Más Información
Secuestran y asesinan a delegado de Unión Regional Ganadera en Sinaloa; su cuerpo presenta huellas de tortura
Pifia ortográfica se cuela en transmisión del debate sobre CNDH; “Dictamen a discución” pasa desapercibido en Canal del Congreso
Trump designa a Elon Musk al frente del “Departamento de Eficiencia Gubernamental”; buscará eliminar regulaciones excesiva
Ramírez de la O adelanta recortes al gasto en varios rubros para Presupuesto 2025; “no nos estamos enfocando en una sola área”
Avanza en lo general reforma contra maltrato animal en San Lázaro; corridas de toros y peleas de perros no fueron consideradas
Jufed se presenta en la Corte Interamericana; reforma judicial es un ataque sistemático y se materializó en la Constitución, acusa
La Paz
.- Lo que estaba programado como una interrupción de un embarazo de una menor de 14 años, víctima de violación, se convirtió en un parto prematuro que desató un debate en Bolivia entre quienes apoyan la objeción de conciencia médica y los límites para este tipo de prácticas que la ley autoriza cuando ha existido una violación.
El suceso ocurrió hace una semana en el Hospital de la Mujer Percy Boland de Santa Cruz , pero se dio a conocer este martes.
La menor estaba en la semana 26 de gestación y dio a luz a un bebé de más de un kilo que los médicos decidieron mantener con vida.
El embarazo fue producto de una violación por parte del dueño del restaurante en el que ella trabajaba, según declararon sus familiares a los medios.
Al inicio, la menor no contó a nadie del abuso y tampoco habló de su embarazo, hasta que sus signos se hicieron evidentes hace algunas semanas.
“Debido a que existía respaldo legal, se realizó la interrupción , pero el bebé nació vivo y está internado”, explicó el director médico del Hospital de la Mujer de la ciudad de Santa Cruz , Federico Urquizo , citado por el diario El Deber.
El inédito y complejo caso puso de cabeza al nosocomio, pues existe una sentencia constitucional que avala la práctica del aborto sin orden judicial en caso de violaciones. La norma, que data de 2014, no establece un límite en los tiempos de gestación para realizar la interrupción.
Urquizo
relató que la menor acudió al hospital por primera vez cuando tenía 23 semanas de embarazo, momento en que los familiares mencionaron que había sido violada. Ante la negativa de los médicos, la familia presentó una denuncia policial por el abuso y solicitó la “interrupción legal del embarazo”. Todos los médicos presentaron cartas de objeción de conciencia.
“Primera vez en mi vida que veo que ocurre esto. Vinieron los ginecólogos de un turno individualmente con sus cartas para negarse. Hubo cambio de turno y de nuevo llegaron más cartas” de objeción, detalló Urquizo , quien ante la situación ordenó la realización del aborto de acuerdo al procedimiento: el suministro de tabletas por vías oral y vaginal a la adolescente para que expulsara al feto, que para entonces ya pesaba mil 100 gramos.
Pero durante una junta previa, un médico había anticipado que debido al avanzado periodo de gestación, el bebé nacería vivo y sería viable, lo que en efecto ocurrió.
El jefe de neonatología, Erwin Román , explicó que una vez que se les informó que la bebé estaba con vida, debieron ceñirse al protocolo. “Si un bebé nace con un buen peso y con probabilidades de vida la obligación es asistirlo y tratar de salvarle la vida ”. Se trató de una niña, que está en una sala de terapia intensiva.
Urquizo
aseguró que la Defensoría de la Niñez y la Asamblea Permanente de Derechos humanos están evaluando “cuál va a ser el futuro de la bebé”, ya que si bien la recién nacida, “biológicamente es hija” de la adolescente, ésta y su familia han manifestado "rotundamente" que no quieren ni pueden hacerse cargo , señaló el director del hospital. La menor lleva ya un largo periodo en depresión y aún estaba internada.
El médico, director de la maternidad, manifestó que es preciso "sentarse y conversar" con las autoridades nacionales para definir los límites para la interrupción legal del embarazo , que a su juicio no están establecidos claramente en la normativa boliviana.
agv