me entreguen los restos de Antonio”, exigió López, también de la etnia Cho’l, al intervenir ayer en el idioma de su comunidad indígena con apoyo de una traductora por teleconferencia en la audiencia.
González fue víctima del mexicano Juan Rufino López Oporto, presunto miembro de la fuerza paramilitar, declaró.
“[Antonio] no regresó y hasta ahora no sabemos más”, agregó, al narrar sus infructuosos y prolongados trámites ante autoridades policiales, judiciales y de ministerios públicos en busca de su esposo y revelar que recibió amenazas de muerte por su lucha.
Al reprochar que “no hicieron esfuerzos para buscar a Antonio ni a Juan Rufino”, destacó que ese hombre “es el único que sabe” el paradero de González y pidió que primero sean hallados los restos y luego haya “disculpa” pública estatal.
El Centro reiteró que González desapareció el 18 de enero de 1999 como un “claro blanco” del contexto de un plan contrainsurgente de la Secretaría de la Defensa Nacional de México sobre el EZLN ejecutado con apoyo paramilitar y con “crímenes de lesa humanidad”.
La CIDH denunció en la audiencia que el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incumplió unas medidas “de reparación” que el 22 de julio de 2019 pactó con la familia.