"(Un) Carabinero de las fuerzas especiales me apuntó directo a la cara, a 8 metros mío, quedé mirándolo fijamente y me disparó en el ojo".
Las palabras son de Diego Foppiano, un estudiante de ingeniería de la Universidad Diego Portales que resultó herido mientras participaba de una de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile desde el 18 de octubre.
Tras el incidente, el joven se dirigió rápidamente al hospital pero, a pesar de los esfuerzos médicos, terminó perdiendo completamente la vista de su ojo izquierdo.
Hoy todavía tiene el perdigón —el proyectil con el que un carabinero le disparó— inserto en su ojo y está recibiendo atención psicológica debido al trauma.
El caso de Diego no es aislado. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, 2 mil 300 personas han resultado lesionadas por el uso de la fuerza de las policías en las marchas y, de ellas, 220 tienen un trauma ocular severo.
En conversación con BBC Mundo, Rosa Balcells, médico de la unidad de trauma ocular del hospital El Salvador, asegura que "las lesiones que nos ha tocado ver en el contexto de estas manifestaciones son muy graves, con daños severos del ojo y en un número altísimo de pacientes".
Y así es como hoy, en muchas de las protestas, se ven a los manifestantes sosteniendo carteles que dicen cosas como "los ojos perdidos no serán en vano" y "aunque nos saquen los ojos, ya vimos".
BBC Mundo ya había constatado esta "epidemia" de lesiones oculares que desde principios de noviembre tiene en alerta a las autoridades chilenas y que no tiene precedentes en el mundo de acuerdo con el presidente de la sociedad de oftalmología de Chile, Dennis Cortés.
Ahora, la organización Amnistía Internacional publicó un crudo informe sobre la situación en el país sudamericano luego de enviar una misión especial que documentó los sucesos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.
El informe asegura que, desde que comenzaron las protestas, ha existido una "política deliberada" para "dañar a los manifestantes".
En el documento emitido por Amnistía Internacional —una organización global con representación en más de 150 países—, se afirma que las fuerzas de seguridad, bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, "están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta".
Estos ataques —se agrega— han dejado un saldo de cinco muertos y "miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas".
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que la responsabilidad de estos hechos ocurridos en Chile no se agota con la persona que "apretó el gatillo".
"Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día", dijo.
Por otra parte, el informe explica que las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad "no son hechos aislados o esporádicos" sino que responden a un "patrón consistente" y a un "modus operandi" por parte de Carabineros.
Dentro de este patrón, está el de los daños oculares y la pérdida irreversible de la visión de un centenar de personas.
"La organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes", dice.
"Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza", agrega.
Un caso emblemático que expone el documento es el de una niña de 15 años que recibió "múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento".
"Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello", dice.
Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, además de 5 muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia impuesto por el gobierno en los primeros días de la crisis.
En el documento, se hace referencia a tres tipo de abuso policial.
El primero, es el "uso letal de la fuerza", donde se afirma que el ejército "usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos".
Uno de los casos que se cita es el de Romario Veloz, un ecuatoriano de 26 años que murió después de que un "militar le disparara en el cuello".
El segundo, es el referente a "tortura y malos tratos".
"Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual", se señala.
En este punto, se expone el caso de Josué Maureira quien, de acuerdo con la institución, fue "violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial".
"Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto corto punzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual", se agrega.
También se afirma que la organización documentó la práctica de las fuerzas de seguridad de "atropellar o intentar atropellar" a los manifestantes.
Por último, el informe habla sobre "lesiones graves y armas potencialmente letales", afirmando que ha habido un uso "constante e inadecuado" de escopetas en las protestas. En este punto, se aborda los impactos de perdigones en los ojos.
También se hace referencia al uso "inadecuado y en cantidades alarmantes" de gases lacrimógeno, así como también al uso de granadas de humo con "posible contenido de hexacloroetano, un agente extremadamente tóxico".
Finalmente, Amnistía Internacional advierte que "en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de los derechos humanos y personal médico", y entrega algunas recomendaciones.
Entre ellos, el cese de la "represión de manera urgente", la investigación de la responsabilidad del mando en las violaciones a los derechos humanos, la atención de las demandas de los ciudadanos y, por último, una reforma "seria y profunda" de la policía.
Consultado por BBC Mundo, el portavoz de Carabineros, coronel Julio Santelices, aseguró que todos los casos deben investigarse.
"No corresponde calificar anticipadamente antes de investigar. Nosotros pedimos que se investigue y se establezca una verdad jurídica", dijo.
Además, Carabineros asegura que hay más de mil 900 policías lesionados de distintas consideraciones y reclaman que han recibido impactos de bombas molotov y objetos contundentes.
Con todo, el mes de movilizaciones en Chile ha traído consecuencias. Para algunos, como Diego Foppiano, serán heridas que quedarán para siempre.
Pero él parece estar tranquilo y dice que espera que todo esto haya valido la pena.
"Ojalá que mi ojo perdido sirva para que cambien las cosas en este país", concluye.
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