Washington.- Cada año pasan por el sistema judicial estadounidense decenas, sino centenares, o incluso miles de mexicanos. No todos los casos llegan a los medios de comunicación, no todos tienen el mismo seguimiento mediático ni tampoco el mismo interés en la opinión pública. En este 2020, sin embargo, los grandes casos han tenido un elemento en común: en la banca de acusados se han sentado importantes figuras y excargos públicos mexicanos, imagen de la corrupción en el país juzgada por la Unión Americana.
Si 2019 fue el año de la culminación de uno de los procesos más esperados: la condena y sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, personaje de aura casi mitológica; este 2020 el protagonismo lo han compartido tres figuras políticas de diferentes índoles.
Tres casos que son como una historia en tres actos, en función de su final.
El fin del año 2019, con El Chapo ya en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, aguardaba una sorpresa: la detención en Dallas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y nada más y nada menos que acusado de narcotráfico con lazo al cártel de Sinaloa.
Sus primeras presentaciones ante los jueces, en época precoronavirus, sólo sirvieron para declararse no culpable y ver como los intentos de conseguir la libertad bajo fianza eran infructuosos, a pesar de propuestas millonarias de su abogado de oficio, César de Castro. El “serio riesgo” de fuga impidieron una resolución diferente; meses más tarde, razones basadas en la situación pandémica tampoco surgieron efecto.
Su caso se complicó con la vinculación al caso de Iván Reyes Arzate, exjefe de la Policía Federal y ex enlace mexicano con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), quien cuando pocos días antes de terminar su condena en Chicago por colaborar con el Cártel de Sinaloa y ser deportado a México, se encontró en Nueva York acusado en el mismo caso que García Luna.
Por si fuera poco, en verano se incluyó a la causa el delito de liderazgo de una banda criminal, cargos por los que también se acusó a dos ex altos cargos de la Policía Federal mexicana: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, por dejar que el Cártel de Sinaloa actuara “impunemente”.
Con la negativa constante de que García Luna esté negociando una salida pactada con una declaración de culpabilidad -una declaración pública totalmente habitual pero no siempre cierta-, las audiencias judiciales se celebran ahora por videoconferencia que han tenido graves y constantes altercados técnicos, especialmente por la incapacidad de voces en español de silenciar sus teléfonos. Mientras, las partes revisan y analizan el casi millón de páginas de pruebas y decenas de horas de grabaciones que implicarían al exsecretario de Seguridad en una trama de narcotráfico sin precedentes.
Al igual que la detención de García Luna, fue una sorpresa mayúscula la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, el que fuera secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cienfuegos aterrizaba a finales de octubre en Los Ángeles para vacacionar y terminó esposado y con destino a Nueva York, acusado de cooperación con el narcotráfico.
Empezó una operación diplomática sin precedentes para liberar a El Padrino, algo inaudito y de lo que no disfrutó, por ejemplo, García Luna. México se quejó de injerencia soberana al no estar enterada de la investigación ni la detención, incluso con cable diplomático de por medio. Se celebraron las primeras audiencias judiciales, se aseguró que había pruebas claras… Y de repente, un mes después y sin esperarlo nadie, la fiscalía de EU sorprendió retirando todos los cargos al general por “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”, a pesar de años de recabar información sobre los tejemanejes del exmilitar con narcotraficantes.
En menos de un día Cienfuegos pasó de ser el alto cargo más importante en afrontar acusaciones de narcotráfico a ser hombre libre en territorio mexicano. De fondo sonaron rumores de amenazas de fulminar la cooperación antidrogas.
La promesa del gobierno de AMLO fue que se investigaría a Cienfuegos, pero todo apunta que quedará en papel mojado. El mismo gobierno mexicano informaba hace poco que clasificaba el material relacionado con el general por cinco años. El The Wall Street Journal, citando fuentes de ambos países, añadía que las pruebas contra Cienfuegos no eran “sólidas”.
La opción de que el general acabe sin enfrentar a la justicia, ni de uno ni de otro lado de la frontera, gana enteros.
Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, fue detenido a fines de octubre; la fiscalía de EU retiró sus cargos. Foto: ARCHIVO AP
A principios de julio, justo en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador entraba con su comitiva en la Casa Blanca, en el que era su primer y único viaje internacional, empezó a sonar el rumor de la detención en Miami de César Duarte Jáquez, exgobernador priísta de Chihuahua (2010-2016) acusado en México de peculado y otros delitos.
Las sospechas de intercambio de “regalos” era factible: Trump suavizando su perfil con los votantes latinos y recibiendo algo parecido a una bendición del presidente mexicano, AMLO se anotaba el punto de la detención de otro político acusado de corrupción. Todo el mundo lo negó.
Duarte, como todos los acusados, intentó primero evitar su proceso pidiendo libertad bajo fianza, que se le negó. Poco más tarde empezó la pelea por demostrar que la solicitud de extradición no tenía la validez como para ejecutarse y por tanto debería desestimarse ya que los delitos habrían prescrito.
A la espera de resoluciones y mociones que todavía tienen que presentarse este fin de año, a Duarte Jáquez se van acabado una por una todas las opciones. La que parece que será la audiencia de extradición definitiva, a no ser que se vuelva a postergar por la situación pandémica o cualquier otro menester sobre el caso, se realizará a mediados de enero.
César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua, fue detenido con fines de extradición. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Que los mayores casos judiciales de mexicanos en Estados Unidos estén protagonizados por ex altos cargos públicos no significa que haya un respiro a líderes de cárteles mexicanos que son perseguidos por las autoridades de la Unión Americana. Este 2020, de hecho, ha sido un “mal año” para los hijos de los grandes capos.
Después del bochorno de la fallida aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, toda la presión cayó en los herederos de otros grandes nombres del narcotráfico mexicano.
A principios de año fue el turno de Rubén Oseguera González, Menchito, el hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, uno de los criminales más buscados por todas las agencias estadounidenses y enemigo público número uno de Chicago.
El Menchito esquivó la extradición por casi cinco años, pero en febrero de este año aterrizó en Washington DC para enfrentar los cargos de narcotráfico y uso de armas de fuego para cometer crímenes. En su primera presentación ante el juez, en la que se declaró no culpable, le acompañó en la banca del público Jessica Oseguera González, su hermana.
Pocos esperaban que, a la salida, la Negra sería detenida por sus tratos con empresas vinculadas al cártel de su padre. Estuvo a punto de salir en libertad bajo fianza, pero finalmente no fue así. Su juicio ya tiene fecha de inicio: el 22 de marzo.
El otro gran vástago narcotraficante que ha pasado un 2020 entre rejas estadounidenses es Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo. A finales de 2019 fue extraditado a los Estados Unidos; más allá de la audiencia inicial, en la que se declaró no culpable de dos delitos de narcotráfico, el hijo de el Mayo no ha salido de la cárcel mientras espera juicio, en parte porque su defensa está revisando la multitudinaria evidencia en su contra (documentos y mensajes de Blackberry interceptados) y la pandemia de coronavirus, que ha congelado las vistas judiciales en San Diego (California) desde mediados de abril.
Además, los Estados Unidos han renovado su interés por Rafael Caro Quintero, objetivo prioritario de la DEA desde 2018 pero sobre el que se está intentando cercar todavía más, tras poner en la lista negra al que se considera uno de sus principales socios y testaferros.