San José.— Los bloqueos viales para protestar en Cuba y en Nicaragua contra los regímenes izquierdistas gobernantes en ambos países siempre acabaron con rapidez, porque las autoridades ordenaron el inmediato despliegue de las fuerzas represivas policiales y parapoliciales que desalojaron a los manifestantes de las calles.
En el otro extremo político, el recién instalado gobierno del presidente ultraderechista de Argentina, el economista Javier Milei, emuló a sus adversarios ideológicos de La Habana y Managua, y dictó anteayer un paquete de severas medidas para prohibir cortes de carreteras, caminos, puentes y otras vías e impedir las interrupciones a la circulación humana y vehicular.
“Provocación”, denunciaron sectores argentinos de izquierda que defendieron la represión en Cuba para proteger a la revolución de la isla del acoso de Estados Unidos.
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Si los cubanos, desde 1959, y los nicaragüenses, a partir de 2018, quedaron sin la opción de realizar protestas políticas pacíficas y de recurrir a los cierres viales, a sabiendas de que habrá represión estatal y riesgo de cárcel, exilio o cementerio, ahora los argentinos entraron en 2023 a ese mismo club de prohibiciones: criminalizar la protesta, como en Panamá, Guatemala, Honduras, Bolivia y otros países.
“La criminalización del derecho ciudadano a protestar es la nueva tendencia de los regímenes autoritarios en América Latina y el Caribe, sin importar que sean de izquierda o de derecha”, alertó el abogado constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho de la (estatal) Universidad de Panamá.
“Ya la criminalización no es monopolio de los regímenes conocidos autoritarios. El temor al poder ciudadano en América Latina y el Caribe crece a diario. Buscan así cortar las libertades para poder gobernar a sus anchas”, describió Bernal a EL UNIVERSAL.
“Muy mal, tomando en cuenta que Argentina ya vivió algo parecido en la época de la dictadura militar [derechista]” que gobernó de 1976 a 1983, advirtió el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), de Ecuador.
“Es un mal precedente porque es a partir de ello que se produjeron casos execrables de violación de los derechos humanos” en Argentina, dijo Mantilla a este diario.
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Con las protestas callejeras criminalizadas, la dictadura militar de Argentina, hondamente anticomunista, dejó más de 30 mil detenidos-desaparecidos, centenares de asesinatos, con torturas, presidio político, exilio forzoso y terror en casi 94 meses de imparable represión. La dictadura cayó por ruta electoral en 1983. Mantilla citó que Milei “ya durante la campaña retomó posturas parecidas a las de la época de dictadura. Puede ser que esto sea una cortina de humo para tratar de distraer la atención de las duras medidas económicas”.
Al igual que las capitales y otras ciudades de América Latina y el Caribe, Buenos Aires albergó en el siglo XXI gran cantidad de desfiles callejeros para repudiar a los gobiernos, aprobar o rechazar algún asunto sensible, como el aborto, denunciar la violencia a las mujeres y opinar sobre cualquier cuestión en debate.
Con el alegato de que las marchas violentaron la libertad de otras personas, el gobierno de Milei anunció anteayer un protocolo de mantenimiento del orden público para evitar las trabas a la libre movilización humana y vehicular.
Al advertir que “la ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple” y que “es hora de terminar” con el bloqueo de las calles “que lo único que hace [es] un desorden”, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó que las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario eliminarán los cierres. Las cuatro son la Gendarmería, fuerza de seguridad militarizada, las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval, que vigila rutas marítimas y fluviales.
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Tras anunciar que, por los costos de los operativos, se enviará una factura de cobro a las organizaciones o individuos responsables, alegó que “el Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos de la misma”. La meta del plan es “el que las hace las paga”, proteger a las fuerzas federales en su deber y “entender que hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto”, añadió.
Por llevar a un menor de edad a la marcha o causar un daño también habrá multas y se creará un registro de “autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores”, señaló el protocolo, entre otras 14 disposiciones. Milei demostró en campaña electoral “un desconocimiento total de cómo funciona la democracia y su institucionalidad”, recordó el politólogo y analista costarricense Claudio Alpízar, director del (no estatal) ENCO Comunicación y Asesoría Política, de esta ciudad.
“Las medidas [en seguridad] contravienen el derecho ciudadano a la manifestación a favor o en contra de sus gobernantes”, recalcó Alpízar a este periódico. Milei adoptó un severo paquete económico de choque ante la aguda crisis financiera.
“Esas medidas van a generar gran molestia ciudadana. La clase media y los más humildes serán los más perjudicados”, dijo Alpízar. “De una vez y paralelamente tomó las decisiones en seguridad para evitar las manifestaciones y las molestias que se acrecentarán seguramente con rapidez por las decisiones económicas”.